En el presente año Colombia tendría 50’912.429 habitantes, según la proyección del DANE en 2018 y el Registro Único de Víctimas contiene 8’970.712 personas como Víctimas del conflicto Armado, es decir, el 17,9% de la población colombiana. No obstante, ni el Presidente Iván Duque ni sus ministros se han referido a este numeroso grupo de colombianos en sus abundantes declaraciones sobre las medidas especiales tomadas con ocasión de la pandemia por el Coronavirus. Dicha omisión desconoce la ley de víctimas (Ley 1448) la cual tiene como objetivo principal la dignificación de la presente población “a través de la materialización de sus derechos constitucionales”. En lo que va corrido de esta cuarentena: ¿Qué está pasando con las víctimas más vulnerables del conflicto armado? ¿Tienen garantizado el mínimo vital para mantenerse en aislamiento?
La población víctima del conflicto armado (o los sobrevivientes del conflicto armado como muchas personas preferimos denominarnos) ha tenido que cargar con el peso de una guerra que ha estado al servicio de los grandes terratenientes de hoy, quiénes siguen disfrutando de sus riquezas mal habidas, mientras aquel 17, 9% de nuestro pueblo colombiano, deambula por las calles, sin techo, con hambre y sin dignidad. Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, ha anunciado una serie de medidas, relacionadas con el pago de ayudas humanitarias y el pago de indemnizaciones, pero en la práctica no se ve nada aún; tal como lo aseguran diferentes víctimas del conflicto armado, sus representantes y defensoras/res de derechos humanos en entrevistas realizadas.
Entre los entrevistados se encuentran: Anderssen David Morales Fierro(ADMF), actualmente es coordinador de la Mesa Distrital y pertenece también a la mesa nacional de víctimas del conflicto armado; también fue escuchado el señor Edgar Portala Posada (EPP) de 52 años y víctima del conflicto armado, discapacitado y sin techo, arrojado a la calle. Perteneció hasta el pasado mes de marzo a la mesa local de víctimas de la localidad de la Candelaria, a la cual se vio obligado a renunciar ya que la Alta Consejería para las víctimas, nunca le garantizó el incentivo asignado a todas las víctimas a fin de garantizar el transporte para desplazarse a las reuniones en las diferentes mesas de víctimas, pese a esto el señor Portala, nunca faltó a una reunión. Dicho incentivo es de $46.000, mensual a la fecha la Alta Consejería para las víctimas le adeuda $270.000.
CUM: Señor Edgar Portala, ¿Cuál es su situación en este momento de emergencia por la pandemia mundial producida por el Coronavirus, en la cual, todas las personas debemos estar aisladas para evitar el contagio?
EPP: Me encuentro en la calle con estas muletas remendadas y hace cinco (5) años que no recibo la ayuda humanitaria. Tampoco me reciben en ningún albergue porque no soy adulto mayor y porque tampoco estoy recién llegado a Bogotá, entonces me toca dormir donde me coja la noche. No cuento con ningún subsidio y no me reciben en los comedores. Yo tenía el subsidio “Bogotá Nutre” pero apareció en Bosconia, Cesar, un carro a mi nombre; creo que la vez que me robaron y me dispararon en la pierna, los ladrones se quedaron con mis documentos y los han estado usando para comprar cosas a mi nombre (ya hice la denuncia en la Fiscalía). Ahora estoy esperando para ver si por esta emergencia la Alta Consejería me paga los seis meses que me debe de pasajes por la asistencia a las reuniones de la mesa local de la Candelaria, con esos $270.000, espero pagar una habitación para tener la opción de que me den el subsidio por discapacidad, para este subsidio el requisito es tener vivienda, a donde puedan hacer la visita.
El señor Edgar Portala, concluye la entrevista diciendo con lágrimas en los ojos, que está desesperado y que ya no sabe qué más hacer.
CUM: Anderssen, es de conocimiento público por las diferentes alocuciones que ha hecho el presidente de la República que la población víctima del conflicto armado, ha sido absolutamente ignorada, es decir, ni siquiera se ha hablado de la garantía del mínimo vital para esta población. A nivel del distrito de Bogotá, ¿cuál es la situación de las víctimas en cuanto a esta garantía del mínimo vital?
AM: Vemos con gran preocupación que no hay medidas diferenciadas para la población víctima. La alcaldesa de Bogotá Claudia López, está tomando unas iniciativas para favorecer a las familias más vulnerables pero no se tiene en cuenta que: 1. Hay muchas víctimas que no están sisbenizadas 2. El hecho de vivir en propiedad horizontal ya les emite un concepto alto de puntaje en el Sisben y 3. Al no aparecer en el Sisben, muchas no serán beneficiarias de la iniciativa de la alcaldesa de Bogotá, porque no hacen parte de los programas sociales que tiene el Distrito por la Secretaría de Integración Social, por ende, no vemos esa voluntad por garantizar el mínimo vital a las víctimas. Para completar, existe una burocracia en la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, allí no se está luchando por los derechos de las víctimas para que seamos incluidos en la población vulnerable en esta cuarentena. La Alta Consejería no cuenta con una base de datos sobre la situación actual de las víctimas en Bogotá, en lo referente a quiénes tienen vivienda o trabajo, quiénes están en los programas sociales etc. Vemos con gran preocupación que cada una de las víctimas que está en Bogotá no tiene la posibilidad de que se les garantice ese mínimo vital.
CUM: El Alto Consejero para las víctimas, Vladimir Rodríguez Valencia, anunció “ayudas” (lo cual se debe nombrar correctamente “garantía del derecho a la alimentación”) a la población víctima. Aseguró que se les llevarían mercados a las casas. ¿Qué se sabe de la garantía de este derecho básico en el Distrito Capital?
AM: Lo único que se ha sabido es que el pasado 2 de abril, el Alto Consejero para las víctimas, llevó unos almuercitos a la “Fundación Black Sombra”, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, acto que se agradece porque evitó que 50 familias tanto víctimas del conflicto armado como otras familias vulnerables se acostaran ese día sin comida, pero no es una solución de fondo.
Con base en el testimonio anterior nos comunicamos con la Fundación “Fundación Black Sombra”, cuya representante es Luz Aida Angulo Angulo, quien corroboró la información y manifestó su gran preocupación por la situación de las víctimas en esta cuarentena y la falta de voluntad de la administración distrital para garantizar el mínimo vital en estos momentos de aislamiento.
Debido al incumplimiento por parte del gobierno nacional de las leyes, decretos, del acuerdo de paz firmado, de sentencias de la corte constitucional (sobre las cuales escucharemos a las víctimas en próximas entrevistas) en donde se enfatiza en la responsabilidad y compromiso del Estado colombiano en lo que respecta a la garantía priorizada de los derechos de las víctimas del conflicto armado; las voces de las víctimas nos sumamos para solicitar a la Comunidad Internacional, acompañamiento a nuestra población, quienes han tenido que cargar en sus hombros el peso de la guerra por la indiferencia del Estado y siguen estando hoy frente a una nueva amenaza indefensos e ignorados por el gobierno actual.
