Antes de que el COVID-19 fuera declarado como una pandemia los gobiernos de las Américas no tomaban medidas preventivas frente a las recomendaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus llegó a tierras latinas a finales del mes de febrero con los primeros casos confirmados en países como Ecuador, Chile y Argentina, sin embargo, en Estados Unidos se habían confirmado desde enero. Colombia confirmó el primer caso el 6 marzo y comenzando a transcurrir la séptima semana se han superado los 3792 casos, con 64,54% de los infectados aislados en estado leve, el 8,95% en estado moderado, el 2,87% en grave estado, el 19,08% afortunadamente recuperados y la lamentable proporción del 4,56% de infectados fallecidos en el territorio, siendo las principales ciudades capitales las más afectadas. Desde enero que llegó el primer caso al continente se debieron llevar las medidas restrictivas en la movilidad social, haciendo controles migratorios, pero no podemos llorar sobre leche derramada, es un hecho que queda en la historia para no repetir.
Con la expansión de la pandemia entraron en desasosiego los gobiernos de varios países incluyendo el colombiano, y como medida preventiva tomaron el aislamiento obligatorio. Esta medida acarreo un número desconocido de cuestiones frente al crecimiento económico, los salarios, los costes fijos de las empresas, los intereses de deuda, los ingresos de los empleados informales e independientes, la cobertura del sistema de salud, la virtualización del sistema de educativo, el teletrabajo, el precio de las divisas, las acciones, el petróleo, los servicios públicos, los arriendos, entre otros aspectos que no menciono porque no acabaría de escribirlos o quizás los aburriría, pero ninguno es menos importante que el otro, todos son de gran envergadura para el desarrollo económico de los países. En ese sentido, la discusión no gira entorno a la prioridad que tiene para el Estado la economía o la salud como lo mencionaron algunos personajes relevantes en la opinión nacional, estas no hacen parte de un dilema, más bien, son un complemento; un pueblo enfermo no es productivo, y un pueblo con tasas de crecimiento por debajo de un 2% posiblemente no tendrá capacidad para mejorar el sistema de salud, educación o salir de la pobreza.
Sin lugar a dudas el aislamiento ha obligado al país a cambiar las formas de trabajar y estudiar a la mayoría, por medio de teletrabajo y las clases virtuales en las universidades y colegios. También ha afectado la solvencia de las mipymes, ha generado inflación, ha depreciado la moneda, los commodities como el petróleo bajan de precio, los trabajadores industriales en vacaciones y además tenemos un amplio sector de la economía colombiana en la informalidad laboral e independiente que está en sus casas sin mover un solo dedo para generar ingresos. Frente a este escenario es perceptible la recesión económica y el choque de oferta, así como la desigualdad y la pobreza, que son aspectos importantes para el desarrollo económico.
Colombia, desde entonces, enfrenta la pandemia con la población en casa, utilizando como instrumento la internet para evitar el paro absoluto de la economía. Están los estudiantes, los docentes, los oficinistas, entre otros profesionales que hacen su trabajo desde casa. Lo más probable es que muchos oficinistas, docentes o médicos que hacen consultas en línea no tengan problema con el acceso a un dispositivo móvil o una computadora para cumplir con sus funciones, no obstante, quizás tengan problemas para acceder a una red wifi, igual, las empresas deben garantizar la eficiencia de su operación proporcionando estos instrumentos a sus empleados. ¿Pero los estudiantes? Muchos son becados, otros son estudiantes de universidades públicas o están vinculados a la educación técnica o tecnológica, pero la mayoría tienen una característica en común, son personas de estratos socioeconómicos 1, 2, 3 o 4. Con la recesión económica y el choque oferta algunas familias que no cuentan con señal wifi se les hace imposible acceder a internet a menos que un vecino solidario le regale la clave de su red, otras familias eliminarán el servicio de su consumo por la disminución de sus ingresos, otros seguirán con la red en sus hogares.
Colombia a largo de los últimos 15 años ha aumentado el porcentaje de hogares con acceso a internet y computadoras, pasando del 6% en el 2005 a 49,9% en el 2017 de hogares con acceso a internet y del 15% a 44,3% de hogares con acceso a computadora según datos de la CEPAL, Sin embargo, Colombia es uno de los países con menor proporción de hogares con acceso a internet en comparación con cuatro países importantes en la región: Argentina, Brasil, Chile y México. Los tres primeros son países con mejor capacidad para adaptarse a la virtualización de las actividades, mientras que México y Colombia tienen los peores resultados en la comparativa.
En vista de los datos observados se denota una desigualdad, pues solo un sector de la población total está en capacidad de trabajar o estudiar desde casa, pero un poco más de la mitad del país no está en condiciones para este tipo de actividades. Sin trabajo en casa, sin trabajo en la calle, el aislamiento los obliga a una disminución de los ingresos y en el mediano plazo podrían estar por debajo de la línea de pobreza monetaria, pobreza monetaria extrema y pobreza multidimensional.
Mostrando estos tres indicadores resultados nefastos en Colombia los indicadores que miden el desarrollo económico entrarán en detrimento. En esta semana que acabó se mencionó la posibilidad de hacer nueva reforma tributaria mal llamada “Reforma Tributaria Estructural” para combatir la pandemia. En los últimos 17 años se han hecho 12 reformas, lo cual muestran que son transitorias y débiles frente a los coyunturas económicas y sociales. También muestran que las reformas no están hechas con fines redistributivos, sino que solo presentan una forma de financiar gastos de funcionamiento y de deuda. Esta última afirmación suena perversa, pues he hecho poco análisis de las finanzas del Estado, pero el coeficiente de Gini no baja de 0,45 desde hace más de 4 décadas. La nueva reforma debe poner a la población más vulnerable a la disminución de ingresos y al sistema de salud en el foco de sus prioridades, de lo contrario, se desataría una gran crisis de pobreza impulsada por la alta desigualdad del país. Es por eso que una apuesta del gobierno, los congresistas, los alcaldes, concejales y la sociedad en general para estos momentos de pandemia es llevar al país hacia la disminución de la desigualdad por un bienestar económico y social mejor para todos.
