Los disturbios en la Universidad Distrital de Bogotá, desde el pasado 23 de septiembre, a los que se han sumado estudiantes de otras instituciones, nuevamente suman dos ingredientes relevantes: el reavivamiento del debate sobre la regulación de la protesta social y las arremetidas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Ahora, además de su función de mantener el orden, están entrando de nuevo en los campus universitarios, situación grave que buscaron eclipsar dimensionando la acción del vándalo que arrojó una papa bomba contra un cajero electrónico.
La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha insistido de nuevo en que la protesta social debe ser sometida a análisis y definir unos criterios específicos para su realización. Equipara regulación con actividades propias de Martin Luther King o de Mahatma Gandhi. Si son silenciosas, excelente. Y si, por casualidad, se limitan a ser estacionarias o plantones en espacios abiertos pero fáciles de cerrar, como la Plaza de Bolívar, muchísimo mejor.
De lo que no habla, es de la propuesta sobre la necesidad de considerar el desmonte del Esmad, que ha sido planteada desde el 2017. Alrededor del tema se ha escrito mucho y se han realizado movilizaciones en todo el país. Pero hasta el momento, nada.
La ley del embudo. Prevalecen las medidas represivas planteadas por el Gobierno Nacional frente a la necesidad de regular la intervención de la fuerza pública que se enfrenta a los estudiantes con armas, gases lacrimógenos y otros artilugios, mientras que los alumnos—de establecimientos secundarios y universitarios—asumen su defensa con barricadas y elementos prosaicos.
Ahora, no podemos ser ajenos al hecho de que muchas protestas están infiltradas por el vandalismo. Algunos, no son estudiantes. Otros cursan su formación profesional pero en aras de experimentar la adrenalina, se desdoblan. Son unos en las aulas, y otros cuando salen a la calle en una marcha. No son propiamente la madre Teresa de Calcuta en patineta y con audífonos. No obstante, no son la mayoría y, por tanto, no se puede generalizar.
La otra cara de la moneda
La otra cara de la moneda son las intervenciones violentas del Esmad desde su fundación. Nadie olvida, por ejemplo, dos casos emblemáticos y cuestionables:
El primero, la muerte del estudiante de la Universidad del Valle, Johnny Silva, el 22 de septiembre del 2005. Uno de los hechos relevantes: era un joven muy tranquilo, y en el momento en que ingresan los policiales, no pudo escapar porque tenía dificultades de movilización. Sin embargo, los acusaron de terroristas. Un falso positivo. Por estos hechos, la Nación en cabeza de la policía, fue condenada en junio del 2017.
El segundo, en el cual participaba como dirigente sindical, ocurrió el 1 de mayo del 2014. Cuando la marcha obrera, campesina y estudiantil arribó a las inmediaciones de la Estación de Policía del barrio El Guabal, en Cali, se produjo un bloqueo por parte del Esmad. Dispararon a diestra y siniestra gases lacrimógenos. Una de las balas impactó a la estudiante, Natalia Bernal, quien perdió uno de sus ojos.
El debate alrededor de la protesta social debe darse, no en términos coercitivos de prohibir su realización, sino desde la perspectiva de un sano análisis en el que las partes, incluyendo el Estado, analicen los errores que se han cometido, entre ellos, las acciones provocadoras del Esmad.
Con sus trajes y escudos intimidades y las armas que portan, protagonizan con los estudiantes batallas campales. Los unos, con posibilidades de golpear fuerte, los otros con piedras. Pelea de tigre con burro amarrado.
Entre tanto, siguen las protestas, arremeten las fuerzas especiales y la ministra del interior de Colombia asume la posición que siempre esgrimió Uribe en sus dos períodos de gobierno: victimizarse y culpar de todo lo malo a los manifestantes. Ay, Dios, lo que hay que ver…
