El surgimiento y propagación del SARS-CoV-2 puso sobre la mesa uno de los principales problemas que ha venido afectando a los segmentos más vulnerables de la sociedad en Colombia, la desigualdad, lo que a su vez ha conllevado a elevados niveles de informalidad y ha acentuado la pobreza en la que se encuentra una parte considerable de la población nacional.
A nivel mundial, varias han sido las medidas que han puesto a consideración la necesidad de un ingreso transitorio que permita a las personas solventar sus necesidades básicas en el corto plazo. Varios gobiernos y bancos centrales en distintos países aceleraron la activación de programas que involucran un mayor gasto público y un aumento de la liquidez monetaria, destinados a apoyar a las personas y las empresas; estos planes resultan ser esenciales, pero deben ser estratégicos y sostenibles.
La crisis originada por el COVID-19 ha apresurado la incorporación de políticas económicas dedicadas al desembolso de pagos en efectivo incondicionales como una medida de respuesta temporal frente a la emergencia, mientras tanto ha venido tomando fuerza cada vez en más países la idea de una renta básica universal (RBU) como reforma estructural a largo plazo.
¿Pero qué es la renta básica? La RBU consiste en un subsidio periódico en efectivo que se otorga de forma individual a todos los ciudadanos sin que su condición financiera, familiar o personal le impidan acceder a tales ingresos, con el fin de proporcionarles un nivel de vida que se encuentre por encima del umbral de pobreza y reducir así la desigualdad (Bidadanare, 2019).
Históricamente, el debate sobre los alcances, limitaciones, posibilidades y consecuencias de una medida como la RBU no es un planteamiento nuevo, por el contrario ha sido abordada por diferentes corrientes a lo largo del tiempo, entre ellos Milton Friedman (1962) quien defendió el “impuesto negativo sobre la renta” como una forma de sustituir todo el Estado de bienestar en los Estados Unidos y superar así las ineficiencias administrativas. Consideró que las personas en condición de pobreza deberían recibir un subsidio fiscal en lugar de pagar impuestos, si sus ingresos cayeran por debajo de un nivel mínimo.
En el mundo, varios pilotos se han formulado en países tan diferentes como Finlandia, Namibia, India, Canadá y varios más; incluso en los Estados Unidos, el Estado de Alaska mantiene un programa de ingresos garantizados desde 1982. Quizá el mayor proyecto de renta básica ha sido el desarrollado en Kenia, donde en 2011 la organización GiveDirectly empezó a distribuir dinero en efectivo a los hogares pobres a través de teléfonos móviles (Haushofer, 2016). Recientemente en España, el gobierno ha lanzado una iniciativa (“ingreso mínimo vital”) que ofrece pagos mensuales de hasta 1.015 euros (1.145 USD) a las familias más pobres del país.
En Colombia, a partir de marzo, se implementaron una serie de medidas contenidas en los decretos de emergencia donde se incluyeron transferencias monetarias adicionales para las personas más vulnerables que ya se encontraban adscritos a programas de atención focalizada: Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Estos programas están restringidos a población en condición de pobreza y pobreza extrema, por lo que no son universales; básicamente los pagos en efectivo se encuentran sujetos a condiciones como la asistencia y permanencia en el sistema educativo, controles básicos para la valoración integral en salud, número de hijos y usualmente víctimas de desplazamiento y comunidades indígenas, y funcionan a partir de dos criterios importantes; por un lado actúan como un estímulo efectivo de la demanda además de coadyuvar a los ingresos del hogar y pueden llegar a ser desembolsados de la manera más eficiente posible, con un mínimo de esfuerzo burocrático.
La actual emergencia puso de manifiesto la insuficiencia de los programas sociales para dar apoyos a la población vulnerable dentro del territorio nacional. En la opinión de varios legisladores, la asignación de recursos no alcanza para resolver las necesidades básicas de las familias que les permitan solventar problemas de vivienda, educación y alimentación, además de tener una baja cobertura.
Una propuesta formulada desde el Congreso consideró garantizar un monto equivalente a un salario mínimo legal por tres meses a cerca de nueve millones de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, llegando así a más de 31 millones de personas, inversión que tendría un costo aproximado de $ 23,7 billones (2,3% del Producto Interno Bruto - PIB) durante el tiempo establecido.
Sin embargo, dichos recursos provendrían de los ingresos tributarios de la nación y bajo un entorno en el que los registros de recaudo como proporción del PIB no superan el 15%, sería un costo arriesgado atender tal medida (aun si esta iniciativa reemplazara todos los programas de bienestar social vigentes), siendo inminente llevar a cabo una reorientación del gasto, reduciendo el presupuesto a otros rubros como la salud, educación y/o infraestructura. Incluso para garantizar los montos, otra de las sugerencias pasa por ejecutar una reforma tributaria (progresiva), aumentando la base gravable y con esto el número de contribuyentes, bajo un panorama de incertidumbre de cara al futuro frente a una eventual contracción de la actividad económica, lo que se traduce en menores ingresos y por ende, una inevitable caída del recaudo fiscal.
Incluso se ha evaluado a la deuda pública como acuerdo para financiar la renta básica en un contexto en el que la deuda neta del Gobierno Nacional Central ha registrado un aumento continuo desde 2012, consistente con un incremento del déficit fiscal que de acuerdo con predicciones podría aumentar al 8% del PIB al cierre del año, superando el valor que en un primer momento de la crisis se ajustó a -4,9% en abril y -6,1% en mayo, y que antes de la pandemia las proyecciones lo ubicaban en -2,2%; en conjunto con un mayor gasto, que muy seguramente empuje el valor de la deuda externa por encima del 60% del PIB
Una iniciativa como la RBU podría ser implementada en principio como un ensayo que involucre a una muestra significativa de hogares en condición de vulnerabilidad económica que hagan parte activa de los programas de atención focalizada ubicados en distintas regiones del país, que abarque preferiblemente la totalidad de departamentos, por lo que la evaluación de los méritos de dicho programa debe tener en cuenta las características específicas de cada zona, así como las preferencias y costumbres de sus habitantes.
Además, al funcionar en base a los programas de asistencia social (ya sea sustituyendolos o convirtiéndose en un pago adicional), el análisis empírico permite sacar conclusiones acerca del rendimiento redistributivo relativo a las redes de seguridad social existentes, al igual que obtener resultados en aspectos claves como la dieta, nutrición infantil, acceso a medicamentos, variación de la escolaridad, incentivos para iniciar negocios por cuenta propia, reducción de la violencia doméstica, entre muchos más.
Un análisis integral deberá evaluar conjuntamente el gasto y la recaudación de tributos como parte del presupuesto, con el objeto de garantizar la progresividad, es decir, ir aumentando gradualmente la carga impositiva a los segmentos de mayores ingresos y alcanzar mejores beneficios para los hogares más pobres, indudablemente considerando la sostenibilidad fiscal frente a un potencial escenario de menor financiamiento. Es aquí donde la capacidad del gobierno para recaudar recursos de manera equitativa y sostenible que garanticen poner en funcionamiento este tipo de programas cobra importancia.
Referencias:
Bidadanure, J. U. (2019). The political theory of universal basic income. Annual Review of Political Science, 22, 481-501.
Friedman, M., & Friedman, R.D. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.
Haushofer, J., & Shapiro, J. (2016). The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor: experimental evidence from Kenya. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1973-2042.
