Mucho se ha hablado, escrito y cuestionado sobre el tema. Y todos llegamos a un acuerdo, necesitamos una mejor virtualización. Esta premisa debe ser algo más que una simple reflexión, pero no está de más realizarla. En este contexto, desde finales del mes de marzo del presente año, vivimos una situación sui generis en el ámbito educativo, ya que tuvimos que dejar la presencialidad.
Dicha situación dejó claras algunas cosas de nosotros como sociedad: no somos recursivos para prevenir estas eventualidades, ya que en el país del sagrado corazón se cree que nunca pasará nada (está la idea de que las desgracias que ocurren en el resto del mundo a nosotros nunca nos tocarán). Pero ya vemos que con más de 1000 muertes a causa del COVID-19 en nuestro país, tales presupuestos se caen por su propio peso.
Pues bien, esta postura tiene muchas aristas que pueden explicar su existencia. Por ejemplo, ser un país extremadamente violento, en donde el opositor es calificado como objetivo militar que debe ser eliminado por el establecimiento, lo que conlleva a una apatía y a un temor a la hora de participar en temas políticos. Es decir, se han realizado las cosas a imagen y semejanza de los corruptos que han preservado a sangre y fuego su estatus. En concordancia con esto, al invertir el presupuesto nacional en aparatos de poder represivo para preservar esta corrupción, se reduce el presupuesto para la educación y por ende se tiene una población analfabeta y poco preparada para debatir sobre los temas que se deben tener a nivel educativo para formar al tipo de hombre que llevará las riendas del Estado en las siguientes generaciones.
En este sentido, esta contingencia puede ser la gota que rebosa la copa y nos hace apersonar del modelo educación que queremos recibir y que nos gustaría que tuvieran nuestros hermanos e hijos, además de la sociedad en general. De entrada, yo pediría que no sea una copia del modelo español, argentino o de Singapur, ya que la educación parte del contexto y por eso los resultados no son los mismos. Tenemos unas problemáticas específicas que debemos resolver, entre muchas, la más importante es la disminución de la desigualdad social. ¿Y eso cómo empieza o cómo se ayuda a construir? Desde la educación. Sin embargo, esta no puede ser impartida, como venía sucediendo, uniformemente, en donde los que tienen los medios y entienden la forma en que los maestros explican son los que valen y los que pasan los años escolares.
Lamentablemente, en esta misma lógica se han realizado las clases virtuales, suponiendo erróneamente que todos tienen los medios de comunicación y la disponibilidad de tiempo. Cabe anotar que esto lo digo basado en el informe departamental del 2018 realizado por el DANE, en donde se menciona que en Colombia a nivel departamental la mayoría de personas de 5 años y en adelante tienen poco contacto con medios virtuales y que solo en el departamento del Valle del Cauca, Santander y el Meta utilizaron estos medios con un porcentaje de 67,3 %. Esto puede ayudar a deducir que en 2020 las cifras no han cambiado mucho y que por consiguiente la deserción escolar es y será una constante. Además, si los criterios de evaluación uniforme siguen, el proceso educativo será deficiente y así los hombres del futuro.
Ante tal despropósito, se propone:
1. Que los criterios de evaluación cambien por unos más flexibles y personalizados, que ayuden al estudiante a sobreponerse ante esta emergencia, que de ellos no es culpa. En esta forma serían esenciales recesos de varias horas, en donde no se sobrecargue ni el cuerpo ni la mente, ya que el hogar no es el colegio y parece que eso no lo entienden muchos maestros ni directivos docentes. Mientras que el colegio se conversa y se debate, en las clases virtuales mayoritariamente solo se recibe. Ser receptor mediante un medio no natural (como lo es el computador, la tablet y el teléfono) implica un desgaste mayor para los sentidos (vista, tacto, oído), que si bien es utilizado por los niños y jóvenes para recrearse, no es igual para educarse.
2. Que a los congresistas se les exija una ley pertinente para una virtualización más amplia en Colombia, en donde los niños de veredas no tengan que pasar peligro al atravesar ríos, montañas, selvas y abismos para llegar a un lugar con señal de internet. Esta debería constar de dos fases o etapas. La primera, de carácter inmediata, en donde se tracen rutas de entrega de materiales de estudio apersonados por autoridades estatales, para así no cortar con el proceso educativo de los estudiantes más vulnerables. La segunda, a largo plazo, en donde se establezca una ley en donde el internet sea un servicio de carácter público, buscando una cobertura mayor y facilitando los procesos educativos a distancia, los cuales, según expertos, serán una constante en las siguientes décadas. En vez de estar votando por felicitaciones estúpidas a militares, deberían legislar para los niños y jóvenes del país, los cuales son el futuro de la nación y de la humanidad, además de ser sujetos de derecho protegido por la Constitución Nacional (Articulo 44) y el derecho internacional.
Así mismo, fuera de la correcta conexión, hay que exigir que se puntualicen los recursos que deben ser utilizados para la compra de equipos. No es posible que los grandes banqueros como Sarmiento Angulo sí gocen de ayudas por parte del gobierno y nuestros niños y jóvenes no, lo cual muestra una administración política parcializada hacia las elites y no para todos, como sí decían en campaña.
