Las altas cortes en Colombia son las principales responsables del descalabro institucional llamado reforma al equilibrio de poderes. Perdieron la credibilidad ante la opinión pública. La ambición personal resultó más fuerte que el deber de administrar justicia de manera transparente, imparcial y ajustada a derecho. Las coimas, los intríngulis, los sobornos y el nepotismo les hizo perder el horizonte. No son todos. Afortunadamente. Pero así funciona un modelo colegiado. La imagen de todos queda en manos de uno. Magistrados inescrupulosos sabían que echaban por el piso todo lo que sus colegas habían construido a pulso por conservar la confianza constitucional, y no les importó seguir en sus andanzas. Prefirieron el botín. Acomodaron laboralmente a sus familiares y allegados a costa de la dignidad que ostentaban. Saltaron como ranas de una corporación a otra. Llenaron sus bolsillos y pagaron favores políticos con nombramientos y sentencias. Jugaron con fuego y en un mal negocio hicieron pública su podredumbre. Los magistrados probos también resultaron comprometidos. Se les denuncia ingenuidad u omisión.
Las altas Cortes legitimaron el camino para una reforma al equilibrio de poderes y a la administración de justicia mediante un Acto legislativo, que en estricto sentido constitucional, se asemeja más a una sustitución. A la par que se adelantaban los primeros debates en el Congreso afloraba un nuevo escándalo, una nueva denuncia, una nueva amenaza o un nuevo soborno entre los magistrados. El llamado era claro en dirección a quitarle poder a las Cortes. Y al frente les esperaba un lobo feroz. Acechante y oportunista. El jugador de póker. El hombre del cálculo político sabía que tenía todo el camino despejado a su favor. El Congreso, por naturaleza y mayoría, comulga con sus intereses y el poder judicial no tenía aliento para discutir su muerte asistida y piadosa. El gran estratega entrega la reelección de un Presidente reelegido a cambio de trasladar, para sus arcas, el poder que le quitaría a las Cortes. Una jugada maestra vista desde el punto político y un retorno al presidencialismo en sentido constitucional.
Una jugada maestra porque lo que se vende a la opinión pública es que el Gobierno tiene el respaldo político suficiente para librar una reforma con la que se ha de resolver de fondo el empoderamiento de un sistema politizado, clientelista y corrupto que lideraba la rama judicial. Un retorno al presidencialismo constante y recurrente en nuestra manera de entender nuestra cosa política. En un acto presidencialista se instaló la reelección presidencial y en otro se elimina. Pero lo que a simple vista parece una concesión generosa, necesaria y que tiene por objeto enviar el mensaje de trazar diferencias con el Gobierno anterior, encierra un calado más profundo. Porque el poder que se le arrebata a las Cortes se endosa de manera directa o solapada en el ejecutivo.
La sustitución del Consejo Superior de la Judicatura por un Consejo de Gobierno Judicial involucra directamente al ejecutivo en asuntos disciplinarios y administrativos de la Rama Judicial, desvertebra el principio de autonomía de la administración de justicia y ubica a esta nueva corporación en las huestes del Gobierno que lo acerca más a un Departamento Administrativo que a un órgano autónomo. La subordinación explícita de la Gerencia de la Rama Judicial al Consejo de Gobierno Judicial y la modificación al sistema de composición de ternas para elección de Procurador General de la Nación y Defensor del pueblo, sumado al hecho de que el vicepresidente no queda inhabilitado para aspirar a elección presidencial, ponen en el ejecutivo un poder cada vez más concertado y peligroso mediante el cual se corre el riesgo de acentuar el desequilibrio de poderes que fue precisamente lo que quiso corregir la reforma promovida por el Gobierno y avalada en punto final por 55 senadores que vencieron a sus 17 oponentes.
En Colombia hay 102 senadores. ¿Qué pasó con los otros treinta en dicho debate? Se debatió una reforma de tamaña envergadura y muchos de ellos ni se dieron por enterados. Una oportunidad para demostrar que de haber querido hacer un verdadero y honesto sistema de equilibrio de poderes, se ha debido empezar por una voluntad institucional de abolir el ausentismo o la ineptitud de nuestros gobernantes.
John Fernando Restrepo Tamayo
Junio 18 de 2015
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