La Fundación Paz y Reconciliación realizó una investigación sobre vínculos entre actores ilegales y estructuras políticas en el ámbito de las elecciones del próximo 25 de octubre. Los resultados se entregaron el pasado viernes y en general se encontraron siete conclusiones, en lo que sigue presentaré dos de ellas, las cuales son las más relevantes.
La investigación se realizó en con equipos profesionales en ocho departamentos y en otros 13 se viajó para investigar ciudades capitales y candidatos a la gobernación, en total se encontraron 152 candidatos y candidatas. De ellos el 78 % tienen una alta probabilidad de ganar.
Estos 152 candidatos no son homogéneos y se pueden agrupar en una tipología de cinco categorías. La primera, son los que hemos denominado los “Herederos de la parapolítica”. Son candidatos que son “cuota” directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado. Es lo que se puede denominar gobierno en cuerpo ajeno.
El segundo grupo de candidatos son aquellos que están directamente vinculados a organizaciones criminales que aspiran a participar en política. Estos candidatos son financiados por estas organizaciones criminales o han llegado a acuerdos para hacer proselitismo electoral en zonas controlados por estos grupos. Un tercer grupo de candidatos son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía. Estos son candidatos que han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el mal manejo de recursos, o porque han violado la ley durante su mandato.
Además encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario público, es decir, las administraciones públicas utilizan los recursos públicos para favorecer candidatos limitando la participación política. El último grupo de candidatos cuestionados son aquellos que denominamos parapolíticos. Los cuales pagaron condenas o firmaron pactos con grupos armados ilegales como el pacto de Chibolo o Pivijay y hoy aspiran a cargos de elección popular, más adelante se darán los ejemplos.
Del total de conclusiones destacaría dos. La primera es que las épocas del proselitismo armado se han terminado. Hasta las elecciones de 2011, los grupos armados tenían algunos repertorios para intervenir en elecciones. Las guerrillas por un lado aplicaban la estrategia del boicot electoral que significaba la quema de urnas, el asesinato y amenazas a candidatos y los paros armados, por ello el gobierno nacional aplicaba cada año electoral el denominado Plan Democracia. Con algunas excepciones en el país como en Arauca, esta estrategia se aplicó por más de dos décadas. Por su lado los paramilitares aplicaban la famosa política de los distritos electorales, obligando a poblaciones enteras a votar por determinados candidatos.
Esta vez la situación cambió, y las organizaciones criminales han optado por financiar campañas o promover indirectamente a candidatos. De tal forma que el Plan Democracia ya sirve para poco, las nuevas estrategias requieren hacer seguimiento a la financiación, al lavado de activos y sobre todo a los gastos en campañas. Hoy la gobernación de Sucre puede costar algo más de 3 millones de dólares, o la del Cesar que estaría por encima de los 2 millones de dólares, lo cual hace que para cualquier oposición sea imposible competir en una contienda electoral.
Una segunda conclusión es que los partidos políticos han entregado avales sin ninguna responsabilidad, no les ha importado las pruebas fotos, videos y documentos que dan cuentas de estas relaciones, únicamente se dedican a descalificarlas y a negar estas situaciones. Contrario a la tendencia que se había presentado en elecciones pasadas, en las cuales los candidatos que representaban mayor riesgo materializaban sus inscripciones por medio de movimiento significativo de ciudadanos o partidos de firmas como se les conoce popularmente, lo que se encontró es que los partidos políticos tradicionales han entregado avales sin ningún tipo de responsabilidad política. El siguiente cuadro lo muestra.
| Partidos Políticos | Alcaldía | Asamblea | Concejo | Gobernación | Total general |
| AICO | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Alianza verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ASI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cambio radical | 10 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Centro democrático | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Coalición | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Conservador | 19 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| Firmas | 11 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| MAIS | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Opción ciudadana | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 |
| Partido de la U | 10 | 0 | 5 | 6 | 21 |
| Partido Liberal | 13 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| Polo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total general | 93 | 8 | 25 | 26 | 152 |
Estos partidos al avalar estos candidatos no son sancionados ni por entes de control ni por la ciudadanía, de hecho, la ciudadanía sigue votando no solo por los mismos partidos sino candidatos, en últimas se puede decir que el gran responsable de esta crisis democrática es el ciudadano común que pide dádivas y que no le importa el bienestar común. Uno no puede elegir bandidos y pretender que al otro día lo gobiernen bien.
