Yo, Gustavo Enrique Ortiz Clavijo, debo hacer una cronología de mi caso para dar entender el viacrucis que tenemos los docentes públicos con el sistema de salud en Colombia. En mi caso, con la EPS Colombiana de Salud.
El 30 de marzo de 2016 en la Clínica Medilaser de Tunja me fue diagnosticado un carcinoma escamocelular en talón izquierdo derecho. Esta zona es la de mayor esfuerzo y rozamiento para la locomoción y el riesgo de amputar pie me lo ha dicho cirujano encargado de mi caso.
Después de frustradas gestiones, se pidió cita para el 6 de mayo en el Hospital San José Centro en Bogotá. Llegué tarde, pero entré por urgencias donde ni corrobaron convenio ni atendieron. ¿Quería Colombiana de Salud que me devolviera a rastras hasta Tunja? Como pude llegué al Hospital Infantil San José y al pasar un triage vieron que era grave mi situación. Hoy día no puedo pisar por la inflamación de mi pie motivada por el carcinoma. Me hicieron biopsias y exámenes correspondientes y me controlaron una infección urinaria para que haya buen proceso en la resección e injerto urgentes. Faltaba una resonancia para entrar a cirugía y el médico dijo que corría riesgo de amputar mi pie porque el tumor ya dañó algunos músculos de la zona. Ahora la EPS a la que estoy inscrito no autoriza y se niega a pagar las cuentas. Además, le mintió a la Personería de Bogotá, el pasado jueves, al decir que ya hablaba con el hospital para hallar una solución. A la Defensoría de Boyacá también le toma del pelo. A finales de febrero bloquearon una operación glútea que necesito y ante el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Tunja mintieron diciendo que ya se había hecho.
Si aumentan mi discapacidad y pierdo mi pie, haré un proceso civil por dañarme mi futuro laboral. Tengo 37 años.
Exijo la colaboración inmediata de Supersalud y Defensoría y colectivo de abogados de corazón.
Señora ministra Parody: por estas razones me aburrí de ser docente oficial.
