Constatamos que lo que ocurrió hace treinta años fue la formulación teórica de una constitución que consagra todos los derechos, pero al mismo tiempo en la práctica se fundamenta en principios económicos que los violan.
Con bombos y platillos se están conmemorando treinta años de la constitución de 1991, precisamente en medio de la crisis que viene agudizándose desde esa fecha. Si partimos de la premisa de que la Asamblea Constituyente de 1991 acogió los postulados del Estado social de derecho, acaso los más avanzados para una débil democracia del tercer mundo y después de más de cien años de estar instituida la ya anacrónica Constitución de 1886, la pregunta pertinente es: ¿cómo es posible que cumplidos treinta años de una nueva los indicativos muestren que Colombia ha perdido en este lapso lo que había conseguido penosamente en un siglo?
Porque en efecto lo que se embolató desde 1991 fue la lenta pero segura construcción de la soberanía alimentaria y la cimentación de una naciente industria manufacturera, ambas fuentes determinantes de empleo que aseguraban a cientos de miles de familias del campo y la ciudad su sustento y eran gérmenes de oportunidades económicas. Se podrá argumentar que la indudable conquista política lograda por la Asamblea Constituyente del 91 no tiene nada que ver con el deterioro económico que han propiciado los diferentes gobiernos que se han sucedido en estos treinta años (Gaviria, Samper, Pastrana, 2 Uribes, 2 Santos y Duque), porque la nueva constitución es “neutra en lo económico”, según lo acaba de afirmar Antonio Navarro, el único presidente supérstite de aquella Asamblea Constituyente, al responder un trino del senador Jorge Enrique Robledo que dice: “Es cierto que la constitución de 1991 contiene posiciones políticas democráticas que deben mantenerse y desarrollarse. Pero también es verdad que su contenido económico y social es 100% neoliberal y le ha dado sustento a todas las fórmulas del Consenso de Washington y los TLC”.
El argumento de neutralidad económica que le da Navarro a la Carta Magna del 91 lo refuerza en el trino de respuesta así: “…quienes han sido neoliberales han sido los gobiernos. Sin modificarla, se puede gobernar de un modo totalmente opuesto”. Pero lo que el otrora constitucionalista no se atreve a reconocer es que en esa época el movimiento que impulsaba el cambio de Constitución —la séptima papeleta— le apostaba a una transformación integral del país, es decir, que consideraba los aspectos económicos como inherentes a los nuevos lineamientos políticos que se estaban planteando. Porque no era solo la entronización violenta del narcotráfico ni tampoco la represión institucional lo único que convocaba a ese acuerdo nacional, sino que se reclamaba por la inclusión social y económica, que debía ser lograda mediante el establecimiento de los derechos fundamentales y la participación ciudadana en las decisiones. Y eso atenía necesariamente a lo económico, que, por lo demás, es imposible considerar separado de lo político.
No sorprende que haya existido hace treinta años un acuerdo nacional para plasmar en el papel un articulado que consagrara los derechos ciudadanos —el pensar en abstracto—, pero lo que sí es extraño es que hubiera una casi total unanimidad en cuanto al fundamento económico —el realizar en concreto— que debía sustentar el nuevo andamiaje político. Porque lo que dominaba en ese momento tanto en el establecimiento como en el espíritu de los constitucionalistas era la idea de que los cambios constitucionales debían estar acordes con la transformación de las instituciones para que ‘la mano invisible del mercado’ regulara las relaciones comerciales internacionales sin intervención estatal y, con el eufemismo de la democratización del patrimonio público, se lo feriara en favor de los intereses privados.
Recordemos que César Gaviria acababa de ser elegido presidente de la República y que él fue quien impulsó la apertura económica —el primer “gobierno neoliberal”—, no como iniciativa personal, sino para responder a los lineamientos del Consenso de Washington, ese pacto entre el Departamento de Estado norteamericano y la Banca internacional (FMI y Banco Mundial) para garantizar la apertura de mercados y de capitales a los intereses de los grandes monopolios transnacionales. Y el gobierno, como sumiso ejecutor de esos intereses, con la famosa frase “bienvenidos al futuro”, propagó la falaz idea de que con la apertura nos íbamos a tomar los mercados del mundo.
Ese fue el marco fantasioso y romántico que acompañó el impulso de la constituyente, y no existió en ninguno de los constitucionalistas una opinión que cuestionara el “contenido económico y social” de la ley de leyes como atentatorio de los intereses de las clases trabajadoras y empresariales que abogaban por el desarrollo. Fueron muy pocas voces, diferentes a las de los asambleístas constitucionales, las que alertaron sobre los efectos negativos que sobre la realidad económica significaba apoyar no solo la apertura, sino también el debilitamiento del Estado, la descentralización de las responsabilidades —pero no de los recursos—, la venta del patrimonio público para garantizar la cobertura de servicios mediante el lucro privado, y la creación de fundamentos para la flexibilización laboral. Y una de esas pocas voces fue la del hoy senador Robledo, quien señalaba que con la apertura se acabaría dependiendo de la importación de alimentos y el país quedaría sometido al definitivo chantaje de lo que quisieran imponer los que monopolicen la producción de alimentos en el mundo.
Hoy comprobamos que con los Tratados de Libre Comercio, fruto de la apertura, no solo no irrumpimos en los mercados del mundo con nuestros productos, sino que han sido los países industrializados los que nos han invadido de bienes que podemos producir aquí, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la creación de fuentes de empleo e induciendo al empobreciendo a las mayorías nacionales. Y también constatamos la enorme contradicción de que lo que ocurrió hace treinta años fue la formulación teórica de una constitución que consagra todos los derechos, pero al mismo tiempo en la práctica se fundamenta en principios económicos que los violan. Por eso se entiende el papel equilibrante de la tutela, con toda razón llamada la joya de la corona de la constitución del 91, pero que deja enormes dudas sobre un verdadero Estado social de derecho.
