Dice Wikipedia que “desde 1993, más de 100 Entidades Promotoras de Salud (EPS) han sido liquidadas en Colombia tras ser intervenidas… En el Gobierno de Gustavo Petro van intervenidas: Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Savia Salud, Sanitas, SOS EPS, Nueva EPS, EPS Familiar de Colombia, Capital Salud, Capresoca, Fondo de Pasivo Social y SOS Comfandi. Estas EPS concentran 25,2 millones de usuarios, mientras que las que siguen vivas tienen 10,4 millones, según el Ministerio de Salud”.
Las superintendencias son organismos de la rama Ejecutiva que se encargan de la inspección y vigilancia de entidades, personas o procesos, es decir, vigilan que las empresas funcionen bien, cumplan su objetivo social y se aparten de la corrupción. En caso de que no se logren los correctivos, pueden liquidar dichas empresas. Ni en los anteriores, ni en este Gobierno “del Cambio”, se ha logrado un proceso exitoso en el que una EPS intervenida por la Superintendencia de Salud ofrezca un mejor servicio a los usuarios –no son pacientes–.
De las intervenciones en este Gobierno, hay tres significativas –Famisanar, Sanitas EPS y Nueva EPS– que, por afiliados y cobertura, han causado un impacto negativo en el servicio: Una cita para un médico general puede tardar hasta 15 días, para un especialista más de un mes y para un proceso quirúrgico de baja complejidad, tres o más meses.
En el caso de la entrega de medicinas es aún peor: Generalmente quedan pendientes las medicinas más costosas, qué si llegan, demoran quince a treinta días, juntándose con la entrega del mes siguiente, por lo que estas EPS administradas por el Gobierno ordenaron que les cambien las medicinas a los pacientes, causándole lesiones a los “usuarios”, que sienten cómo los dejan morir por falta de atención a enfermedades que en otras partes del mundo tienen resueltas en sus protocolos. Miles de colombianos siguen muriendo anualmente por negligencia y los negociados en muchas de estas EPS.
Pero la tapa es que en el Gobierno “del Cambio”, haya puesto al frente de las intervenciones a algunos corruptos. Los medios de comunicación informaron el 5 de este mes sobre “malos manejos en cuatro EPS del país, entre ellas tres intervenidas”.
La denuncia la hizo el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, motivo por el cual el Gobierno de Petro le pidió la renuncia: “Presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por las 3 EPS intervenidas, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud (no intervenida)..., la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”, señaló un comunicado del exsuperintendente. También indicia a César Augusto Sánchez Gutiérrez, nombrado por el Gobierno “del Cambio”, interventor de Emssanar, por su implicación en otro presunto desfalco.
Por estos motivos, el exsenador Jorge Robledo pidió la renuncia de Laura Sarabia, directora del DAPRE, “porque tuvo el descaro de exigirle la renuncia al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en razón de que este, con pruebas en la mano, le solicitó a la Fiscalía que investigara por corrupción a cuatro EPS, casos que ya están en proceso y de los que deben salir acusaciones penales”.
¡Mientras Petro tolera los desfalcos, los pacientes sufren, y hasta mueren por falta de atención!
