Ciertamente desde el Manifiesto de Córdoba, aprobado en 1918 como una proclama en favor de la reforma democrática y científica de la educación superior, la autonomía universitaria ha sido una conquista de los estudiantes, los docentes e investigadores científicos, entendida como el respeto y el fuero del que goza la inteligencia, la ciencia y la docencia para la creación autónoma del conocimiento sin interferencia y sin condicionamientos de los poderes plutocráticos y totalitarios.
Pero, en Colombia, república de leguleyos y rábulas, de tramposos y bandidos al acecho de los bienes comunes, las cosas han cobrado otro sentido y otra dirección.
Tanto las burocracias públicas como las privadas han armado una “soberanía” a la medida de sus aviesos propósitos y de las cadenas de corrupción que han prosperado en el negocio y las rentas estatales apropiadas para la educación universitaria.
Recientemente hemos elevado unos derechos constitucionales de petición al rector de la Universidad de Córdoba, señor Jairo Torres Oviedo, para obtener información respecto varios temas de la organización administrativa de dicha institución (contractuales, presupuestales, académicos, transporte, alimentación escolar y concursos), pero el silencio ha sido sepulcral.
No se ha dado respuesta a nuestra legítima demanda de transparencia sobre varios procedimientos a cargo del rector y las directivas, que tienen bajo su manejo millonarias cifras del presupuesto público girado por la nación, por del departamento y en las rentas que recauda dicha entidad de educación superior.
Muy grave y poco transparente el comportamiento de estos directivos que deberían ser ejemplo para la sociedad civil departamental en una región que ha sido escenario de descomunales escándalos de corrupción en los que aparece comprometida gran parte de la elite política de Córdoba.
Vamos a insistir en nuestros derechos de petición y su oportuna respuesta, pidiendo además el apoyo de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría y las veedurías ciudadanas existentes en Montería y el departamento.
Es inadmisible que un rector que se dice amigo de la paz y el buen manejo de los dineros públicos esté desconociendo las normas supremas de organización del Estado y sus estatutos reglamentarios.
Hacemos un llamado a la comunidad universitaria de dicho centro docente para que acompañen estas peticiones de transparencia y claridad en el gasto y la gestión administrativa de Unicordoba.
