Cuánto tiempo le tomó a Édison Díaz Sarmiento raptar, violar, asesinar y depositar en una caneca de la basura a la pequeña de 10 años, en Calamar, Guaviare; cuánto tiempo le tomó a Luis Alfredo Garavito Cubillos, en cada caso, convencer, secuestrar, violar y asesinar a cerca de 200 niños en el país; cuánto invirtió de su tiempo Rafael Uribe para ir hasta la casa de la pequeña Yuliana Samboní, raptarla, violarla y asesinarla. Como estos son cientos, son miles los casos de violación y asesinato de niños y adolescentes en Colombia, pero nuestros ilustres doctrinantes y jurisconsultos consideran que viola los principios de resocialización y humanización de las penas el imponerle cadena perpetua a este tipo de monstruos.
Édison Díaz Sarmiento no solo acabó con la vida de la menor; en su haber judicial tiene diez anotaciones en su contra, de ellas dos procesos por acceso carnal violento, violencia intrafamiliar, hurto agravado y calificado, actos sexuales en vía pública, provocación de incendios y destrucción de propiedad privada y las mismas autoridades judiciales aún no saben cuánto tiempo estuvo preso o que tipos de condena ha purgado; el caso es que nuestro sistema penal lo mantenía libre para seguir destrozando la vida de niños, de sus familias y de la sociedad entera.
Pedir cadena perpetua es señalado como populismo punitivo, a cambio proponen la humanización y resocialización de la pena tan de boga en las corrientes penales europeas, especialmente en la escuela alemana, sin tener en cuenta la realidad de la criminalidad que acompaña los delitos contra los niños y los adolescentes, especialmente delitos sexuales. Estudios internacionales señalan la imposibilidad de rehabilitar realmente al agresor sexual, un psicópata generalmente, por eso deben aislarse de la sociedad o tomarse medidas de protección a esa sociedad cuando ellos circulan en libertad. Qué bien le habría hecho a la comunidad de Calamar saber que un agresor sistemático andaba por las calles.
Es cierto que la cárcel no va a recuperar al agresor sexual, pero protege a la sociedad; la rehabilitación de estos sujetos demanda unos tratamientos psiquiátricos complejos, que van desde terapias de acondicionamiento para desarrollar habilidades sociales (cambiar sus valores sobre la sexualidad), para llegar a mejorar los niveles de autocontrol (no para eliminar definitivamente su compulsión), llegando hasta medidas radicales como la castración química que, sin embargo, no es definitiva como se ha probado en EE.UU., donde ya han desarrollado técnicas para anularla mediante la aplicación de altas dosis de testosterona, que se consigue en internet.
En cuanto a considerar que es inhumano condenar a prisión perpetua a un delincuente porque se le priva de sus derechos naturales; habría que pensar también en el dolor perpetuo que acompaña a las familias de sus víctimas, que no dejarán un solo día de sufrir imaginando los momentos de dolor que el pequeño o la pequeña sufrieron antes de morir, desarrollando sentimientos de culpa que terminan aislándolos de la sociedad y de su derecho natural a vivir plenamente.
Detrás de la acusación de populismo positivo se esconde la irresponsabilidad del Estado por asumir el establecimiento de una verdadera política criminal en el país; la recurrida excusa de la crisis carcelaria, que proviene con fuerza desde los años 80, ha servido para expedir normas laxas con los delincuentes, hasta la sinvergüencería de la ley de pequeñas causas, pero no para construir nuevos centros de reclusión, especializados si se quiere.
La crisis carcelaria ha querido solucionarse cambiándole el nombre al ente burocrático encargado del manejo de los centros de reclusión; introduciendo teorías “humanistas” en el régimen legal penitenciario y haciendo toda suerte de manifestaciones en favor de los reclusos, pero no resolviendo la necesidad crítica de más centros penitenciarios (a comienzos de los 90 el hacinamiento era del 14%, hoy supera el 49% según la Defensoría del Pueblo); el Congreso se ha limitado a reducir penas, conceder más beneficios judiciales y con la llegada del SPA, a convertir en un mercado persa todo el sistema penal.
La sociedad colombiana no tiene por qué asumir las consecuencias de la ineficiencia e ineficacia del sistema judicial y carcelario, que ha querido subsanarse con pañitos de agua tibia, como la cacareada libertad condicional puesta en práctica desde los 90 y que como en el caso de Édison Díaz Sarmiento solo ha servido para que delincuentes avezados o irredentos vuelvan impunes a las andadas; el 9,4% de los delincuentes condenados a prisión y que son beneficiarios de libertad vigilada (brazalete electrónico), reinciden, señaló un estudio de la Fundación Ideas para la Paz FIP; el 14.3% de los detenidos en el país a diario, son reincidentes criminales que habían sido dejados en libertad por los jueces gracias a la laxitud de la legislación vigente.
Así, que traer medidas que pueden ser aplicables en culturas diferentes como la europea, para ocultar la crisis del sistema colombiano, no pasa de ser cómplice irresponsabilidad con el delito y especialmente en tratándose de aquellos cometidos contra nuestros niños y adolescentes; aunque el Código de la Infancia “consagre” que no hay rebajas de penas para estos depredadores sexuales, la verdad es que en el país, la justicia solo aparece en 17 de cada 100 casos de ataques sexuales contra nuestra infancia (y la cifra es más escandalosa si se tiene en cuenta el subregistro de denuncias por estos delitos, especialmente los cometidos en el hogar de la víctima).
En los últimos 5 años, señalaba el diario El Tiempo del 23 de mayo de 2018, al menos 114.700 personas, el 90% de los casos eran niños, en Colombia fueron víctimas de un ataque sexual. Esa estadística, promediada, significa que cada día, desde el 2013, unas 63 personas llegaron hasta el Instituto de Medicina Legal como víctimas de delitos sexuales. En todo caso, el drama es mayor porque según los expertos muchas de las personas afectadas optan por no denunciar.
Es el momento de romper el mito de la omnipotencia judicial, convertido en dictadura en el “siglo de los jueces”. Los colombianos debemos entender que la reforma a la justicia es una tarea inaplazable si se quiere hablar de consolidar una verdadera paz; ante una delincuencia desbordada y el abandono del Estado de su posición de garante de la vida, honra y viene de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables como son nuestros niños y adolescentes, es mejor caer en el populismo punitivo que convertirnos en cómplices de la irresponsabilidad frente a la amenaza.
