Recientemente, el presidente de la comisión séptima del Senado Dr. Edilson Delgado, expresó su preocupación por el papel que vienen desempeñando las EPS en el País, en lo relacionado con las miles de quejas que constantemente están llegando a las instancias judiciales, denunciando el deficiente servicio que se está prestando a los usuarios en todas las regiones de Colombia. Manifiesta además que, por esta inoperancia, el sistema judicial se encuentra saturado y en últimas, no son los especialistas médicos los que autorizan, sino, los jueces y Magistrados los que están definiendo los procedimientos para los usuarios, después de pasar por miles de dificultades. Ante esta circunstancia, está proponiendo al País que, se ordene la liquidación de estas empresas y se cree otro modelo de atención a los usuarios, por entidades exclusivas que se dediquen a la atención, prevención y promoción entre los usuarios.
La medida oportuna que se puede desprender de este requerimiento, es muy importante y necesaria en los actuales momentos, puesto que, la ciudadanía está sufriendo en carne propia, todas las vicisitudes y actitudes dominantes y arrogantes por parte de los responsables de la prestación del servicio de salud y porque, el producto que están vendiendo a los Colombianos, no se compadece con las necesidades en materia de salubridad, pero, muy por el contrario, mensualmente cobran el porcentaje que corresponde por este concepto.
A las anteriores consideraciones, igualmente sería conveniente que el legislativo, proponga, la revalidación del sistema pensional y los procedimientos que se han establecido frente a los resultados, teniendo en cuenta la onerosa nomina que la articula en su parte administrativa. La idea no es, privatizar los operadores en pensiones como la UGPP (antigua Cajanal) y Colpensiones (Antiguo ISS) , como lo vienen pidiendo vorazmente los representantes de algunos gremios, sino que, se establezca un nuevo modelo para que sea más expedito para el tema de los trabajadores al momento de su retiro.
Porque la verdad es que, con estas entidades, está sucediendo lo mismo que con las EPS. Los jueces de la Republica son los que están decidiendo todos los aspectos que se reclaman en materia pensional, si tiene derecho a reajustes y si es posible aceptar o no, un determinado requerimiento.Hoy en día, en cualquier lugar de Colombia, no existe un solo pensionado, o si los hay son muy pocos, que no manifieste su necesidad de demandar la pretensión de un derecho. En este proceso, obligatoriamente les ha tocado asesorarse de un abogado, quien les cobra un alto porcentaje por reclamar sus derechos, y mientras se decide, sufren las penalidades de la espera sin fin a que han sido sometidos. La tragedia de un trabajador, empieza cuando se retira de la entidad en que labora y presenta los documentos a su operador pensional. Desde ese día empieza su auténtico suplicio, de juzgado en juzgado, recorriendo tribunales, implorando favores como si pidiera una limosna, rogando que lo atiendan para que se haga justicia. Así pasan largos años. Hasta que un día muere de vejez o enfermedad, o de ambas cosas, pasando necesidades, fiando en la tienda del barrio, escondiéndose del prestamista, sin que nadie le haya reconocido su legítimo derecho.
En estas condiciones, las EPS y los operadores pensionales, se han convertido en una carga bastante pesada para el sistema judicial. Desconocemos cuales son las poderosas razones para que, se hubieran apartado de solucionar oportuna y eficientemente situaciones gravosas de sus usuarios, desde los búnkeres en donde se apertrechan sus abogados, antes de someter a una persona adulta a la tortura indescriptible de esperar hasta que le reconozcan sus derechos. En estas entidades no saben o desconocen que, los que menos tienen tiempo para esperar son los enfermos y los pensionados.
