¿Con el nuevo gobierno de Duque abandonará Colombia la ruta de la paz, la reconciliación y la democratización abierta en los años recientes con los diálogos y acuerdos con las Farc y el Eln? ¿Se ha configurado un potente movimiento popular contra hegemónico capaz de impedir un nuevo ciclo de guerra, masacres y limpiezas sociales? Estas son cuestiones que resulta prioritario plantearse a pocos días de la instalación del nuevo régimen de la ultraderecha.
Analizar las trayectorias y configuraciones posibles del bloque dominante frente a la coyuntura y sus posibles escenarios supone un desafío primordial desde el campo popular y el pensamiento crítico.
Ahora la coyuntura, mes por mes, va a pesar. Porque un error de apreciación en los primeros meses va a determinarse en años. Así, sería necesaria ya una rectificación, o que por lo menos se diga cuáles podrían ser las salidas, y lo que fuere para el ascendente movimiento de masas sin antecedentes en la historia de la nación.
Las características tomadas por el modelo neoliberal extractivista, financiero y agroindustrial, y las posiciones adoptadas de cara a escenarios de crisis reflejan la unidad del régimen y de la élite dominante frente a la potente emergencia del bloque popular expresado en la votación de más de 8 millones por Gustavo Petro, más aún ante un proceso de movilización popular que ofrece nuevas formas de expresión de masas como lo registró la Velatón por los líderes sociales asesinados, y el anuncio de nuevas concentraciones el próximo 20 de julio y el 7 de agosto en un frente por la paz y la vida, que la ultraderecha está impugnando.
Los ejes centrales del entrante gobierno de Iván Duque están claramente definidos de acuerdo con sus recientes planteamientos tanto en los Estados Unidos como en España, lugares en que se ha encontrado con los núcleos, como no podía ser de otra manera, más retardatarios de la política mundial.
Con el cierre de filas de todas las derechas colombianas a su alrededor, que no es más que una banda mafiosa de malhechores, el nuevo jefe de la Casa de Nariño, que es el señalado por el gran patrón de la violenta parapolítica, el caballista del Ubérrimo, ha dicho que su prioridad será la acción contra las drogas mediante la erradicación forzosa, la fumigación aérea y la criminalización de los campesinos vinculados a los cultivos de coca, ante la ruina de la agricultura campesina consecuencia del incumplimiento santista con la Reforma Rural Integral; e igualmente lo será la seguridad retomando los parámetros del Estatuto de Seguridad turbayista (1979-1982), en la que su progenitor Iván Duque Escobar fue protagónico (alto funcionario de aquel régimen) y los aspectos sustantivos de la Seguridad Democrática uribista que a lo largo de 8 años ocasionaron las más execrables violaciones a los derechos humanos con masacres, asesinatos, montajes judiciales y desapariciones, como los más de 10 mil “falsos positivos” que aún hoy permanecen en la impunidad.
La guerra que se define contra la coca será la cobertura para la nueva guerra contra los campesinos, contra los pobres, los desplazados, los indígenas, los afros y los movimientos sociales regionales y urbanos de diversa índole como ya se siente con el exterminio, desde el 2016, de más de 300 líderes sociales, que es la herencia maldita del régimen santista y su falsa paz de las corporaciones que con el beneplácito del anacrónico Secretariado de Timochenko, amplía, profundiza y consolida el régimen neoliberal del extractivismo, la agroindustria y las rentas financieras de bancos e inversionistas foráneos.
La guerra contra las drogas en Tumaco, Guaviare, Urabá, Catatumbo, Caquetá y Putumayo, financiada por Trump, no será otra cosa diferente a la estrategia (Plan Mérida) implementada en México (con la asesoría del Vicepresidente Naranjo) desde el gobierno de Felipe Calderón que, con más de 120 mil muertos y 60 mil desaparecidos, convirtió esa nación en una inmensa fosa humana.
Lo que se propone esta nueva guerra de Duque-Uribe contra los campesinos y el movimiento social es fortalecer el dominio de formas abiertamente criminales del capital y el mantenimiento de la ganancia por medio del terror. Y en esas condiciones hacer inviable la democracia ampliada que nos plantean los acuerdos y diálogos de paz. Lo que hay que entender es que esta nueva campaña bélica, en las condiciones de la denominada “paz imperfecta”, se orienta a fracturar más la sociedad en sus articulaciones condensadas en demandas populares concretas, y evaporar los impulsos democráticos registrados en las recientes votaciones.
En todo caso esa guerra no atacará las poderosas redes infiltradas en la sociedad colombiana y su Estado que manejan este millonario negocio. Aún no se logra identificar claramente el dispositivo que monopoliza actualmente la cadena de transformación, comercialización y transporte de la coca en Colombia. Los altos funcionarios policiales continuarán afirmando que los dueños de esa cadena son núcleos mafiosos mexicanos omitiendo que hay allí poderes de diverso calibre que se mueven entre las sombras de la legalidad que se enriquecen con este rentable negocio. De esa manera habrá un nuevo gobierno reprimiendo a los campesinos en las regiones, pero con funcionarios policiales y gamonales políticos articulados a las rutas de comercialización, transporte y transformación de la coca (Ver: La Colombia del 2018 al 2022: gobernabilidad, guerra y coca).
La vinculación a la Otan; los planes de invasión a Venezuela; la narcotización de las relaciones con los gringos y la subordinación a los enfoques fascistas de Trump; la sed de venganza de las nuevas camarillas mafiosas que regresan al poder; el fracaso de la paz “estadocéntrica” de Santos y Timochenko; la ruptura de la Mesa de diálogos con el ELN en Cuba mediante la imposición de condiciones de rendición a la insurgencia Camilista; y la reactivación de las extradiciones de integrantes de las Farc, como los casos de Santrich y Gustavo González, son los factores de contexto de este nuevo escenario de terror y revancha contra el pueblo colombiano.
Los retos para el “bloque popular”
Para el bloque popular son grandes los desafíos. Lo que importa es evitar las provocaciones y calibrar adecuadamente cada momento midiendo las correlaciones de fuerza. Hoy el dominio uribista no tiene las mismas condiciones favorables del 2002, cuando no se daba la presencia de un bloque de casi diez millones de colombianos impugnando la guerra, situación que si se da hoy.
Estamos en una coyuntura en la que puede precipitarse una crisis política de enorme envergadura que llegue hasta el derrumbe del nuevo régimen; en el que las formas de lucha utilizadas en años anteriores, que han mostrado un claro agotamiento, habrán de ser cuestionadas a fondo. Es la realidad la que obliga a repensarlo todo.
Solo la intervención de una voluntad de izquierda y progresista puede aprovechar la coyuntura de inestabilidad que sobrevendrá en el régimen mafioso uribista —una crisis de consenso que no de hegemonía (que nunca tuvo ni se propuso tener al asumir la agenda neoliberal)—y orientar un lejano pero posible desenlace progresista. Lejano porque conllevaría revertir abruptamente la inercia neoliberal santista de los últimos años, que requeriría una modificación sustancial de la correlación de fuerzas a partir de la irrupción de un movimiento más fuerte cuyas cualidades son difíciles de darse, en particular en el actual escenario, después de tantas derrotas, incluida la debilidad de la izquierda subalterna que hubiera podido ser un recurso transitorio, para una hipótesis de gobierno de transición. Improbable pero posible, no por invocaciones utópicas sino porque, como nos demuestra el movimiento actual, la historia de la lucha de clases y del antagonismo político no terminó y las posturas antisistémicas se mantienen vivas bajo las cenizas en tiempos de resistencia para resurgir, como aves fénix, cuando vuelven a arder las brasas y se enciende, politiza y radicaliza el conflicto social.
En este sentido, un escenario tendencialmente progresista podría ser no tanto la improbable caída del próximo gobierno y su substitución con otro de signo opuesto, sino el desplazamiento de los equilibrios políticos generales, el arranque de un proceso de construcción de nuevas formas de organización sociales y políticas de la izquierda antagonista y antisistémica que opere como contrapoder, que haga contrapeso real y permanente e inaugure otro periodo, revirtiendo el de las derrotas, un periodo de acumulación de fuerzas.
La construcción de un movimiento autónomo de masas, es el mayor reto en estos momentos y el elemento ciertamente indispensable en la transformación que se busca.
En esta materia, lo más preocupante es que en general la izquierda y el campo progresista han dejado de pensar la política en forma compleja e innovadora.
En Colombia hay hoy condiciones para una extraordinaria movilización nacional que logre sumar las más diversas luchas que a lo largo y ancho del país se han producido en años pasados.
Hemos tenido grandes movilizaciones y heroicas acciones que pretendían frenar el saqueo y la violencia, pero que no alcanzaron las dimensiones que exige la tarea. Se han elaborado muchas buenas propuestas para configurar un esquema por completo diferente, un nuevo rumbo para el país que favorezca a las fuerzas del trabajo, pero no ha emergido la exigencia que las reúna o sintetice a todas, desde luego que el discurso de Petro en la pasada campaña alcanzó los niveles de consignas con gran capacidad de convocatoria en los temas de educación, salud, trabajo, agua y tierra para los pobres y los campesinos.
Pero ahora es necesario ubicar el momento y el acontecimiento político que precipite la crisis del régimen y reúna las fuerzas dispersas.
Contra el régimen de las mafias del poder y la impunidad criminal, contra el semi estado que impera se debe alzar la justicia y la democracia. Esos son los tiempos que se avecinan. Esos son los términos en los que la izquierda colombiana se deberá reconfigurar.
La reciente movilización electoral y por la paz que apoyo a Petro ha sido una gran experiencia de subjetivación política que generó y revitalizó el tejido organizacional de base, volvió a conectar formas y lugares de la lucha política y social. Desde mi perspectiva, la oleada de masas en curso no debe ser procesada desde los espacios partidarios existentes en la izquierda, sus cuadros, sus coordenadas ideológicas y sus culturas políticas.
La actual lucha de masas y el bloque popular constituido deben apoyarse en luchas franca y abiertamente antisistémicas que, en la configuración sistémica colombiana actual, implica una postura anti neoliberal y contra las camarillas partidistas mafiosas –es decir adversa a los dos niveles sistémicos, económico y político, del esquema de la dominación en su formato actual-, no forzosa ni plena o inmediatamente anticapitalista, aunque el anticapitalismo sea, pueda o deba ser un ingrediente necesario que opera en el trasfondo de los procesos concretos y sirve de referente y orienta como horizonte emancipatorio.
Obviamente un cambio profundo implica una intensa repolitización del mundo. Politizar es cuestionar lo habitual, es fracturar las certezas heredadas, es convocar a una adhesión combativa. Politizar es abrir posibilidades, es afirmar la potencia de la voluntad, es rechazar los imposibles.
Tejer la red de la resistencia a la guerra
Así la guerra que se anuncia por Duque/Uribe debe ser resistida tejiendo una poderosa red que la enfrente con la “línea y la acción cívica y de masas”, eludiendo el aventurerismo provocador que manipula el aparato represor del gobierno y sus servicios de espionaje.
Solo la presencia prolongada de un actor socio-político plural pero articulado, surgido de este ciclo de movilización pero que se mantenga en el tiempo, puede evitar que esta coyuntura desemboque en un escenario conservador o en otro francamente reaccionario o, lo que es más probable, una combinación sangrienta de ambos, de reacomodos cupulares y dosificadas pero contundentes medidas represivas.
Así como Sartre designó la república del silencio a la resistencia popular en la época de la ocupación fascista de Francia, deberíamos llamar tejido de resistencias a la red que se debe extender por la Colombia profunda que haga frente a las más siniestras y violentas camarillas de la mafia del poder encarnadas en el uribismo criminal.
Esta red, tapete, telaraña debe crecer de manera subterránea. Su elaboración no es ni fortuita ni planeada. Como las artesanías, requiere de práctica diaria y conocimiento heredado. En su pluralidad de colores, tonos y formas está su mayor fortaleza.
Los principios de horizontalidad, democracia asamblearia, creatividad y cuidado colectivo serán fundamentales para mantenerse activa a pesar de la guerra y represión que se perfilan desde los comandos de la ultraderecha.
Así, a nivel local/territorial y desde el extranjero (como lo mostró la velatón), en el territorio de las redes sociales y el periodismo independientes, los movimientos de familiares de víctimas de la guerra, de los líderes sociales asesinados, los nodos de activistas estudiantiles, agrarios, indígenas, afros, viviendistas, deben convertirse en el acervo de crítica, consciencia y conocimiento que desemboque en una oleada de participación ciudadana sin precedentes contra la guerra, que ya camina desde el ataque contra la JEP y la paz, vociferado en el Senado por la señora Paloma Valencia, la heredera del conservadurismo esclavista y terrateniente caucano .
En un país acostumbrado al olvido oficial y a las verdades históricas acomodadas, el relato de una memoria de abajo que busque la paz, pero que haga justicia y conmemore la dignidad, es fundamental. Esto implica que los crímenes como el exterminio reciente y presente de los líderes sociales deben tener consecuencias no sólo para los perpetuadores materiales ligados al régimen santista, sino para toda la estructura de poder que los permite que no es más que el poder de un grupo político con importantes recursos económicos, sociales y militares, el cual tiene una amplia influencia y el respaldo de redes clientelares en muchas regiones de Colombia.
Los alcances de este tejido irán de la cancelación de los letales para el medio ambiente megaproyectos mineros e hidroeléctricos, acompañar las luchas indígenas, cocaleras, promover proyectos autogestionarios en entornos urbanos, radicalizar la lucha contra la homofobia y la violencia machista, reforzar las redes de defensa de derechos humanos para que, de una vez por todas, sean desmontados los resabios del poder uribista.
Enfrentar el masivo exterminio de los líderes sociales y el regreso de la masacre uribista
El dantesco exterminio de los líderes sociales y el regreso de la masacre, que dan cuenta de la barbarie sin sentido que se ha instalado en Colombia y del inmenso dolor que una parte de la sociedad sufre en consecuencia, obligan a pensar en otros términos las problemáticas de las fuerzas progresistas.
El exterminio de los líderes sociales y el regreso de la masacre se han convertido en un símbolo de ignominia que recorre el planeta, pero también en sentido de su posibilidad como punto de inflexión. Interpelan a todos y todas; interpela sobre todo al semi Estado, corrupto y autoritario que prevalece en el país; señala al régimen político que ha evitado una y otra vez que se haga realidad la aspiración de la mayoría de la sociedad de abrir cauce a una transformación democrática, pacífica y justa. Tragedia que pone en evidencia la lista infame de agravios que ha sufrido Colombia en las últimas décadas y los negocios que desnudan a la clase dominante de este país, cada vez más voraz, amasando sus fortunas ahora no solo al cobijo del poder público, sino también en un entramado que se cruza con el crimen organizado.
El crimen contra los líderes sociales y la masacre contra los campesinos caucanos permite ver el alcance que tiene hoy el imperio de la impunidad, la corrupción en todos los niveles de la administración y la alteración de las funciones del Estado gracias a la primacía de los intereses privados, el deprecio y atropello al ámbito de lo común.
Hay que ser conscientes de que la paz y la convivencia son una aspiración de las mayorías en Colombia, y con la paz está la urgencia de alcanzar escenarios donde los derechos sean garantizados en condiciones de dignidad para todos los que han sido sometidos a la exclusión.
La vida y la paz en un amplio movimiento deben ser los elementos centrales de la respuesta social a la guerra que nos quiere imponer el régimen que ya gobierna en contubernio de clases con el señor Santos.
Atajar la guerra de la mafia uribista es la prioridad de todos.
