El Presidente Gustavo Petro ha anunciado que su gobierno adelantara una política de paz con los grupos guerrilleros (Eln, FarcEP, Nueva Marquetalia y EPL) que aún persisten en la lucha armada como estrategia para alcanzar cambios profundos en la sociedad colombiana, secuestrada por el modelo neoliberal mercantilista y en el Estado dominado por los clanes minoritarios de la oligarquía y sus diversas facciones; también un plan para someter judicialmente las expresiones del neo paramilitarismo y a las Fuerzas Militares y de Policía, en este caso se trata de grupos delincuenciales como los urabeños, la Oficina de Envigado, los Caparros, los costeños, los puntilleros y los Rastrojos.
Se trata de una “paz total” en el sentido de incluir a todos los actores involucrados en la violencia y de una “paz completa” en el sentido de intervenir los factores sociales, políticos, territoriales y culturales que explican las resistencias agrarias revolucionarias contra el dominio de los grandes terratenientes, los poderes de las camarillas gamonalicias que han secuestrado el Estado en los ámbitos regionales/locales, y contra y la acción violenta de las unidades de las Fuerzas Militares y de policía involucradas en masacres, asesinatos de líderes sociales, como el batallón la Popa en Valledupar (laboratorio de los falsos positivos), la pentagonista Fudra/Omega (Meta, Guaviare y Caquetá), el Plan Artemisa, la aviación del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, el Esmad, la Sijin y los Comandos departamentales de policía, con sus comandos jungla, artífices y ejecutores de las masacres contra los colonos y campesinos que viven de los cultivos de coca y marihuana (Tumaco, San Vicente del Caguan, Sur de Bolívar etc.).
Una política de paz de un gobierno del Pacto Histórico, obviamente, debe revisar las experiencias recientes en esa materia como el Acuerdo consensuado con un sector de las Farc en el segundo semestre del 2016 y la regresiva política del gobierno ultraderechista de Iván Duque estipulada en la estrategia “Paz con legalidad” que significo la destrucción de los ejes centrales de la paz adelantada por el gobierno del ex presidente Santos y la corrupción masiva con los presupuestos de la paz (Ocad paz) con origen en la Cooperación internacional y en el presupuesto público del gobierno.
Claramente los problemas de la paz “santista” tienen su origen en el modelo que le dio sustento; me refiero a los Protocolos oficiales de la Secretaria General de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad que han sido la base de muchos procesos de paz en el mundo en las últimas décadas, como los del Salvador y Guatemala, que han implicado un evidente fracaso.
Tal como lo señala Oscar Mateos Martín, la paz de la ONU se trata de una paz posbélica de corte neocolonial que implica una amplia intervención de las grandes potencias dominantes en el Consejo de Seguridad, mediante la presencia de Misiones ONU encargadas del monitoreo de las implementaciones de los pactos de paz, el control de sus recursos financieros y administrativos con una tendencia injerencista que facilita la corrupción de las elites regionales y sectoriales, como lo acabamos de registrar con los robos de multimillonarios recursos en el OCAD paz, con evidentes perjuicios a los procesos de reconciliación y convivencia desatando el repudio y el rechazo de las comunidades agrarias y de la opinión pública.
Mateos Martín y muchos otros expertos sugieren como modelo alternativo una paz decolonial que favorezca la iniciativa local y las resistencias sociales contra las estructuras de poder oligárquicas.
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En ese sentido, mi sugerencia es que los procesos de paz que se anuncian no sean sometidos a inadecuadas presiones para que se den de manera exprés y desconociendo las comunidades regionales y locales, y los territorios en los que anida la resistencia guerrillera de este tercer ciclo de violencia en que se encuentra Colombia (Catatumbo, Arauca, Choco, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño).
De lo que se trata es de adelantar una paz local que incluya la voluntad expresa y anticipada (descartando mecanismos engorrosos de reciprocidades bélicas) del gobierno y el Estado de resolver los temas cruciales del conflicto armado como el de la reforma agraria democrática e integral, la eliminación de los grupos neo paramilitares, el ataque directo a la corrupción (en alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales), la depuración del Ejército y la policía, la desmilitarización de los territorios, la sustitución voluntaria de los cultivos de usos ilícito, la profundización de la democracia participativa fortaleciendo el poder de las Veedurías ciudadanas (reformando la Ley 850 del 2003), las auditorias sociales, las audiencias públicas y el castigo a los actores involucrados en la corrupción, y las garantías de los derechos humanos con la protección efectiva de los líderes sociales y los reincorporados de las Farc.
Pienso que se debe ser audaz en otorgar espacios de participación política en Concejos municipales, en las Asambleas departamentales y en el Congreso de la Republica a las organizaciones agrarias y populares de las regiones en las que el conflicto violento persiste.
En ese sentido, la reforma política y electoral que se anuncia debería ser el escenario de tales definiciones para otorgar curules y representaciones a los campesinos, a las mujeres, a los indígenas y a la población afro descendiente y a sus organizaciones. Sería la manera de ponerle freno a los poderes y dominios podridos y corruptos de las mafias políticas tradicionales y sus clanes criminales imperantes en las corporaciones públicas.
Tengo la convicción que ejecutar las anteriores acciones en los próximos meses facilitarían un salto de garrocha en la superación de la violencias regionales
Lo que complicaría este interesante proceso de paz propuesto por el Presidente Gustavo Petro serían las siguientes cosas: pretender hacerlo en pocas semanas (una paz exprés), sugerir un engorroso esquema de reciprocidades diacrónicas inmersas en la desconfianza (entrega de armas y materialización de reformas) y ausencia de un esquema solido de garantías jurídicas y de seguridad de los combatientes; la experiencia con los casi 400 miembros de las Farc asesinados al día de hoy, es fatal por lo que hay que dar garantías muy eficaces para evitar el exterminio que ejecutan los aparatos armados del Estado en complicidad con los grupos neo paramilitares.
