“Exigir la despenalización del aborto es un acto de esperanza para las mujeres y niñas en las zonas rurales del país, y es necesario para la vida y la pervivencia de millones de mujeres que vivimos enjauladas en un sistema opresor patriarcal, que nos ha hecho daño por tantas décadas. Luchamos para que se nos reconozca el derecho a ser libres y a decidir sobre nuestros propios cuerpos como mujeres indígenas” (Jazmín Romero Epiayu).
Nos preguntamos ¿por qué cuando nosotras las mujeres decidimos hablar en voz alta y exigir que se despenalice el aborto en Colombia, tenemos que ser sujetas de todas las formas de violencia y discriminación? Esta violencia viene de parte de algunos grupos sectarios que, desde la política, la religión, la cultura y la cosmovisión creen tener una verdad absoluta, sin haber hecho ningún tipo de análisis profundo o una autocrítica sobre la situación de desigualdad social en que viven las mujeres indígenas, que día a día se levantan sin ningún aliento de esperanza para sus formas de vida, ni tienen la garantía del goce de sus derechos individuales y colectivos.
¿Qué significa la despenalización del aborto para la vida, dignidad e integridad de las mujeres wayúu?
El aborto siempre ha estado presente en la vida de las mujeres indígenas, hasta el punto que dentro de los sistemas tradicionales de salud se conoce un amplio repertorio de plantas medicinales que bajo distintas circunstancias son utilizadas con fines de anticoncepción y de interrupción de los embarazos, pero poco se habla del tema. Vivimos en una sociedad desigual y eso se evidencia en algunos indicadores socioeconómicos y de calidad de vida de las niñas, adolescentes y mujeres wayúu, sobre las que diariamente terminan recayendo algunos de los trabajos más pesados y menos valorados. El panorama no es alentador; a donde quiera que miremos, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, es una realidad lejana para nosotras.
No todas decidimos ser madres a temprana edad, ni tampoco decidimos ser violadas. Necesitamos mirar al interior de la cultura wayúu, pues nuestros proyectos de vida y sueños se están truncando cuando nos encontramos con un no rotundo al aborto, sobre todo en casos de violencia sexual y cuando nuestra salud se encuentra en riesgo. En la cultura indígena wayúu se dice que hay que engendrar para perpetuar la cultura que trasciende de generación en generación. En esta creencia tenemos diferencias absolutas; quienes piensan de esa forma desconocen y rechazan que nosotras como mujeres indígenas tenemos el derecho a la libre determinación de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Cuestionamos también el ocultamiento que las culturas indígenas mantienen hace décadas sobre las violencias basadas en género que sufrimos las mujeres indígenas dentro de nuestras comunidades. Infortunadamente se debe referir que muchas de las prácticas culturales consideradas tradicionales, terminan, ya sea invisibilizando o maquilando, las violencias basadas en género que cotidianamente tienen lugar en las comunidades. En este contexto, cuando el argumento del respeto y la pervivencia de la tradición lesiona los derechos de las mujeres, el desafío que tenemos por delante es hacer nuevas interpretaciones de la simbología colectiva y de los valores identitarios, de manera tal que se desechen sus atávicas visiones patriarcales.
Aunque poco se conoce, el aborto es parte esencial de la medicina propia basada en la sabiduría de las abuelas y los abuelos. Por eso es tan importante que deje de ser un tabú; necesitamos aprender a interiorizar los problemas y sufrimientos que aquejan a las mujeres indígenas. Algunas mujeres y niñas wayúu, en especial las que habitan en lejanas rancherías, no están preparadas para la maternidad y tampoco la eligieron; muchas de ellas son víctimas de violencia sexual, uniones y matrimonios tempranos y forzados. Además, la nociva práctica del incesto aún ocurre al interior de nuestro pueblo. Como si esto fuera poco, muchas de las mujeres y niñas desconocen sus derechos individuales y colectivos por la falta de oportunidades de acceso a información, educación y políticas de salud con enfoque territorial y de género. No en vano, en la población wayúu existe un 27% de analfabetismo según las estadistas del Dane, un índice bastante alarmante.
Esto nos llevan a revisar y analizar, las fuentes periodísticas como El Heraldo; en el mes de agosto del año 2020, en el municipio de Manaure, se denunció un caso de “violación sexual hacía un niño wayúu; cuando el menor y su hermano se bañaban en el río Ranchería acompañado de un joven de 20 años quien es cercano a la familia”. Al mismo tiempo, RCN radio de la Guajira, evidencia una violencia sexual a una adolescente indígena Wiwa de 15 años, el hecho se registró el día 13 de octubre 2020 en el corregimiento de la Junta – Sur de la Guajira. “El victimario entró a la vivienda de la adolescente hurtó varios electrodomésticos y abusó sexualmente de la menor”. Igualmente, en el año 2016, El Heraldo, reportó una investigación de la Fiscalía Seccional de la Guajira “Investiga un total de 38 abusos sexuales contra niñas y adolescentes indígenas wayúu, que habían sido violadas, por parte de personas cercanas a las familias, es decir; vecinos, padres, padrastros amigos”. Como MFNMW; hemos evidenciado una alta tasa de sub registro de casos de violencia sexual a mujeres, niñas y niños indígenas en el departamento.
Dicho de otra manera, desde las fuentes primarias, casos que representan esta realidad en las rancherías wayúu. Como MFNMW hemos recogido algunas voces, como el que tuvo lugar en una ranchería cerca de Maicao en el año 2019.
“Una adolescente wayúu de 15 años quedó embarazada producto de la violencia sexual por parte de su padre. Como consecuencia, la familia y abuela paterna de la adolescente tuvieron que dar “dote” a la familia materna de la adolescente por el daño irreparable a su propia hija. El MFNMW, no estamos de acuerdo con la práctica de la dote, ya que esta no repara individualmente y emocionalmente a las víctimas. Toda vez que la dote se reparte entre todas las personas que están presente durante la entrega y a la víctima no le queda absolutamente nada, solo el dolor irreparable. En este contexto es claro que desde ninguna perspectiva se puede permitir que se siga apelando a los usos y costumbres y a la tradición para encubrir o legitimar prácticas de violencia contra las mujeres, niñas y niños indígenas.
Así es como se resuelven los casos de violencia sexual dentro de nuestras comunidades. Sin embargo, nosotras queremos ser reparadas individualmente, cosa que no sucederá hasta que nuestros derechos sigan en el olvido. El anterior relato muestra la situación actual de muchas niñas y adolescentes indígenas wayúu. Vivimos en una condición permanente de vulneración, donde la justicia ordinaria y la propia “se tiran la pelota” y ninguna garantiza el restablecimiento de los derechos de las niñas. A esto se suma que no hay una ruta clara para abordar estos temas con enfoque étnico y de género en el departamento. Es bastante notoria la precariedad de la calidad de vida en las niñas, adolescentes y mujeres wayúu. Ellas difícilmente acuden a un centro hospitalario y, si logran hacerlo, sucede cuando su salud está bastante deteriorada. No es posible seguir ocultando las realidades sobre el pésimo servicio de los prestadores de servicios de salud como son las EPS indígenas y no indígenas que operan, supuestamente, bajo la lógica de salvaguardar la vida, la integridad de la salud y los derechos sexuales reproductivos de las adolescentes y mujeres indígenas.
La pregunta central es entonces: ¿por qué las mujeres wayúu interrumpen los embarazos? Por varias razones. Muchas no están preparadas para ser madres. En algunos casos los hombres, también wayúu, las abandonan emocional y económicamente y, en otros, el embarazo es producto de la violencia sexual, algo que ocurre de forma sistemática. Como producto de esta situación, muchas mujeres wayúu se ven obligadas a recurrir a abortos en lugares clandestinos, ya que los centros hospitalarios y las EPS no realizan ningún trabajo de seguimiento o sensibilización en derechos sexuales y reproductivos. Infortunadamente, el otro camino que les queda a las niñas y adolescentes es asumir, en condiciones de precarización y extrema pobreza y una maternidad forzada que nunca es vista como tal.
Así lo evidencia un caso que documentamos en el 2020 en otra ranchería aledaña al municipio de Maicao.
Se trata de una joven wayúu de 15 años que vivía con su padrastro y cuidaba a sus 3 hermanitos mientras que su madre trabaja en una casa de familia, por lo que solo podía visitarla los fines de semana. Su padrastró abusó sexualmente de ella y quedó embarazada, aunque no quiso decir quién era el padre, sus tíos maternos la obligaron a confesarlo a través de golpes con palo (Warraráá en Wayunaiki).
A pesar de que el aborto es legal en el país en casos de violación, la joven terminó asumiendo una maternidad que no quería. Como suele ocurrir en estos casos, la joven nunca tuvo información, no contó con acompañamiento institucional y muy probablemente la intervención del sistema normativo wayúu no se enfocó en el restablecimiento específico de los derechos de la víctima de la agresión sexual. El panorama de estas niñas y mujeres es aún más complicado cuando son víctimas de discriminación en sus comunidades. Y es que muchas veces las señalan de asesinas y las rechazan diciéndoles “que no son wayúu”, porque si lo fueran pensarían en la generación de nuestra cultura. Mucho se habla de la palabra “generación” sin tener en cuenta el valor y el respeto por la integridad de las mujeres. Nos cuestionan y nos imponen prácticas “machistas” cuando nosotras queremos ejercer el derecho a decidir qué queremos para nuestros cuerpos, basadas en la libertad y la autodeterminación. Nos comparan con cabras cuando realmente lo que queremos es respeto por nuestra autonomía para tomar decisiones.
Desde el Movimiento Mujeres y Niñas Feministas recorremos las trochas y los caminos para escuchar las voces de las mujeres y niñas como una fuente principal para nuestro trabajo. Hablamos con ellas para dar a conocer sus historias, esas de las que nadie habla en las grandes capitales. También hemos sentado palabra con algunos hombres dentro de la comunidad, y las conversaciones han sido interesantes, sobre todo con los abuelos, los tíos maternos, las médicas y médicos tradicionales.
Por nuestra experiencia y por las voces e historias que hemos recogido, podemos decir que la penalización del aborto es ineficaz y, además, nos pone en peligro porque genera un enorme estigma en nuestras comunidades. El aborto existe por simple y lógica razón, y es que las mujeres tenemos derechos humanos y uno fundamental es a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pero para poder ejercer nuestros derechos, es necesario que a nuestros territorios lleguen servicios esenciales que garanticen nuestros derechos sexuales y reproductivos, pues las mujeres indígenas también los necesitamos.
Finalmente, le preguntamos a la institucionalidad, sobre todo al ICBF. ¿Dónde están las políticas públicas para prevenir la violencia sexual, la violencia basada en el género y acompañada por una pedagogía intercultural?
