Se aproxima la fecha final para cargar videos en la ECDF, periodo que para la mayoría de docentes ha sido traumático y molesto, sentimientos entendibles, lógicos en medio de una prueba que, aunque cercana a la práctica diaria, tiene unas connotaciones diferentes, no solo porque se juega el ascenso o la reubicación salarial y con él una mejora en la calidad de vida, sino porque se hace en medio de cámaras.
Entiendo también a quienes hacen críticas de buena fe y legítimas hacia la ECDF. Las conozco de primera mano no solo por haber sido evaluador, capacitador, sino porque también soy evaluado. Pero no comparto las hechas con saña por algunos con fines de catapulta electoral a los cargos directivos o que tienen por objeto dividir o menguar la organización de los trabajadores o crear sindicatos paralelos.
La ECDF, con todos sus defectos, entre ellos la mano oscura del gobierno buscando por todos los medios hacer trampa, crear obstáculos y desvirtuar el proceso, y entendiendo que en el 2015 se negoció como mecanismo transitorio, cumplió su cometido inicial de destrabar el proceso de ascenso y reubicación y romper el límite fiscal que imponía la evaluación de competencias. No en vano, la comisión de empalme entre el saliente gobierno de Santos y el entrante de Duque la denominó “chicharrón”, calificando de paso a la nómina docente como un “riesgo crítico”, en razón de que, a la fecha, el 86% del SGP de educación es para este fin.
¿Y por qué llama a la ECDF “chicharrón” y a la nómina docente un “riesgo crítico”? La explicación está en los números. En la ECDF 1, por ejemplo, de los 33.566 docentes que se presentaron, aprobaron 31.797 (95%) y en la 2, de 45.393 docentes inscritos, aprobaron 22.728 (50%), sin contar los 5.636 que están a la espera de los cursos de formación, lo que subiría el porcentaje al 62. Lo anterior se ha visto reflejado en que, a 2015, el porcentaje de docentes del 1278 ubicados en el grado 3, sea A, B, C o D, era del 4,2. A noviembre del 2018, dicha cifra subió al 15.2, dato que contrasta con el promedio de docentes que entre 2007 y 2014 se ubicó en este grado, apenas del 1,3. Los crecientes avances, sumados a otros en materia laboral, aunque aquí con retrocesos, tienen alarmadas a las autoridades, pues los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 le arrebataron 89 billones de pesos a la educación solo entre 2002 y 2016. La educación ha sido desfinanciada en forma brutal.
En la última negociación entre Fecode y el gobierno nacional surgieron dos aspectos cruciales para esta discusión. El primero y quizás el más importante es el punto 1 del acta de acuerdos, relacionado con una reforma constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones, con el propósito de incrementar real y progresivamente los recursos financieros para la educación. El punto 1 se constituye en el eje, por ser la columna vertebral de toda reivindicación de fondo que se quiera alcanzar. El segundo es el estatuto de la profesión docente bajo los principios de mejorar la calidad de la educación, como también la dignificación y profesionalización de la actividad docente. El estatuto deberá garantizar la estabilidad y la justa posibilidad de ascender, para lo cual la comisión tripartita trabajará durante 10 meses.
En medio de este panorama se oyen voces, unas en el normal y auténtico descontento y otras guiadas por el oportunismo, que exigen volver a la evaluación de competencias, un mecanismo evidentemente más expedito, tranquilo, ágil y barato, pero fácilmente manipulable, como lo han demostrado los hechos. No en vano el promedio estándar de aprobación en las 5 evaluaciones fue de apenas el 20%, no porque ese fuera el número de docentes que merecían pasar, sino porque fue el porcentaje que impuso a su arbitrio el gobierno nacional. También está aplicando el mismo criterio en el examen de ingreso a la carrera docente, en el que de cada 10 docentes que se presentan, solo uno supera el examen. La barrera tiene hoy a 44 mil colegas en una situación laboral precaria como docentes provisionales en plazas en vacancia definitiva.
El magisterio no puede dar saltos al vacío ni creer en cantos de sirena, sino abrir una discusión de fondo, unitaria-crítica, argumentada y cordial, y rodear a Fecode en la lucha actual para que la Comisión de Implementación esté en todo el proceso de evaluación de la ECDF 3. Solo así se logrará que sea garantista. Fecode es vital, además, para el cumplimiento del acuerdo firmado, tendiente a conquistar una financiación adecuada y un estatuto docente que dignifique la profesión, recoja los intereses de los docentes del decreto 2277 de 1979, de los del 1278 de 2002, de los provisionales, de los etnoeducadores OPS y demás, con un sistema justo y democrático de ingreso y una permanencia formativa en el sistema, que genere estabilidad y un sistema de ascenso real, fundamentado en la experiencia, la producción académica y los títulos.
La lucha anterior estará acompañada de otra también muy importante y es la batalla contra reforma pensional del gobierno Duque, ordenada por la Ocde y fundamentada en tres pilares en el caso del magisterio: acabar con el régimen especial, aumentar la edad y las semanas de cotización y disminuir el monto de las pensiones.
