La veeduría ciudadana de Puerto Colombia descubrió en sus investigaciones que algunos particulares se han apropiado de varios predios que han sido declarados vacantes catastrales por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En su momento, el entonces personero, Mantilla Rolong, tuvo conocimiento de la condición de los lotes y así lo puso en conocimiento del alcalde de turno, Carlos Altahona Arraut. Sin embargo, al final no hicieron nada para evitar la invasión de los mismos, los cuales están hoy en manos de particulares.
De acuerdo con una fotocopia de un documento de la Personería Municipal de fecha 25 de enero de 2015, firmado por Mantilla Rolong y dirigido al burgomaestre Altahona Arraut (alcalde 2012 – 2015), suministrado a la veeduría, se tenía claro en ese momento que dichos predios debían pasar a manos del ICBF, según establece la ley 75 de 1968, artículo 68. Sin embargo, “nunca los protegieron y el ente territorial o sus representantes siempre fueron laxos con los invasores pese a conocer las normas sobre el particular”, sostiene el veedor Torres Muñoz.
En el oficio, el personero, Mantilla Rolong, le hace unas sugerencias al mandatario Altahona Arraut para el manejo del tema, cuando le dice “se le recomienda actuar conforme a lo estipulado por la ley, y a su vez informarle que tenemos conocimiento que sobre el predio identificado con la referencia 000300000382000 existe un amparo policivo emitido por la inspección de policía de Puerto Colombia, el cual amerita su revisión ya que presumimos que el mismo podría estar soportado mediante actos contrarios a la ley y a las buenas costumbres”.
Igualmente, el personero de entonces, hoy alcalde cuestionado por presunta inhabilidad para ocupar el cargo, sostiene en su misiva que “estos predios podrían servir una vez realizado el procedimiento para realizar proyectos sociales, culturales, deportivos y demás que sean de beneficios para la comunidad”. Sin embargo, transcurridos 4 años desde ese oficio del personero Mantilla, los lotes están invadidos por personas muy relacionadas al gobierno anterior y al actual del municipio de Puerto Colombia, según las denuncias de la Veeduría que están en curso en los juzgados.
El ICBF que tomó parte del proceso en defensa de los terrenos declarados vacante catastral con referencias catastrales 000300000380000, 000300000382000 y 000300000383000 contrató a la Veeduría Ciudadana por Puerto Colombia para que hiciese seguimiento y continuara investigando sobre el particular hasta lograr la recuperación de los predios y su legalización. Estos, en su conjunto, miden más de 6 hectáreas.
