El tema que sacude de nuevo a la rama judicial está relacionado con la denuncia de Noticias Uno el 27 de octubre según la cual un magistrado del Consejo de Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, se habría concertado con un coronel del Ejército, Róbinson González del Río, para hacer que el proceso en contra del oficial fuera conocido por la justicia penal militar y no por la ordinaria o civil. No sobra recordar que González, detenido actualmente, está siendo procesado por ejecuciones extrajudiciales o por los llamados “falsos positivos”.
Si lo que dicen los medios de comunicación de Villarraga es cierto, su conducta es reprochable y merece recibir todo el peso de la ley. El problema es que, después de su dimisión, Villarraga tendrá la fortuna de ser “investigado” por un espejismo denominado Comisión de Acusación de la Cámara, que no sirve para nada y que no debería existir más que para juzgar al presidente de la República. Nadie más tiene por qué gozar de ese fuero.
El caso Villarraga, sin embargo, no es el primero que afecta a magistrados de las cuatro altas cortes del país, y tampoco será el primero en recibir los beneficios de estar bajo la jurisdicción de la fantasmagórica célula legislativa. Se puede hacer un libro con hoja de Biblia de situaciones vergonzosas similares —o peores— de funcionarios de la justicia. Veamos:
Cuando a finales de 2006 se inició la investigación de la parapolítica, las hojas de vida de algunos magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la propia Judicatura empezaron a hacer agua. Un magistrado de la Judicatura que recibió de regalo unos botines del mafioso italiano Giorgio Sale; otro de la Corte Suprema que de Sale recibió un costoso reloj; un Consejero de Estado en cuyas cuentas bancarias figuraron consignaciones hechas por oscuros personajes. Actualmente el italiano Sale, testaferro de Salvatore Mancuso, está en una cárcel colombiana investigado por delitos relacionados con narcotráfico.
Pero hay más casos del pasado reciente que vale la pena citar: un viaje en junio de 2010 de casi todos los magistrados que en ese entonces conformaban la Corte Suprema, para celebrar que un hijo de esa región del país había sido nombrado como presidente del alto tribunal. El viaje, gastos y cortesías corrieron por cuenta de un raro personaje, Ascencio Reyes, que tuvo negocios con el extraditado narco Chepe Ortiz.
Todo esto se hizo público en su momento, pero el mundo al revés: a los protagonistas de los hechos escandalosos nada les pasó porque se protegieron bajo el paraguas de la tal Comisión de Acusación; en cambio, al entonces director de la UIAF, Mario Aranguren, que algún papel tuvo en denunciar semejante vergüenza de situaciones, lo metieron a la cárcel en un abrir y cerrar de ojos. Recientemente Aranguren fue absuelto de los cargos que le endilgaron, aunque con él arrasaron su vida personal y familiar sin que nadie le haya ofrecido excusas.
Recordemos también que, en su momento, el periodista Néstor Morales hizo una denuncia aterradora sobre lo que fue la elección del Fiscal General en 2005, denuncia que encontró posterior respaldo en el periódico El Espectador: “Lo declaró judicialmente hace un año desde una cárcel de Nueva York el extraditado narcotraficante Johny Cano. Lo ratificó a El Espectador un exasesor político de las autodefensas que hoy colabora con la justicia de Estados Unidos. Lo confirmó un exoficial de la Policía que hizo la vuelta. En 2005, la elección de Mario Iguarán Arana como fiscal general de la Nación tuvo tras bambalinas $5.000 millones del paramilitarismo para despejar el camino que la organización creía necesario en su proyecto de consolidar la Ley de Justicia y Paz”, escribió ese diario en 2011 al citar como fuente de información los cables de Wikileaks.
Y ni qué decir del llamado carrusel de las pensiones en el Consejo de la Judicatura y de la forma cómo se elige a sus magistrados. Personajes inescrupulosos que por arte de birlibirloque saltan a esa institución a ganar más de 20 millones de pesos y a mejorar sus pensiones usando el truco de las “palomitas”. Y para qué mencionar las alegrías que nos han dado recientemente funcionarios del complejo judicial de Paloquemao… en fin.
Hemos escuchado propuestas para que el caso Villarraga no se repita: que hay que acabar el Consejo de la Judicatura, dicen algunos; que “se podría pensar en un tribunal de carácter independiente y de altísimo nivel que se encargue de realizar la investigación (a los aforados), mientras que se le dejaría al Congreso la decisión política de adelantar el juicio”, propone el gobierno en sus estertores. Todas ellas propuestas flojas y elusivas.
¿El debate es acerca del anecdótico caso de Villarraga, o debería ser sobre el generalizado comercio de sedas, joyas, elecciones, oro, palomitas, telas, sentencias, algodones y alfombras en el “gran bazar” de nuestra rama judicial?
Que no nos vengan ahora con el cuento de que el caso de Villarraga es el primer escándalo de la justicia del país. Eso, creo yo, ofende la inteligencia de los colombianos.
