Algunas personas me reclaman porque en mi última columna he dicho que las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria no son ni el fin del mundo ni el principio del apocalipsis, y que algunos de los aspectos sobre los que versaría la reforma me parecen importantes y me gusta muchísimo que se revisen. Pues hoy les contesto a esos críticos que no, no me volví uribista, ni estoy esperando que el presidente Duque me dé un puestico, pero sí conozco a las Farc, porque me correspondió investigar algunos de los peores crímenes que cometieron en el marco del conflicto, y estoy absolutamente convencida de que, precisamente por la estabilidad de la paz y la transición, necesitamos de una justicia seria, de una justicia que nos garantice la verdad y la no repetición.
Por ejemplo, es ilegal, es anticonstitucional, es inmoral y es una sinvergüencería que se les mantengan los beneficios a los reincidentes. Eso es inaceptable, y hay que modificarlo. Y es mejor que se haga ahora, y que sean los que se opusieron los que la objeten. Porque más tarde, ya no habrá derecho a la reversa.
Es ilegal, es anticonstitucional, es inmoral y es una sinvergüencería
que se les mantengan los beneficios a los reincidentes
Y les voy a decir por qué: el problema más grande que tiene Colombia es que la gente odia o ama pero no analiza, no pondera, no lee. Ha salido muchísima gente, y todos los medios de comunicación, a asegurar que este es el fin de la paz generando un ambiente de incertidumbre irresponsable.
Les pregunto: ¿Cuánta de esa gente ha leído el acuerdo? ¿Cuántos de los que están a favor, de los que están en contra, se han detenido a estudiar sus contenidos, o a conocer el fondo de las decisiones de la Corte Constitucional? ¡Ese es el problema! La gente salió a votar en contra o a favor de la paz con apasionamiento pero sin entender lo que estaban votando, porque es más fácil dejarse llevar por las iras del twitter o informarse a punta de titulares escritos por periodistas que tampoco han leído el acuerdo de paz, ni las sentencias de la Corte.
Y se les nota, se les nota demasiado que no han leído, porque si los que aconsejaron al presidente entendieran el alcance que tienen algunas de esas objeciones que están llevando a trámite, sabrían que son adversas, porque modificar esos contenidos abre unos boquetes legales que van a afectar a los militares y a los políticos que terminen respondiendo ante la justicia por su participación en el conflicto.
Gracias a Justicia y Paz supimos cómo los políticos en las regiones gestaron la creación de frentes paramilitares o llegaron a acuerdos con ellos para deshacerse de sus opositores. Ahora, con los militares compareciendo ante la justicia especial vamos a saber quiénes y cómo se les dieron las órdenes desde el gobierno central y por qué.
Este país jamás va a superar la guerra
mientras la elite política ¡se mantenga impune!
El general Rito Alejó del Río tiene toda la razón: los gobiernos han utilizado a los militares como han querido, los mandaron a hacer el trabajo sucio y se lavaron las manos. Han sido décadas de conflicto y es mucha la clase política comprometida en su desarrollo. Las convivir, por ejemplo, no se crearon por generación espontánea. Las convivir fueron creadas por el Decreto Ley 356 de 1994 expedido por el gobierno nacional de entonces con la intención de duplicar las rondas campesinas del Perú, y hoy sabemos que las convivir son el marco legal fundador del paramilitarismo. ¿Dónde se quedaron las responsabilidades políticas? Pues eso es lo que se tiene que conocer, porque este país jamás va a superar la guerra mientras la elite política ¡se mantenga impune!
La JEP, mis amigos, hace parte de un Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación, que es mucho más que un tribunal, y que juzgará a todos los sectores que participaron en el desarrollo del conflicto, no solo a las Farc. ¡Y ese es el detalle que importa! Feliz semana para todos
