En el manejo gubernamental de algunos sectores de la economía, especial y concretamente en el de gran minería, en Colombia se vienen cometiendo grandes y graves equivocaciones, que nos están llevando y nos van a llevar, si no se corrigen, a situaciones muy delicadas y complejas económica y socialmente. Me refiero a cuatro categorías de intervenciones gubernamentales que se diferencian así: 1. Unas que deberían hacerse y no se hacen. 2. Otras que crean posición de privilegio y favorecimiento a proyectos que no han sido estudiados. 3. Otras que, aunque parezcan legales y puedan estar dentro de la ley, corresponden obviamente a los inversionistas privados dueños del respectivo proyecto y no al Gobierno. Y 4. Las que se van contra la esencia democrática de nuestra Constitución Política de 1991.
La primera es la serie de averiguaciones que el Gobierno debería hacer antes de entregar una concesión con su título minero, sobre la experiencia, la calidad, el historial, la reputación internacional de quien está solicitando la concesión. Si esto se hubiera realizado como se debe, en años pasados cuando se entregaron extensos territorios, no tendríamos compromisos con la empresa que se ganó en el Foro Económico Mundial, en Davos 2011, el galardón Ojo Público que distingue a la empresa que el año anterior haya demostrado el peor comportamiento social y medioambiental, como, según se dice en Google, se lo ganó AngloGold Ashanti.
La segunda nace de una absurda falla del documento Conpes 3762 de 2013, en el cual se establecieron los lineamientos de política para el desarrollo de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, Pines. Son seis requisitos entre los cuales ni se menciona el más importante, que debería ser primero: tener Licencia Ambiental. Pero con esa distinción de Pines, obtienen alta prioridad y preferencia en trámites, lo que pone contra la pared a las autoridades ambientales. Es urgente corregir semejante error.
La tercera y muy grave equivocación es interpretar o utilizar la palabra promover como si dijera ejecutar. Promover es propio del Gobierno y solamente en la primerísima etapa, o sea, la de Titulación. Pero ejecutar es de los inversionistas, los dueños del proyecto. Y no es razonable y, tal vez tampoco legal, que el Gobierno actúe en esos campos como al decir a la prensa que “meterán a fondo el acelerador para dinamizar la operación de esta industria en el país” (ministra de Minas y Energía, Portafolio, julio 10 de 2019) y peor aún, entrar a demandar un acuerdo municipal que prohíbe la minería metálica, como sucedió hace unos meses en Jericó, Antioquia, (demanda de la Agencia Nacional de Minería ante juzgado) que frena la actividad preparatoria de AngloGold Ashanti en su proyecto Quebradona. Una entidad del Estado contra una autoridad territorial, con demanda que, por fortuna y con toda razón, fue nega
Y la cuarta, que por ponerla de última no es la menos importante: otorgar títulos mineros y promover e impulsar la ejecución de proyectos sin tomar en cuenta la opinión, el querer y el beneficio de los habitantes y sus comunidades con el falaz argumento de que el uso de los recursos del subsuelo solo lo puede disponer La Nación. El país tendrá que estar muy atento a que en la ley que se deberá discutir y emitir muy próximamente, no se vaya a prohibir o a minimizar el poder de las consultas populares, acabando con la participación ciudadana, es decir, con las bases de la democracia.
