Es de público conocimiento que la financiación de los gastos de desplazamiento de los indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a Bogotá para participar en las marchas del 18 de marzo de 2025 ha generado amplio debate y especulación. Y el debate se centra en que el 13 de marzo de 2025 el Ministerio de Educación firmó un convenio con el Cric por 57.695 millones de pesos, destinado a fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Tres días después, el Cric anunció su participación en las marchas en respaldo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Según los medios de comunicación, Jhoe Sauca, consejero mayor y representante legal del CRIC, defendió el derecho de las comunidades indígenas a movilizarse y participar en las manifestaciones, subrayando la importancia de las reformas propuestas por el Gobierno para sus comunidades.
Reciente información sobre el Cric establece: “El Consejero Mayor del Cric, el movimiento político detrás de la Minga es de Kokonuco, Cauca, y la voz en el Congreso es la de Ferney Silva del Pacto Histórico. El líder de la caravana es Jhoe Sauca, del pueblo Kokonuco y Consejero mayor y cabeza del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, un movimiento que reúne 300 mil indígenas, la mayoría concentrados en el Cauca y quien fue un actor clave para lograr el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Suroccidente colombiano. De acuerdo con Daniel Briceño la suma de los contratos de la Organización nacional Indígena con el gobierno Petro es de 39.247.000.000 pesos.”
Hay acusaciones de que estas organizaciones han sido utilizadas como plataforma para algunos líderes que buscan cargos políticos.
Varias comunidades indígenas consideran que el Cric y la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia) no representan realmente los intereses de todas las comunidades, sino que están dominados por ciertos sectores o líderes. Se acusa a estas organizaciones de concentrar el poder y de no permitir una verdadera autonomía a los cabildos indígenas locales. Critican sobre todo la cercanía de estos organismos con el gobierno nacional o con sectores de izquierda, argumentando que esto puede influir en sus decisiones y en la forma en que representan a los pueblos indígenas. También hay acusaciones de que estas organizaciones han sido utilizadas como plataforma para algunos líderes que buscan cargos políticos.
La ciudadanía tiene derecho a ejercer control social sobre la gestión pública. Los dineros de los contribuyentes entregados a estas dos organizaciones, directa y a través de entidades como el Ministerio de Eduacación, no son sumas menores. El uso de dineros públicos debe ser transparente y toda entidad que reciba fondos del Estado, ya sea una institución pública o una organización social, está obligada a rendir cuentas sobre el uso de recursos destinados a programas, proyectos o transferencias. El hecho que el 13 de marzo el Ministerio de Educación firme un Convenio con el CRIC por 58.000 millones de pesos y que tres días después miles de indígenas con todo pago, incluyendo viáticos, se desplacen a Bogotá a respaldar al gobierno de Petro, lo lleva a uno a pensar que hay “gato encerrado”. ¿Se utilizaron fondos destinados a “fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)” para sufragar los gastos de desplazamiento de los indígenas a Bogotá? ¿Serán capaces tanto el Procurador como el Contralor de iniciar investigaciones? Algunos indígenas que por cierto, son culpables de inaceptables actos de vandalismo en la capital.
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