El senador Gustavo Petro, como líder de la Colombia Humana y de casi nueve millones de colombianos, ha hecho un llamado a la desobediencia civil para desconocer el gobierno del señor Iván Duque, quien, de acuerdo a recientes denuncias vinculadas con la denominada ñeñepolítica, fue elegido mediante el inveterado sistema de la compra de votos en la segunda vuelta de la elección presidencial, esto con dineros presuntamente aportados por las mafias del narcotráfico en los departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander y Antioquia.
Las prácticas electorales fraudulentas son algo crónico en la política colombiana y en los años recientes, continuando una vieja tradición de la derecha colombiana, el uribismo ha parecido hacer uso sistemático de tales procedimientos en todos los niveles y ámbitos del sistema electoral. La parapolítica es un caso emblemático de lo que afirmamos acá, misma que continua arraigada en los principales focos de la movilización de la ultraderecha violenta y corrupta.
Con plata, sobornos, pistola, violencia y miedo, de larguísimo anclaje en los sistemas de dominación política, algunos han entronizado su hegemonía macabra.
En la elección de Iván Duque, todo ese mecanismo se sofisticó para impedir el triunfo inminente de Gustavo Petro como candidato popular y exponente de la paz con justicia social.
Como quiera que el apoyo multitudinario de Petro se origina en una profunda inconformidad nacional contra la estructura oligárquica de dominación que favorece los privilegios de una arbitraria plutocracia bancaria, militar, legislativa, mafiosa y hacendaria, el líder de la Colombia Humana ha propugnado por el quiebre de tal sistema de prevalencia autoritaria mediante la más activa movilización de la sociedad civil como ocurrió el pasado 21 de noviembre del 2019, cuando millones de colombianos, en una acción descomunal sin precedentes en la historia política colombiana, se expresaron de manera multitudinaria en favor de un cambio radical que buscaba anular el modelo neoliberal entronizado desde hace casi treinta años como un esquema económico y político, que ha significado pobreza, miseria y exclusión de millones de personas.
Al tiempo, el levantamiento ciudadano de tal explosión popular apuntó a exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, sometidos al sabotaje del actual gobierno, y a demandar la suspensión del exterminio de cientos de líderes sociales y de reincorporados de las Farc, que caen ante la indiferencia en las esferas oficiales y militares, que justifican tal genocidio con sofismas repugnantes cuando se sugieren que se matan entre ellos.
De otro lado, el absurdo manejo de la crisis sanitaria, social y económica por la irrupción en nuestra sociedad desde el mes de febrero del coronavirus ha confirmado con creces el alto grado de ilegitimidad e incompetencia del actual régimen. Se decretaron dos emergencias constitucionales, se han expedido cientos de decretos y resoluciones, y las cosas empeoran todos los días.
Además, las propuestas e iniciativas planteadas por Petro y el bloque de la oposición para abordar la actual crisis son desconocidas de manera absurda en las esferas gubernamentales y del oficialismo uribista, cada vez más envalentonado con su autoritario control de la institucionalidad establecida en la Constitución de 1991.
Queda claro que el país requiere un cambio radical, una acción política extraordinaria en el ámbito político, que Petro está nombrando como desobediencia civil, la misma que John Rawls define como “acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”.
En ese sentido, el senador de la Colombia humana ha propuesto desobedecer la orden de enviar a clases presenciales a millones de estudiantes que se pondrían en riesgo sanitario en las concentraciones escolares, especialmente públicas; y no pagar los recibos de los servicios públicos, dado el colapso social de millones de colombianos por el desempleo rampante y la carencia de un mínimo de seguridad alimentaria.
Sugiero que tal desobediencia se extienda al rechazo de alcaldes y gobernadores corruptos, autores de un descarado robo de los dineros públicos apropiados para atender la emergencia, mediante la contratación fraudulenta.
De verdad, es viable y necesaria la iniciativa de adelantar la desobediencia civil contra el caos en que estamos.
