Con motivo de la reciente votación y aprobación de la reforma pensional se produjeron varios pronunciamientos, la mayoría de ellos coincidentes.
Coincidentes en que la reforma era necesaria e inevitable. Coincidentes en que varios elementos son positivos (la claridad en la delimitación entre lo obligatorio y lo opcional; la bondad de garantizarlas a todos los ciudadanos; el tope a los subsidios a las grandes pensiones; etc.); es decir que coincidieron en aceptar lo que de otra manera de nada serviría atacar como populismo.
Pero también coincidieron en que provienen de los mismos sectores opositores; y en que por eso lo cuestionan por el lado de la viabilidad o la idoneidad macroeconómica (no hay suficiente garantía de que alcanzarán los recursos; o las proyecciones fiscales y demográficas mostrarían que dentro de 15 años tocaría hacer una nueva reforma); coincidieron para ser concretos en plantear ‘análisis técnicos’ y en minimizar o desaparecer las condiciones que motivan la reforma, es decir las causas sociales que obligan a impulsarla.
Viendo esto desde una perspectiva de intereses comprometidos, salta a la vista que la renuencia a cualquier cambio que afecte el statu quo es lo que motiva el enfoque y la selección de argumentos para descalificar la Reforma.
Pero esto tiene dos dimensiones. Una la de la idea que manejar un país se reduce a buscar su estabilidad macroeconómica, y que, adicionado al supuesto de la bondad del libre Mercado como ordenador ideal de la sociedad, se garantiza el desarrollo económico (crecimiento del PIB) como panacea para todos los problemas sociales. Hasta cierto punto, es la defensa por inercia, incluso más que por convicción, del modelo neoliberal bajo el cual han sido gurús (e instrumento de los actuales factores de poder).
Que el manejo de un país es un problema técnico y no político da para más que un gran debate
Y el otro, consecuencia de lo anterior, que las decisiones de gobierno que se toman, deben ser en función de aspectos económicos y no políticos o sociales. Es decir que el manejo de un país es un problema técnico y no político. Y esto da para más que un gran debate.
Dicen que una metodología de estudio de algunas grandes universidades es la de tomar casos ilustrativos o ejemplos de buenos o también de malos resultados para concluir que lo importante no es aspirar a la mejor solución sino tomar decisiones en función de los objetivos que se buscan usando los elementos que se conocen, sin tomar en consideración eventualidades aún no concretas.
Si eso es así, nuestros graduados de esas universidades (que siguen ese ‘modelo Harvard’) aprendieron bien la metodología pero no la aplican para los propósitos de servicio público: lo que se fijan como objetivo es mantener su propia relevancia como poder dominante en la sociedad, pero no toman en cuenta los motivos o necesidades que caracterizan la urgencia de los cambios en el orden social. Su argumentación alrededor de análisis ‘tecnicos’ refuerza su propia posición pero no responde a las exigencias del conglomerado social.
Es obvio que ni la reforma pensional ni ninguna de las que se proponen llenan el requisito de ser el ideal. Pero tomarlas o adelantarlas es una decisión política que responde a las condiciones -posiblemente urgentes- de la situación que vive el país.
Apoyarse en que la teoría o la técnica dice la orientación, y peor aún, las medidas, que se deben tomar, es desconocer que vivimos en condiciones críticas de desigualdad, de violencia, de desempleo, de ‘descuadernación’, que deben ser tomadas desde las instancias políticas y no desde el autista mundo de los ‘técnicos’.
