Está claro: el problema radica en la intermediación de las empresas “promotoras de salud” (EPS) que día a día nos convencen más de su inoperancia, de su habilidad para manejar de forma corrupta los recursos, y que dan lugar a que la cuarta parte de tutelas interpuestas en Colombia estén encaminadas a reclamar los servicios que se niegan a prestar, seguramente movidas por la filosofía que cimienta su quehacer y que obedece al pie de la letra las palabras que con un optimismo descarado fueron manifestadas por Juan Luis Londoño de la Cuesta, uno de los gestores de la ley 100 de 1.993 al ser esta aprobada: “Bienvenidos al negocio de la salud”, manteniendo así una impecable armonía con el lema del gobierno de turno “Bienvenidos al futuro”.
El problema radica en que sus ganancias están directamente relacionadas con retrasar injustificadamente los pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), llevándolas a un desangre permanente que termina por volverlas inviables, cuentas de cobro que finalmente son asumidas en una mínima parte por el Estado, dejando el resto a la deriva, como para acabar de engordar la gallina de los huevos de oro.
El problema radica en que su jugosa rentabilidad depende de lo que no entregan, de lo que niegan, de lo que no gastan —como todo “buen” negociante—, de las infinitas y sucias marañas que inventan para dilatar esa tramitología absurda hasta que aquel pobre paciente (y su familia) cae en el desgaste, en la desesperación, en el cansancio de luchar contra la corriente que le ahoga y entonces se vea obligado a correr con los gastos de una o muchas consultas, uno o muchos medicamentos, uno o muchos procedimientos de su propio bolsillo —con todo lo que ello implica en un país en el que el cerca del 50% de la población devenga menos de un SMMV— y si no hay para tanto, tenga que asumir la patología en un sistema que desplaza la responsabilidad de enfermar a quien la padece y lo culpa y lo mata, derivando en cifras que hablan por sí solas: Colombia, un país con 53% de mortalidad evitable1.
El problema radica en la tibieza de las medidas gubernamentales que se adoptan para dar un tratamiento efectivo a este cáncer que carcome nuestra sociedad, para exterminar de una vez por todas este cadáver putrefacto que no permite un remiendo más. El problema radica en mantener esa actitud pasiva, indolente y criminal, contraria a toda evidencia, que pretende tapar el sol con un dedo y continúa aplicando medidas que han demostrado desde todo ángulo quedarse terriblemente cortas (intervenciones, liquidaciones, leves sanciones). Esto no se convierte en algo más que en actos irresponsables e irrespetuosos con la dignidad humana, una burla a la vida misma, como si fuera poco el sufrimiento propio que desde todas sus dimensiones implica el hecho de enfermar, como si no fuera la salud la fibra más sensible y delicada de la humanidad.
1Instituto Nacional de Salud, Observatorio Nacional de Salud, Tercer Informe ONS: Mortalidad evitable en Colombia para 1998-2011. Página 6. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., Colombia. 2014
