Colombia estará condenada a ser dominada por la corrupción, expresada en el clientelismo, la compra de votos, la mermelada, las coimas en la contratación pública, entre otros. Sin embargo, la participación ciudadana, como pilar fundamental en la defensa de los valores éticos y morales, es capaz de construir el andamiaje necesario para ejercer efectivamente el control social a la gestión del Estado, para que esta sea transparente en el manejo de los recursos en la contratación pública.
No obstante, la corrupción y los costos que impone en la sociedad y en la economía no son un fenómeno exclusivamente del sector estatal, son una acción que involucra a diferentes actores, funcionarios públicos, contratistas y ciudadanía, permisibles a caer en esos comportamientos, absorbiendo gran parte de los recursos públicos.
Se habla de que cada año se pierden cerca de $50 billones por actos de corrupción, afectando la inversión social, especialmente en educación, salud, vivienda, entre otros. Lo anterior, aumentando los niveles de desigualdad e inequidad social, y llevando a la aplicación de nuevas cargas tributarias a la población de más bajos recursos para cubrir el hueco fiscal que deja este flagelo, todo en detrimento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
La consulta anticorrupción es una respuesta ciudadana, en la que cerca de 11.7 millones de ciudadanos manifestaron su rechazo a esas prácticas que deberían ser catalogadas como delitos de lesa humanidad por ser un instrumento de enriquecimiento ilícito en detrimento del bienestar de la mayoría de la población y frenando el desarrollo del país.
Por eso hay que exigir sanciones drásticas contra quienes incurren en esas conductas censurables. Además, es necesario establecer rutas en las que concurran las diferentes instancias del Estado, órganos de Control, empresarios y sociedad civil para que a través de la colaboración se fortalezcan los escenarios de participación ciudadana que la constitución nos otorga para ejercer el control social a la inversión del Estado (como son las veedurías ciudadanas).
Todo esto en el entendido de que las organizaciones de la sociedad civil no pueden convertirse en instancias de permanente choque y confrontación con las instituciones públicas, sino que deben estar dispuestas a trabajar para sentar las bases que fortalezcan las instituciones del Estado, ejerciendo vigilancia a sus actuaciones, exigiendo transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los recursos públicos (en la concepción de que la participación social es un derecho que tienen los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos).
Si logramos generar una cultura basada en la honestidad y la legalidad, en la transparencia en nuestro comportamiento diario, donde haya corresponsabilidad de todos los actores en aplicar esos valores, será más difícil que haya corrupción. Igualmente, se hace necesario que las nuevas normas para combatir la corrupción, radicadas por el Gobierno nacional en el Congreso de la República, así como los siete puntos respaldados por la consulta anticorrupción por cerca de 12 millones de ciudadanos, no solo sean aprobadas, sino que se apliquen plenamente en la sanción a quienes insisten en continuar con esas prácticas.
La indignación ciudadana expresada el 26 de agosto nos señala el camino para lograr un cambio en la mentalidad de la sociedad, que debe conducir a que el Estado asuma el compromiso de instrumentar ese nuevo marco legal que permita exterminar el cáncer de la corrupción en las actuaciones del Estado y en su relación con la sociedad civil, eliminando las limitaciones que el Estado le establece al ciudadano en el control a la gestión pública.
El problema de la corrupción en el país es tan grave que no es suficiente el esfuerzo de las instituciones del Estado, sino que se requiere del monitoreo y denuncia permanente de otros actores de la sociedad civil, que genere insumos útiles para ejercer las acciones preventivas que logren inhibir los actos de corrupción.
