Persiste una explicable incertidumbre por el futuro de la paz vinculada con los acuerdos firmados entre el gobierno de Santos y las Farc:
En pocos días se posesiona un nuevo presidente y sus posiciones en la materia están plagadas de reticencias y animadversiones en varios puntos que se consideran sustantivos para consolidar un proceso de gran envergadura en la construcción de la paz. Su foco ha sido el funcionamiento de la JEP, donde se pretende imponer una lógica de impunidad para los principales protagonistas de la violencia contra la población campesina como los empresarios, políticos y militares involucrados en miles de “falsos positivos”. También se cuestiona el programa de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito para regresar a los campañas de la guerra contra las drogas y alimentar así la maquinaria de guerra financiada por el estado norteamericano con las consecuencias que se conocen por los antecedentes con el Plan Colombia y el Plan Mérida en México. E igualmente se pretende anular la dimensión política de los pactos con las Farc para desconocer su representación en los cuerpos legislativos.
Con justificada razón se ha dicho que, no obstante, ese horizonte, el camino recorrido hasta el momento debe ser defendido sin descartar los recursos pertinentes, pues como quiera que el Estado es un protagonista central en este asunto es necesario recordar que el mismo es un escenario de confrontación y disputa entre diversas fuerzas sociales y políticas que actúan para permear su funcionamiento y definir su orientación.
Hay ya unas decisiones con rango constitucional y jurisprudencial a las cuales se debe recurrir para amparar el derecho a la paz contenido en los Acuerdos y materializada en los avances de la implementación.
Me refiero al Acto Legislativo 02 de 2017 que adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final. Según el texto:
“Los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final” (Acto Legislativo 02 de 2017).
De igual manera debe tenerse en cuenta que el acuerdo de paz es un tratado especial acogido por el Consejo de Seguridad de la ONU y que el Tribunal Penal Internacional ha volcado su atención en la JEP para contrarrestar la pretensión de impedir la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
En virtud de la reforma constitucional mencionada está vigente el Plan Marco de Implementación de la Paz hasta el 2033 (ver) y hace pocas semanas se aprobó el Conpes 3932 del 2018 (ver) con los lineamientos para la articulación del plan marco con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial. Se trata de dos herramientas claves que ameritan toda la atención del bloque progresista comprometido con el fin de la guerra con las Farc.
Como ya se ha señalado la correlación de fuerzas, ingrediente clave en los desarrollos futuros, no favorece la pretensión de hacer trizas la paz. Hay un “bloque disidente” (ver)[1] que involucra más de 8 millones de ciudadanos, con una notable representación parlamentaria, en disposición de actuar pacíficamente en la esfera pública (está convocada una movilización para el próximo 7 de agosto) para bloquear la pretensión de regresar a una guerra múltiple y difusa contra el ELN, las llamadas disidencias, los campesinos cocaleros, Venezuela y los pobres, exterminado sus líderes mediante un dispositivo nacional (Águilas Negras) anidado en las profundidades de los aparatos armados del Estado (como lo indica Gustavo Petro).
Claro está que hay que prevenirse con un exceso de optimismo. El proceso de paz puede fracasar de manera absoluta y tal evento bien puede darse en los próximos 50 meses como lo indica la experiencia internacional.
Rettberg (2003), apoyada en los estudios de Doyle y Sambanis (ver), plantea que “en la práctica, la construcción de paz (y su consolidación) no es sólo asunto de matices ni se basa necesariamente en los méritos normativos de las distintas interpretaciones. La misma se relaciona también con factores como:
1) La naturaleza del conflicto (por ejemplo su duración, los asuntos en juego —si se trata de un conflicto de identidades o de recursos– y el grado de debilitamiento del Estado).
2) Las circunstancias en las que cesan las hostilidades (victoria militar de una de las partes, negociación entre iguales, negociación entre desiguales, intervención externa o agotamiento) y, si se llega a una resolución negociada, el tipo de acuerdo alcanzado.
3) El interés estratégico y la participación de la comunidad internacional en la solución del conflicto y en los esfuerzos de construcción de paz.
La particular combinación de circunstancias resultante de estos tres factores limita y determina en buena medida el campo de acción y la orientación de la actividad de construcción de paz. Por tanto, es preciso recalcar que la construcción de paz no es una actividad neutral desde el punto de vista político y que incluye una negociación sobre las causas del conflicto y la mejor manera de solucionarlo”.
El “giro local”
Un elemento a considerar por la voluntad comprometida con la construcción de la paz es lo que se denomina el “giro local”.
La paz liberal con su excesiva confianza en la parte institucional porque pondera tanto el neoinstucionalismo económico para controlar mediante incentivos el oportunismo de actores con la intención de regresar a la guerra, pues consideran que con ella obtienen más beneficios; como el neoinstucionalismo normativo, confiado en que las reglas en su esencia todo lo satisface; no constituye una plataforma consistente y adecuada para sostener la paz. No es suficiente con las reformas constitucionales, las leyes, los decretos leyes, los planes de desarrollo y los Conpes. Mediante el pretendido fortalecimiento institucional lo que se gesta es una “gobernanza quimérica” que poco aporta a la hora de construir una paz duradera y de resolver los problemas coyunturales que la ponen en riesgo.
La paz liberal se desarrolla como una fórmula hegemónica de construcción de paz que pretende situarse a medio camino entre los enfoques de la paz negativa y de la paz positiva, interviniendo, fundamentalmente, en el ámbito de la seguridad —enfoque restringido—, el desarrollo socioeconómico de carácter liberal capitalista, y del fomento de la reconciliación social, tras el conflicto armado
Es la razón que nos lleva a insistir en la validez y necesidad del “giro local” y hacia lo cotidiano en la paz.
Un “giro local” que se acople a las visiones comunitarias y de la recuperación del tejido de la vida cotidiana, más no a las pretensiones neoliberales como se proyecta con las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac) en las que se da vía libre al agro negocio y a la mega minería, mediante el esquema de obras por impuestos.
La perspectiva comunitaria y las tácticas de resistencia, en oposición a la paz liberal, supone una visión mucho más substantiva de la apropiación local, en la que los procesos de construcción de la paz deben ser designados, gestionados e implementados por los actores locales más que por los actores externos.
Enfatizado por teóricos tanto como por profesionales, la “apropiación local” se refiere a la medida en que los actores comunitarios controlan tanto el diseño como la implementación de los procesos políticos; en los contextos de posconflicto, el término transmite un conocimiento de sentido común, el que cualquier proceso de paz que no sea suscrito por aquellos que deben vivir con él tiene muchas posibilidades de fracasar.
Abordar las cuestiones de apropiación local en procesos de construcción de la paz requiere, en primer lugar y sobre todo, reconocer al menos dos visiones enfrentadas de la construcción de la paz.
En la versión tecnócrata liberal de la construcción de la paz, se ven las perspectivas locales más habitualmente como trabas que se deben superar u obstáculos por evitar que como fuentes potenciales de soluciones sostenibles. Asociada con los principios económicos de aquello que ha denominado el neoliberalismo disciplinario, caracterizado por una visión igualmente despolitizada de la reforma económica respaldada por la condicionalidad del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la visión liberal deja poco espacio para el desacuerdo, local u otro, en relación con los parámetros básicos de la construcción de la paz.
Un segundo obstáculo para la implementación de una noción más comunitaria de la apropiación local es lo que llaman la patologización de las sociedades posconflicto.
Los estados destruidos por la guerra, en el discurso dominante, son tachados de enfermos, traumatizados, disfuncionales, irracionales, o inmaduros, legitimando así un cambio hacia la gobernanza terapéutica, por la que la comunidad internacional se responsabiliza de una comunidad política incapaz de gestionar sus propios asuntos.
Un discurso de patologización que, al representar a las sociedades posconflicto como compuestas de víctimas desafortunadas y victimarios psicóticos, autoriza actitudes paternalistas e intervenciones disciplinarias por parte de los constructores de paz externos. Visto que lo más probable es que la población local sea contemplada por parte de los actores externos desde la conmiseración o desde la sospecha, quedan claras las implicaciones que esto tiene en las cuestiones de apropiación local. Cuando se permite, la apropiación local se despliega bajo la supervisión atenta de extranjeros responsables, que son los que establecen los parámetros de lo que está o no permitido.
En esta narrativa, la población local es típicamente relegada a un papel de receptora agradecida, y la desviación del guion sencillamente refuerza las percepciones externas de que le falta la madurez para ejercer autoridad política real.
Un impedimento adicional a la hora de dar un papel más importante a la apropiación local en la construcción de la paz es una cuestión más práctica, que tiene que ver con distintos aspectos relacionados con los plazos necesarios para la construcción de la paz. En primer lugar, los procesos de paz, por su naturaleza a menudo frágil, tienden a ser altamente dependientes de las decisiones tomadas anteriormente, en la medida en que desde el momento de la firma de los acuerdos de paz quedan ya firmemente establecidos algunos elementos clave de la configuración posbélica. Aunque quizás esta sea la etapa más crucial de cualquier proceso de paz, durante la cual se fijan las grandes líneas de los arreglos políticos y económicos, es también la etapa menos propicia para aportaciones locales efectivas.
Una dificultad a la hora de enfrentar seriamente las cuestiones de apropiación local, dentro del esfuerzo por la construcción de la paz, es que estas estrategias rara vez producen resultados medibles inmediatamente. Son por definición controladas menos fácilmente por los actores externos y —como todo proceso democrático— tienden a ser confusas, requieren mucho tiempo y son inherentemente impredecibles.
La apropiación local puede ser aplazada, pero, en última instancia, no puede evitarse.
Cuanta más autoría y apropiación del proceso de paz puedan reclamar dichas autoridades, más probabilidades de éxito tendrá la transición.
Sigue siendo fuerte el argumento según el cual, para ser sostenibles, los acuerdos del posconflicto deben estar firmemente enraizados en las realidades sociales domésticas y en la vida cotidiana afectada por la guerra con la destrucción del tejido básico mediante el desplazamiento y la muerte.
En ese sentido la paz tiene en la reconstrucción de la vida cotidiana aplastada y fragmentada por la confrontación bélica un escenario de grandes potencialidades.
Nota: el nuevo gabinete Ceo de Iván Duque, de gerentes empresariales, convierte al gobierno en una fortaleza exclusiva del capitalismo.
[1] Para García Linera en la crisis del Estado, como la que registra hoy el régimen colombiano, surge el momento del develamiento de la crisis de Estado, que es cuando el sistema político y simbólico dominante que permitía hablar de una tolerancia o hasta acompañamiento moral de los dominados hacia las clases dominantes, se quiebra parcialmente, dando lugar, así, a un bloque social políticamente disidente con capacidad de movilización y expansión territorial de esa disidencia convertida en irreductible.
