La Colombia económica y social que creíamos tener antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, resultó más comprometida de lo que nuestra difícil situación lo ameritaba. Quizás la fuerte reacción de la juventud durante el gobierno Duque, calificada entonces como terrorista por las autoridades y altos estamentos de la sociedad, retrataba más fielmente las graves dificultades por las que entonces habíamos entrado.
Y las dificultades no se limitaban a las que pasaban, y pasan, buena parte de los colombianos, sino que estas se centran en especial en solucionarles los problemas financieros y hasta de quiebra por los que atraviesan empresas privadas, que estábamos convencidos que 34 años largos de bonanza neoliberal las tendrían fuera de cualquier preocupación.
Pero lo que hemos visto desde que el gobierno progresista del Pacto Histórico llegó al poder, es el rosario ininterrumpido y cada vez más acuciante de los gerentes, gremios, empresarios, ingenieros con barnices de economía y exfuncionarios de todos los gobiernos anteriores, analistas económicos de toda laya y tanques de pensamiento que los acolitan, que un día y otro también, mes tras mes, y, año tras año, declaran estar al borde de la quiebra y amenazan con suspender actividades debido a los billones de pesos que les adeuda el Estado.
Amenazas veladas que intercalan con consejos científicos de que se apropian estos gurúes, para indicarle al Presidente que -siendo los que de verdad saben de gobierno y finanzas- descalifican su gobernanza, y que según sus cálculos irremplazables en todos los sectores, estamos a horas de que el país se apague, que los suministros de gas están fríamente calculados para quedarnos sin él, que Ecopetrol va a la quiebra y con él el país, que el Niño llegaba antes de mar y que en junio ya no tendríamos una gota de agua para subsistir.
Que de no estar cañando, simplemente le quieren recordar a un gobierno que no los ha atendido como se venía haciendo, y, por el contrario, les ha enrostrado sus inamovibles contratos y comisiones con instituciones oficiales para manejar temas puntuales de la economía, donde terminan, suceda lo que suceda con el resto del país, siendo favorecidos, mientras sus clientes o suscriptores, entre ellos los más pobres, terminan pagando el pato.
Lo que hoy se deduce del debate entre 3 EPS y el gobierno, es que estas alegan su tendencia a hacerse insostenibles financieramente, dado que no se les reconocen mejores pagos por capitación, gracias a los servicios especiales que prestan a algunos de sus afiliados, sin que se conozcan la razón ni el cómo de aquellos.
Un procedimiento contrario de lo que sucede en otras EPS que permanecen funcionando bajo los requerimientos establecidos y teniendo balances económicos positivos, y en las cuales se han atendido casos difíciles como diversidad de cánceres con resultados por lo regular favorables para sus víctimas. Pero lejos de haberse convertido en sinónimo de tratamientos especiales que resultaran específicamente costosos, y sin que estos contaran con el beneplácito previo del Estado, quien es quien hace el contrato y pone la plata.
El auto predicamento de ser Sura, Sánitas y Compensar, las mejores EPS, por cuenta del manejo oneroso de algunas enfermedades especiales, obligaría a las que no lo hacen a entrar en una competencia abierta e irregular donde, primero el Estado no tendría cómo pagarles por los excesos en que incurrieran, y, segundo, porque probablemente quedarían al margen de los servicios una buena proporción de enfermos normales y sobre todo de medicina preventiva, de urgencia crucial para un sistema de salud sostenible.
La verdadera muestra de calidad de una EPS, es que fruto de su manejo virtuoso de varios años -porque tienen varios años de funcionar- pudiera decir que atendió casos extremos de alto costo, gracias a la productividad y avance tecnológico de sus hospitales, clínicas, IPS, laboratorios, consultorios, etc. -algunos de los cuales son parte del patrimonio de las EPS- y sin que estos resultaran colocándola de hecho en situación deficitaria -lo que sería de hecho un mal manejo previo- para presionar al gobierno con el pago de cuantiosas deudas.
Quizás en gobiernos neoliberales pasados se permitieron manejos irregulares que pudieron hacerles pensar a las indiciadas que salirse de los topes acordados con el gobierno no representaba obstáculo mayor, y que solo adjuntar las facturas altas por los servicios prestados daba para que la plata extra gastada les fuera rembolsada. Al fin y al cabo, en regímenes economicistas -y en particular los de Latinoamérica- el Estado se encuentra sometido a los intereses del capital no solo nacional sino internacional.
Por ahora sabemos que el ministro Jaramillo no ha aceptado ni las amenazas de suspender el servicio de salud de las predichas y tampoco las cuentas que por estas y otras deudas viejas le han presentado. Sin embargo, en el afán del gobierno está que, sin existir una enfermedad general o epidemia que lo amerite, dichas cuentas no pasarán. Y menos se constituirán a futuro en medida importante para elevar el valor de la Unidad Por Capitación (UPC) que pretenden prolongar estas empresas promotoras de salud.
Una muestra irrefutable de que las cuentas del sector no son todo lo fiables que predican, es el caso particular de una IPS que adelanta tratamientos especiales para una enfermedad sin duda de algún costo, y en general dignos de agradecer por sus resultados de salvarle la vida a la mayoría de sus pacientes.
Pero que, en su problemático desenvolvimiento, deja muchas cosas qué desear. Bien sea en la ejecutoria de sus concurridas terapias, en los procesos adjuntos en lugares exentos de decoro y limpieza, en sesiones demoradas con exceso de tratantes en recintos pequeños y sin aire, o procedimientos repetidos y dolorosos por descuido o falta de experiencia de sus operarios.
Dificultades inducidas, en parte, por el laberíntico e incómodo diseño diario de sus instalaciones, no por estar en permanente obra, que lo están, sino por una menos apostólica misión como es la aparatosa adición de edificaciones antiguas adquiridas por los dueños, socios, etc., para agrandar las iniciales.
Una actuación que no está para, ex profeso, condenarla, pero que sí deja ver que tras su objetivo altruista, corren los deseos por parte de sus gestores de capitalizarse a marchas forzadas, contando -que es lo que se espera de quienes no gozan del músculo financiero ni de la tradición de las nombradas- con buena parte de los dineros logrados ya como ganancias.
Una prueba elemental que permite deducir con claridad que los aportes del gobierno al sistema son suficientes, y lo hace una IPS que atiende enfermos especiales de alto costo con resultados efectivos, al tiempo que suma nuevas construcciones fruto de los mismos ingresos, sin caer en deudas con el sistema. Lo harto es que lo haga a veces con descuido de sus pacientes.
