Recientemente un amigo mío, padre de uno de estos jóvenes denominados millennials, que no son otra cosa que adolescentes de 30 años; me contaba que su retoño había decidido renunciar a su trabajo y utilizar todos sus recursos para comprar una moto e irse a recorrer el mundo. No sin cierta envidia por esta decisión, le pregunté a mi amigo qué opinaba. Lo apoyo, pero no lo apruebo, fue su respuesta. Lo apoyo porque es su decisión. No lo apruebo, porque cuando regrese de ver el mundo, seguramente es a mí quien le va a tocar sostenerlo mientras vuelve a organizarse. Si vuelve. Con todo el tacto posible, le hice otra pregunta de la que ahora me arrepiento. ¿Y, te dijo por qué decidió tirar todo por la borda, es decir, sus años de educación y el progreso que estaba teniendo? Porque me da la gana, fue la respuesta de mi hijo, replicó mi compungido e impotente amigo.
Acaba de publicarse otra directiva, esta vez la Número 5, emanada de la Presidencia de nuestra República. En ella, de manera pulcra aunque algo desafiante, se da complemento a las actuaciones recientes en materia del manejo que se está dando al proceso de Plebiscito. Un plebiscito que, recordando las palabras del presidente Santos, tenía la intención de consultar a los colombianos si aprobaban o no lo acordado en La Habana; y que de buenas a primeras resultó ser uno para pedir no ya su aprobación, sino su apoyo a la consecución de la paz. Dos cosas muy diferentes; y no solo en lo semántico.
La directiva presidencial no propone nada nuevo.
Los recursos del Estado siempre se han puesto al servicio
de los fines de los gobernantes, que no necesariamente son los mismos
La directiva presidencial no propone nada nuevo. Los recursos del Estado siempre se han puesto al servicio de los fines de los gobernantes, que no necesariamente son los mismos. En la campaña de reelección de 2014, por ejemplo, parte de esos recursos se pusieron al servicio de los Ñoños, quienes fueron beneficiarios de todos los contratos imaginables, incluyendo la alimentación de los niños en la Costa, a fin de apoyar la consecución de votos en aquel nunca bien lamentado proceso de proselitismo electoral. O sea que, repartiendo contratos a dos manos, cumpliremos de manera escrupulosa con la Directiva. Y muy a la manera presidencial, se enumeran, pero no taxativamente, los recursos del Estado que podrán destinarse a promover el Sí a la paz, revolviendo de nuevo y con argumentos dizque constitucionales, a su negociación en La Habana con las Farc con el bien supremo de la paz; que repetimos no es por definición sujeto de ningún tipo de consulta o plebiscito.
Ya lo que sigue es paisaje. Vamos a asistir al mismo vergonzoso espectáculo de cada proceso de votación en el país, en el cual unos elegidos de ambos bandos se encargan de atizar las hogueras del sectarismo, la descalificación y el ultraje, tendiendo el manto necesario para que en las tinieblas los barones electorales (y algunos electores sin título nobiliario), ejerciten sus malignas artes de compra de votos, a condición de recibir en efectivo y de contado la retribución por sus macabros favores a la democracia.
Y lo hacen sin vergüenza ni pudor. Incluso, parece que sus opiniones sobre los opositores varían dependiendo hasta de la geografía. Para muestra varios botones. Cuando se encuentra hacia el occidente de la frontera con Venezuela, la señora Piedad Córdoba se deshace en alabanzas hacia la oposición democrática (según ella las Farc) que han sido capaces de confrontar al establecimiento combinando todas las formas de lucha para doblegarlo. Pero no es sino que cruce al otro lado, hacia territorio del vecino país, para verla y escucharla convertida en una furia, desbordada en epítetos contra todo aquel que se atreva a cuestionar al establecimiento que a ella tan amablemente acoge y remunera. Ha llegado incluso a declararse un soldado del chavismo (o una soldada, para quedar bien con los defensores de la equidad de género). No sabemos si su enlistamiento lo hace en calidad de ciudadana del vecino país o simplemente como mercenaria.
En nuestra nación el presidente se encarga de encabezar el mal ejemplo, prohibiendo llamar terroristas a los terroristas, pero al mismo tiempo poniendo públicamente en duda la salud mental y el patriotismo de quienes se atreven a no estar de acuerdo y no querer apoyar su proceso de paz. Ahora parece que a quienes roban, secuestran, matan, violan, desplazan, trafican, lavan, y extorsionan hay que llamarlos de otra manera diferente. Otro asalto al pobre idioma español, apuñalado diariamente por quienes se solazan en hablar de funcionarios públicos, erario público y otro montón de etcéteras que ameritan su propio espacio para ser comentados.
En la mitad, las víctimas de siempre. Desde el funcionario que teme por su estabilidad si se le llega a notar que está a favor de alguna de las posturas que no le agraden a sus jefes, pasando por el ciudadano a quien de manera descarada le dicen en las cuñas de radio que con la firma del acuerdo se acabó la extorsión, la minería ilegal, el narcotráfico, las minas antipersonales y el resto de males del país. No lo digo yo; lo dicen las cuñas emitidas sin que se sepa quién las ordena. Seguramente que la Superintendencia no va a iniciar en este caso ninguna investigación por publicidad engañosa, porque se trata del fin supremo y constitucional de la paz.
