De acuerdo con el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), en Colombia a 28 de febrero de 2020, hay aseguradas 47.028.888 personas, de las cuales el 51,52% pertenecen al régimen contributivo y el 48,48% al régimen subsidiado en salud.
Hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto 457 de 2020, que ordenó el aislamiento preventivo obligatorio nacional (desde las 0:00 horas del 25 de marzo), la prestación de servicios en salud se venía realizando a través de los contratos suscritos con la red prestadora de servicios (IPS) contratadas por las EPS, que, independientemente de su forma (capitación, evento, PGP, paquetes, etcétera), deben reportar en su facturación los registros individuales de atención (RIPS), a efectos de verificar el cumplimiento de indicadores y frecuencias de uso, para posteriormente proceder con el pago.
Pero a partir del 25 de marzo, los ciudadanos entraron en una etapa de aislamiento preventivo obligatorio y al no estar el sistema de salud preparado para garantizar la prestación de los servicios a través de atención domiciliaria, servicios de telesalud o telemedicina, se ha disminuido notoriamente el uso de los servicios en salud, es decir, las IPS al no tener el flujo habitual de pacientes están operando en su gran mayoría a media marcha: se han aplazado las atenciones y procedimientos programados, los usuarios por elementales razones no están consultando en las instalaciones físicas y algunas han recibido instrucciones de sus contratantes de suspender la atención presencial de pacientes.
Es claro que para la última semana de marzo, lo que llevamos de abril y el resto del aislamiento, los servicios que habitualmente venían facturando las IPS a las EPS se van a disminuir considerablemente, sin afectar el ingreso de dineros a las EPS, pues hasta el momento de redacción de esta opinión (abril 23 de 2020) el gobierno no había hecho modificaciones al giro del dinero fijo (UPC) que reciben las EPS por cada afiliado asegurado (estimado mensualmente en cuatro billones de pesos, según reportes de la Adres), ni modificaciones al componente del gasto en salud de la misma, pero los cuatro billones sí están llegando mes a mes y de manera anticipada a las EPS.
Entonces las grandes beneficiadas de la pandemia han sido precisamente las entidades llamadas a contenerla, las EPS, quienes han guardado un silencio sepulcral por estos días, con la complicidad del gobierno y la Supersalud, mientras que las IPS y el talento humano en salud se debaten entre la falta de recursos para garantizar la prestación en salud, elementos de bioseguridad, pago oportuno y justo de salarios, y la imposibilidad de ampliar su capacidad instalada, por lo que se requieren urgentes directrices del gobierno en el giro a las IPS de los recursos recibidos por las EPS, para que las primeras puedan brindar la atención en salud manera adecuada y oportuna, de lo contrario se nos puede colapsar la capacidad de respuesta ante la COVID-19 y disparar la morbilidad de otras patologías.
