Al posesionarse, Claudia López pensó en un nombre para su secretario de salud, Alejandro Gómez López, un médico caleño que ejerció buena parte de su carrera en Medellín, donde se graduó como especialista en auditoría en salud y finanzas en la EAFIT. Sus años en el hospital San Vicente de Paul, el más representativo de la ciudad y que, durante los ochenta y noventa, por culpa de Pablo Escobar, se convirtió en un hospital de guerra. Su prestigio fue tan grande que pasó a dirigir toda la red hospitalaria de Medellín.
Era el hombre en el que confiaba ciegamente Claudia López. Cuando, en marzo del 2020, la alcaldesa ordenó el cierre de la ciudad buscando contener la avanzada del Coronavirus, parecía él indicado. Sin embargo algunas decisiones que tomó junto a su jefe lo pusieron en el ojo del huracán. El más sonoro de ellos fue el adecuar Corferias como si fuera un inmenso hospital. Con la ocupación de UCIS al 100 por ciento, la alcaldesa ordenó meter 2.000 camas en el complejo. De ellas sólo se ocuparon 274 en un imperdonable error de cálculo. El costo para la ciudad fue de 5.074 millones.
Ahora, Gómez López debe afrontar la peor de las tormentas. Como se constata en este documento la Secretaría de salud adquirió a través del Fondo Financiero Distrital de Salud 22 digiturnos. Para los que no sepan estos son los softwares que vienen en las pantallas ubicadas en las entradas de EPS y Hospitales y que designan el turno de los pacientes. Un sistema que se implementó de manera definitiva en el 2014, bajo la alcaldía de Gustavo Petro.
En el mes de diciembre del 2021 Gómez López firmó la compra, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud de 22 digiturnos, cada uno por un calor de $102. 822.258 sin IVA. La gran pregunta que se hacen los detractores del gobierno distrital es porqué este contrato de diciembre presenta un monto muy superior a los mismos elementos tecnológicos comprados en el contrato de octubre. ¿A qué se debía la diferencia si tan sólo habían pasado dos meses?
Es que los digiturnos, en sesenta días, pasaron de $41.338.921 a $102.822.258, un sobrecosto total de $2.262 millones, un 249%. Por otro lado, los reguladores de energía que también compró la secretaría tuvieron un sobrecosto total de $1.042 millones, es decir un 225%.
Por estas pruebas la concejal liberal María Victoria Vargas, entregadas a la Fiscalía general de la nación, está presionando para que el secretario renuncie de manera inmediata.
Estos son los contratos:
