A pesar de la lucha de la población por el desmonte del meganegocio que involucra dinero por billones, los sectores mayoritarios del Congreso y su gobierno deciden maquillar esa ley manteniendo su naturaleza, para calmar a los pendencieros. Un informe del pasado mes de julio de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) indica que en junio de 2020 se giraron $4,02 billones a las EPS, centros médicos y proveedores de servicios y tecnologías. Los dineros provienen de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es la prima que se reconoce anualmente a las EPS por cada usuario por el Plan de Beneficios en Salud, asista o no al médico, que para el régimen contributivo en el año 2020 es de $892.591,20. Los recursos proceden a su vez de los descuentos que les hacen a salarios y pensiones de los colombianos y del rubro del presupuesto. Según Consultorsalud, en un artículo del 10 de julio pasado, “entre enero y junio de 2020, la ADRES ha girado a las EPS $24,05 billones para el aseguramiento de los afiliados, distribuidos así: $12.54 billones para el régimen contributivo; $11.51 billones para el subsidiado; y $387.252 millones para licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela". O sea, las EPS tienen los bolsillos llenos.
Pese a ello se cumple lo que dijo el candidato presidencial Jorge Enrique Robledo: "En Colombia mueren más personas víctimas de la Ley 100 que por todas las violencias"; en estos momentos algún "cliente o usuario" está falleciendo postrado por la falta de atención de citas, procesos quirúrgicos o no entrega de medicinas, por enfermedades no relacionadas con la pandemia. En cuanto a esta, mueren por la demora en la realización de las pruebas de COVID-19, la entrega de los resultados y el acceso a los respectivos tratamientos. El procurador Fernando Carrillo dijo: “Tenemos cientos de denuncias acerca de cómo se dan unos retrasos inexplicables en la entrega de pruebas; en muchos casos han llegado cuando los pacientes han fallecido... Hay casos hasta de 72 días de demora... Las EPS tienen que cumplir con esta obligación legal". Sí, es cierto, ¿pero qué les sucede?, ¿SuperSalud? Nada.
La Defensoría del Pueblo, también el pasado mes, dijo que "en Colombia presentan una tutela cada dos minutos y medio para reclamar por el derecho a la Salud. 85 % son para pedir elementos del Plan de Beneficios... Se interpusieron 207.368 tutelas para amparar el derecho de salud en 2019, un 34 % del total de 620.257 acciones de este tipo. El derecho de petición, con un 39 %, fue el más reclamado. Los servicios más exigidos están relacionados con cirugías, tratamientos y procedimientos (98,4 %), elementos sociosanitarios (73 %) y medicamentos (72 %)”. Lo cruel es que las EPS se burlan de la tutela: saben que un "carcelazo de uno o dos días y una multica" les aseguran las utilidades a coste de la vida, en medio de la absoluta impunidad. Pero además les esquilman a sus "clientes-usuarios" los tratamientos de prevención, quedándose con los recursos, motivando la reaparición de enfermedades erradicadas. EPS (empresas en concierto para saquear), ¡negocio criminal!
