Hacer política es debatir con discursos elegantes y de buen contenido que permitan ganar el favor del pueblo. Sin embargo, acudir a la bajeza de obstruir las políticas de un gobierno con gran arraigo popular por el solo hecho de no perder los privilegios que ostentan de manera centenaria, de generación en generación, es la mayor de las desgracias que le puede ocurrir a nuestro país.
Es lamentable lo que estamos viviendo por culpa de un grupo minúsculo de reyezuelos que creen que Colombia es su feudo. Cuando el mando lo tenía la derecha, salir a marchar era considerado propio de terroristas, vándalos y vagos, pero, como ahora ellos convocan a marchar en contra de Petro, eso lo consideran derecho. Estamos plenamente de acuerdo que en una democracia pueden salir a protestar todos quienes sientan que se les ha vulnerado sus derechos o quieran hacerse escuchar por el gobierno; pero no tiene presentación que antes de que se posesione Gustavo Petro ya estuvieran haciendo oposición por oposición.
Es natural que luego de transcurrido cierto tiempo de estar gobernando el país, la opinión pública evalúe el desempeño de un gobierno, pero lo que no está bien es el saboteo a las políticas de Estado cuando lleva muy poco tiempo, teniendo en cuenta que para mostrar resultados se necesita un tiempo considerable.
Lo que se está haciendo en este momento con las reformas que están en curso, como las reformas a la salud, pensional y laboral es devolverle los derechos de los colombianos que han sido conculcados. La derecha de nuestro país, con ciertos personajes que tienen pantalla en los medios de comunicación, lo que buscan es salvar sus jugosas utilidades que se obtienen por vía non sanctas y no le importa a qué precio.
Eso no se llama oposición, eso se llama saboteo, eso es ponerle el palo a la rueda para que el gobierno tropiece y caiga. Pero no es propio de nuestro país: así lo vienen haciendo en Chile, Bolivia, Perú, Brasil, de los países donde más notoria es la derecha en sus afanes golpistas. No les importa el precio que haya que pagar por sus cometidos, lo importante es recuperar el gobierno. Ellos no pudieron con su intentona que las fuerzas militares o de policía fueran desleales al gobierno de Gustavo Petro; al contrario, promover a generales a mujeres policías o militares era algo imposible en los gobiernos anteriores.
Lo que ocurrió en el Brasil con la elección de Luis Inacio Lula da Silva se parece a lo que intenta la oligarquía colombiana, solo que allá propiciaron que la diferencia en los resultado de las urnas se vieran como un empate técnico para tener la posibilidad de alegar que ha habido fraude, y así movilizaron gentes en diez de las principales ciudades del Brasil, alegando que la elección de Lula no era legal, y así empezó el saboteo de un gobierno elegido en franca lid con un líder carismático. Finalmente, pudo más el respaldo popular que las jugarretas de Jair Bolsonaro aliado con los militares, la oligarquía, las iglesias evangélicas (que abundan en Brasil) y el manejo de la policía de ese país.
En Colombia, por fortuna, contamos con un líder carismático que ha logrado centrar la atención en los problemas medulares de la nación. Uno de los problemas de los cuales la población colombiana lo ha padecido es la salud; estamos a un ápice de que el sistema de salud colapse. Cuando se inició aplicación de la Ley 100 de 1993 entraron en servicio 300 EPS, pero con el tiempo han ido desapareciendo por la rampante corrupción que se convirtió en un cáncer de estas entidades, que son intermediarias entre el Estado y el usuario. En la actualidad hay 30 EPS y podrían llegar a solo 5, configurando un oligopolio.
Aquí se enriquecieron algunas familias, los dineros de la salud se los dedicaba a otro tipo de negocios que van desde centros recreacionales, pasando por lavanderías y restaurantes, hasta colegios y empresas de vigilancia. Pero sobre todo algunas de ellas se convirtieron en empresas electoreras, varias EPS patrocinaron campañas políticas de políticos de todo orden.
Ahora, muchos colombianos entenderán por qué los sectores recalcitrantes le quieren poner el palo a la rueda de las reformas. Ahora entenderán por qué el gobierno del cambio quiere lograr mayor eficiencia en el campo de la salud, las pensiones, la educación, lo laboral y transformar o acabar con la ineficaz Procuraduría.
