El técnico del Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel y su estrella, Fabián Sambueza, han sido sancionados con 1 mes y medio de suspensión, 32 millones de pesos de multa y 5 partidos de suspensión y 22 millones de pesos de multa, respectivamente. El motivo fue pronunciarse en contra de dos decisiones arbitrales inexplicables, un penal en contra y un gol anulado de manera equivocada, que, sumadas a otras decisiones arbitrales anteriores erradas, los eliminó del campeonato.
La Resolución de la Dimayor utiliza como fundamento el artículo 72 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol que prohíbe pronunciarse en contra de las autoridades del fútbol colombiano. En general, cualquier declaración que afecte “la buena imagen” de los directivos será sancionada.
No está de más recordar que Luis Bedoya, ex presidente de la FCF, aceptó cargos de soborno y fraude en Estados Unidos y está a la espera de ser condenado y que, el actual presidente Ramon Jesurún, está siendo investigado por reventa ilegítima de boletería en un proceso que duerme en la Fiscalía, como la mayoría de los casos de presunta corrupción en Colombia. Este último también fue capturado y puesto de overol naranja en Estados Unidos por protagonizar una riña en un estadio de la Copa América este año.
En este contexto, no deja de hacer ruido una norma que pretende censurar cualquier expresión de denuncia o reproche para proteger una buena imagen que ellos mismos se han encargado de socavar. Máxime cuando el principal patrocinador de la liga colombiana es una casa de apuestas y 15 árbitros han sido expulsados por participar en apuestas y 2 equipos como el Unión Magdalena y el Boyacá Chicó han anunciado que sus jugadores están bajo investigación por la misma conducta. En este contexto, hay que pretender que todo está bien y todo quien se atreva a dudarlo recibirá todo el peso de la… ¿ley?
Este reglamento interno es un blindaje contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el control social. Todos tienen derecho a expresarse y a controlar el accionar de las autoridades. Estas son las garantías básicas de vivir en una sociedad libre y democrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que estas garantías incluyen la crítica y el reproche a instituciones públicas y privadas y que toda sanción que restrinja esta libertad debe ser revisada con lupa.
Por su parte, Transparencia por Colombia ha reseñado en varios estudios los riesgos y amenazas que enfrentan aquellos que deciden levantar la mano para denunciar, entre ellos, afectaciones a sus carreras profesionales y retaliaciones judiciales. Estas represalias no solo tienen el objetivo de castigar a quien osó a señalar una posible irregularidad, sino a desincentivar futuras denuncias por parte de otras personas. Esto crea el efecto perverso de que quien paga los platos rotos es el denunciante y que el contenido de la denuncia quede en segundo plano.
El país futbolístico fue testigo de la injusticia que llevó a Rafael Dudamel y a Fabián Sambueza a pronunciarse. Periodistas deportivos, sin distinción de camiseta o región, hicieron eco a las denuncias e incluso analistas arbitrales de renombre como Fabián Sanabria las validaron. Es preciso recordar que este combo de decisiones inexplicables no fue el primero que afectó al Bucaramanga, sino que fechas atrás también se anuló de manera errada el gol al último minuto del portero Aldair Quintana contra el Deportivo Cali, que le habría dado la vuelta al mundo.
El Atlético Bucaramanga, equipo que logró la épica al quedar campeón en el primer semestre con un equipo de “vengadores”, futbolistas rechazados por otros equipos, aún tiene competencia. Deberá enfrentar la semifinal de copa contra el América, pero sin sus dos baluartes: el técnico y el “10”. Esto no es solo lamentable para el mundo del fútbol, sino para aquellos que han trabajado en anticorrupción y protección a denunciantes, que ven una vez más que señalar lo que está mal o puede estar mal representa un precio altísimo para quien se atreva a hacerlo.
No obstante, habría que preguntarse si el Fútbol Colombiano es una isla o un paréntesis en el Estado Social de Derecho. El reglamento interno de la FCF no puede estar por encima de la Constitución Política y de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos. Sería interesante si el Atlético Bucaramanga o un colectivo de abogados bumangueses explora alternativas legales para revisar esta situación. De cualquier forma, de este caso saldrá un precedente claro, que hasta el momento parece ser el del oscurantismo, la censura y el amedrantamiento.
