En una exigencia de todos los colombianos se ha convertido una pronta renegociación de los Tratados de Libre Comercio con Norteamérica, México y Europa, porque ha significado ni más ni menos el aumento de la importación ante la escasa exportación, lo que los expertos han denominado entonces como el “desbalance comercial”, o en otras palabras, es más lo que compramos que lo que vendemos.
En la década de los noventa, la liberación de las fronteras inició lamentablemente con la apertura económica, que ocasionó la desaparición o seria afectación de casi 22 de cultivos en el país, lo que se ha venido extendiendo a otros renglones de la economía nacional, con la implementación de tratados comerciales tan lesivos y tan desiguales como el de Estados Unidos, teniendo en cuenta que las importaciones de arroz a esta nación lograron un total de 19.852 millones de dólares, con especial énfasis del arroz con cáscara o arroz paddy, beneficiando probablemente al sector molinero, pero en desmedro del productor o cultivador.
Ese descontento se refleja en un proyecto de ley –que se aprobó la semana pasada en la Comisión Segunda de la Cámara– en donde se crea una comisión para evaluar estos tratados de libre comercio, y hacer recomendaciones para la revisión o denuncia de los mismos, lo que de inmediato genera una serie de inquietudes a este columnista, en el entendido que de entrada el proyecto “recomienda” pero no “ordena”, por lo tanto, es discrecional del Gobierno nacional si acata o no esas recomendaciones.
Esta iniciativa –que le resta un debate para ser ley– refleja la debilidad institucional del Congreso de la República, porque de hecho puede “sugerir” pero no “obligar” al Ejecutivo a revisar esos tratados, bajo la premisa que es el jefe de las relaciones internacionales, teniendo la facultad de renegociar o no los mismos para posteriormente ser aprobado o improbado por el Congreso, que no le puede cambiar un ápice, una coma, un renglón al texto o el articulado del tratado, por lo que le asiste toda la razón al representante Juan David Vélez, cuando advirtió en la discusión que es inconstitucional ir más allá o tratar de darle más facultades al Congreso en el asunto.
El ponente Alejandro Chacón aclaró que en ningún momento el proyecto está en contravía de la Constitución, porque al contrario, fortalece el ejercicio del control político en el Congreso, con el valor agregado que esta Comisión está integrada no solo por miembros del Legislativo, sino además del Gobierno nacional y sectores no gubernamentales –incluido el agropecuario– a lo que otros congresistas respondieron que es más que suficiente con el control político de las comisiones segundas de Cámara y Senado –encargadas de relaciones internacionales– sin necesidad de impulsar este tipo de Comisión, que a la hora de la verdad resulta inoficiosa.
Coletilla: el representante José Vicente Carreño propuso solicitar un concepto sobre el proyecto de ley a Presidencia de la República –como también a los ministerio de Hacienda y Comercio Exterior– y en qué medida puede dar su aval para que sea de obligatorio cumplimiento las recomendaciones de la Comisión, que evitaría la objeción del Gobierno nacional o, posteriormente, el rechazo de la Corte Constitucional, y a la vez e daría “dientes” a la Comisión para que su trabajo deliberatorio tenga incidencia en la modificación de los tratados.
