El manejo de los dineros de la salud ha sido muy antagónico. Desde hace años el gobierno nacional pasó el dinero del bolsillo derecho (presupuesto del sector) al del lado izquierdo (títulos TES). Buscando soluciones, este año inició con la puesta en marcha de dos estrategias: la primera, la Ley de Punto Final (a través de deuda pública cerrar la brecha de 7 billones entre EPS y prestadores); la segunda, los techos o mecanismos de presupuestos máximos (transferir el riesgo de lo no incluido en el plan de beneficios a las EPS).
Las EPS siempre han manifestado que el dinero que se recibe por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente, aun más cuando se financiaba las exclusiones del Plan de Beneficios (PBS) con los recursos del PBS (mientras el ADRES reponía la plata). El año inició con deudas y una brecha económica, pero para fortuna de estas se les apareció un salvador repentino: ¡la desafortunada cuarentena de ochenta días generada por el COVID-19!
Debido a esta pandemia se disminuyó de las modalidades de delitos en hurtos, lesiones personales, accidentes de tránsito y otros. Además, las medidas afectaron todas las dinámicas sociales, sumado a que las personas tienen miedo de ir a las clínicas y hospitales porque el primer foco de contagio son precisamente estas instituciones, ¡qué peligro! Esto se tradujo en menos cirugías electivas y programadas, la caída de la prescripción médica y el número de formulas entregadas (MIPRES), los servicios ambulatorios desocupados y la subutilización de la medicina especializada, entre otras. El 80% del gasto en salud es la enfermedad, ¡recordar a Lalone!
Lo anterior quiere decir que existe un ahorro generado en la atención médica, el cual se ve reflejado en una disminución en la facturación en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y, en especial, en el ingreso de los médicos especialistas independientes.
Según las cuentas gubernamentales, hasta abril 30 se han movido en el sector 5,1 billones correspondientes a ingresos y anticipos de presupuestos máximos realizados desde el gobierno nacional a través de la ADRES hacia las EPS. Estas destinaron 1 billón para inversiones, 1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de 4,1 billones (sin contra el gasto de bolsillo de los ciudadanos). De esta última suma, el 60% fue para IPS privadas o mixtas, el 17% para IPS públicas y el 23% para otros proveedores.
En el cálculo del presupuesto gubernamental del 2021 a ser pagado a las EPS se utiliza el análisis de suficiencia de la UPC, para ello se necesita la información del consumo de salud (enfermedad) del periodo anterior (2020). En otras palabras, la UPC se debe afectar y deben disminuir los recursos a girar el próximo año.
Se generan entonces las siguientes dudas: ¿a cuánto puede llegar el ahorro generado en las EPS?, ¿cómo se utilizarán dichos sobrantes por parte de ellas?, ¿cuál será el impacto en las IPS y profesionales de la salud independientes?, ¿cuánto dinero se destinará para el sector el otro año?
Sugerencia a las EPS, ¡usen bien lo ahorrado, vienen vacas flacas!
