En el Congreso comenzó la discusión del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque. Un periodo de sesiones extras fue convocado para adelantar su debate y varios congresistas ya están haciendo denuncias y reclamos en los sectores que les interesan.
En la sesión del 19 de febrero pasado, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la dirección del Departamento Nacional de Planeación fue interrogada sobre las metas de erradicación forzada y las explicaciones de los funcionarios de esa entidad dejan mucho que pensar.
En el plan, en el componente de “seguridad, autoridad y orden para la libertad” aparece la meta de erradicar de manera forzada “por lo menos 280.000 hectáreas”, unas 70.000 cada año. La representante Juanita Goebertus preguntó por qué se incluyó esa meta si en el país existen, según el SIMCI de Naciones Unidas, algo más de 170.000 hectáreas. La respuesta fue que como novedad tocaría erradicar más de lo existente debido a la resiembra. Lo que el gobierno tiene proyectado se resume en una primera intervención de Gloria Alonso, directora del DNP.
De inmediato, varios congresistas cuestionaron dicha meta señalando que entonces la estrategia no servía. Sin embargo, la respuesta intentó aproximarse a esta idea: “Toca considerar que por cada tres hectáreas erradicadas una se resiembra, lo cual lleva a que el gobierno proyecte una meta superior a lo que existe actualmente” y que quedó expuesta en esta intervención que quedó grabada.
En conclusión, si las cifras de Planeación Nacional son acertadas, al final del cuatrienio habrá algo más que 90.000 hectáreas con coca en el país a pesar del inmenso gasto empleado. No obstante, si la resiembra que se produce es igual a la vista por el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCCDI Global-INDEPAZ), en zonas como Nariño, donde la erradicación sin oportunidades asciende a veces hasta el 70%, la coca que habrá en el país, en 2022, será muy superior a lo que calcula el DNP.
Hay que considerar que el mercado mundial de cocaína está en expansión. Nuevos países están aumentando su consumo y por tanto hay más demanda, lo cual afecta a Colombia, país que se caracteriza por la destrucción de su aparato agrícola productivo y por la falta de opciones para los productores campesinos.
El Programa PNIS, un intento por atender a las familias que se acogieron a la sustitución voluntaria, también está cayendo en el ostracismo a pesar de la intención del Consejero de Estabilización Emilio Archila de querer “cumplir” a las familias inscritas en pactos de erradicación manual. De hecho, una de las denuncias de Juanita Goebertus al conocer el proyecto del plan fue que este no incluía el Plan de Inversiones del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, de donde se derivó el PNIS. En este punto específico, la representante denunció que según las metas del plan se contemplaba “graduar en sustitución” a 64.000 de las 99.000 familias que habían firmado acuerdos individuales. Esto quiere decir que se le incumpliría al 36% de las familias del programa.
Posterior a una primera reunión de Archila, con delegados de Farc para este tema, en la Junta de Direccionamiento Estratégico del PNIS, el Consejero Presidencial anunció que su intención es cumplirle ahora a las 130.000 familias inmersas en pactos colectivos, aun así, en el Congreso se conoció que no hay metas claras al respecto y tampoco se señalan las fuentes presupuestales para cumplir con dichas familias. De hecho, a través del Decreto 179 de Febrero 8, Duque reestructuró el Departamento Administrativo de Presidencia, eliminando la Dirección de Sustitución que había creado Santos y no le encargó formalmente sus funciones a nadie, aunque se dice que pueden pasar a la Agencia ART.
En la sesión citada, la directora de Planeación mencionó que la meta de sustitución voluntaria será de 50.000 hectáreas, de las cuales dijo, “ya se han erradicado 33.000”, por lo cual en lo que resta de mandato la meta es 17.000 hectáreas por este medio. Sin duda, una cifra pírrica frente a lo que se había calculado inicialmente con las mismas comunidades que se acogieron al Plan de Atención Inmediata del PNIS.
Es decir, las cifras confusas sí dejan claro que la prioridad para la administración Duque es erradicar a la brava usando al Ministerio de Defensa, militarizando aún más el ámbito de los cultivadores de plantas prohibidas y destinando más presupuesto a esta estrategia que a otras opciones como el PNIS. Las metas contempladas en el plan se reducen entonces a erradicación y más erradicación forzada, lo que culmina en choques con comunidad y violaciones a derechos humanos. Más de lo mismo, o como dijera un humorista, “lo mismo que antes”.
