En Colombia se intentan y se aprueban reformas políticas mas o menos cada seis años. Se discute una reforma meses antes de las elecciones legislativas, y se discute otra después de las siguientes elecciones. Cada una pretende tapar los huecos que dejó la anterior y dejará huecos que deberán tapar los próximos congresistas. Hoy, con la propuesta de reforma para el equilibrio de poderes, se pretende eliminar el voto preferente, para acabar con los personalismos, corrupción y los caciques electorales, que supuestamente se crearon con el voto preferente; y en el futuro, para enmendar las faltas de esta reforma, vendrá una nueva, que intentará reglamentar la democracia y la transparencia al interior de los partidos.
A la propuesta del gobierno responden el exsenador John Sudarski, la senadora Claudia López, la Misión de Observación Electoral y varios sectores afines, reclamando un sistema electoral mixto y dando largos debates técnicos con los que pretenden presumir antes que contribuir y ,que solo podrían ser importantes dentro de un verdadero sistema democrático, pero no en Colombia, donde poco importa si estamos jugando Monopolio o Tío Rico.
La más importante reforma política que se haya hecho en Colombia, desde que yo tengo memoria, no tocó temas como los distritos uninominales, las circunscripciones especiales de paz ni el voto electrónico, pero transformó definitivamente la política colombiana.
En 2002 Álvaro Uribe se convirtió en el primer presidente constitucional de Colombia que no fue elegido por el partido liberal o conservador; llevando a algunos a calificar al uribismo como un fenómeno político diferente, con mayor legitimidad que los anteriores. Pero en realidad Uribe, que en 2001 era un liberal más godo que los conservadores mismos, no era distinto, sus propuestas recogían el ideario del conservadurismo y sus colaboradores eran los mismos tecnócratas que venían gobernando Colombia en ese momento; en 2002 lo realmente diferente era el sistema electoral colombiano; transformado por siempre por el recorte a las transferencias territoriales, aprobado en el acto legislativo 001 de 2001.
El recorte a las transferencias cambió la política colombiana sin tocar los mecanismos de elección, las fechas de los comicios, la forma del tarjetón o los reglamentos internos de los partidos; realmente reformó la forma en que se asignan los recursos de la nación, disminuyendo los que daba el gobierno central a los gobiernos regionales e imponiéndoles a los gobernadores la necesidad rogarle al presidente para que invierta en proyectos para las regiones.
El recorte facultó al presidente para interferir en la política local y en la agenda legislativa, mediante la asignación de recursos. Los congresistas se convirtieron en lobistas pidiendo auxilios parlamentarios, mal conocidos como mermelada, que les permite conservar el poder en las regiones; y los alcaldes y gobernadores vieron recortada su autonomía por la falta de presupuesto. Así, el primer presidente 'elegido sin apoyo parlamentario' pudo consolidar en un mes la más grande coalición en el congreso que se había visto hasta esa fecha; solo superada por la Unidad Nacional que Santos consolidaría años adelante.
En 1999 los Partidos Liberal y Conservador no eran muy diferentes, no lo eran desde que los liberales del siglo XIX fueron asesinados en la Guerra de los Mil Días. A finales del siglo solo XX eran dos caras de la misma moneda, peleándose por los puestos y los recursos nacionales, en un contexto donde las transferencias les garantizaban presupuesto a alcaldes y gobernadores rojos o azules. El recorte cambió las cosas y la política se centralizó, ya no se trata de colores, de unos con el gobierno y otros en contra; con la mermelada sólo hay una opción: estar con el gobierno. Así, Uribe dividió al liberalismo, acorralándolo, dejándolo sin contratos ni ministerios, así fue sonsacando a la mayoría de sus integrantes para partidos políticos nuevos, pero obviamente con viejas ideas. En 2010, con un nuevo presidente, el Partido Liberal en pleno finalmente adhirió a la Unidad Nacional y en 2011 lo hizo el Partido Verde. La cúspide del unanimismo llegaría en 2012 cuando tres senadores del Polo Democrático trataron de reglamentar una ley que les permitiera renunciar al partido sin abandonar las curules, para así formar un movimiento político que incluyera a Angelino Garzón, en ese momento vicepresidente.
El punto de inflexión vino poco después; cuando el gobierno presentó el proyecto de reforma a la justicia que exoneraría a los investigados por la parapolítica; entonces solo dos partidos, el Polo y el Mira, ambos minoritarios, votaron en bloque no a la reforma. Sin embargo, ya que la reforma era descarada en exceso, las voces de protesta generalizadas se oyeron en todo el país, Santos objetó el proyecto y pidió al Congreso que lo hundiera, momento en el que varios representantes confesaron haber votado a favor de la reforma por pura fidelidad al gobierno; demostrando a la opinión pública que el unanimismo es sumamente peligroso.
En 2013 fue creado el Centro "Democrático" y las juventudes del Partido Verde decidieron abandonar la Unidad Nacional; en 2014 les siguió el Partido Conservador, creando la ilusión de que la era del unanimismo se acabó. Sin embargo, aunque digan lo contrario, conservadores y uribistas siguen actuando en bloque con la Unidad Nacional, y el unanimismo seguirá vigente siempre que existan los auxilios parlamentarios. Lo mismo pasa con las divisiones internas de los verdes y los polistas: persisten y persistirán mientras la aplanadora nacional siga en marcha.
El debate interno del Polo refleja esa situación: unos quieren ya mismo dejar de ser la "oposición eterna" y "retrógrada", mientras otros se enorgullecen por pertenecer al único partido que ha conservado asientos en el Senado sin haber recibido una sola coima del gobierno.
La democracia no existe en un país donde el gobierno puede comprar los votos de los congresistas y puede calumniar abiertamente a quienes no se dejan comprar; y no existirá mientras solo puedan hacer campaña quienes reciban plata del gobierno o las multinacionales, proscribiendo a los volantes, los afiches, los voluntarios y las organizaciones.
