La tormenta se desató con el anuncio del alcalde y el gerente de EPM Álvaro Rendón, de la demanda que interpondrá a constructores, interventores y aseguradoras vinculados al mega proyecto de Hidroitaungo, sin haber consultado a la junta directiva. La reunión extraordinaria de esta mañana fue breve y claramente el Alcalde estaba preparado para la renuncia masiva, que recibió sin escozor. Es más dejó claro en este trino que su estrategia jurídica contra Hidroituango sigue en firme y concluye diciendo: ¡Adelante gerente!
Estrategia jurídica de EPM en Hidroituango tiene como único propósito proteger el Patrimonio Público que con tanto esfuerzo construyeron nuestro abuelos. Adelante Gerente.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 11, 2020
El más antiguo de los miembros de la junta es Gabriel Ricardo Maya, quién está desde 2006. Como él, otros cuatro de la recién nombrada junta de EPM en la administración de Daniel Quintero, a comienzos de este año, también vienen de atrás. Dos de ellos, Manuel Santiago Mejía y Andrés Bernal Correa, hacían parte de la misma cuando en 2015 se aprobó el plan de aceleración con el consorcio CCC, que buscaba poner a funcionar la primera unidad de la hidroeléctrica a finales del 2018 como estaba programado en un principio y que es el punto en discordia frente a la causas que ocasionaron la crisis en la obra de infraestructura hidroeléctrica más grande del país.
En 2016 ingresaron otros dos de los miembros actuales, Javier Genaro Gutiérrez y Elena Rico Villegas, a quienes les tocó hacerle frente a la contingencia en 2018. Este año entraron Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara y Oswaldo León Gómez para conformar la hasta hoy junta presidida por el alcalde Daniel Quintero Calle. Esta fue la carta de renuncia de los ocho miembros:
Gabriel Ricardo Maya ha estado presente desde el contrato tipo BOOMT (Build, Operate, Own, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), que EPM suscribió con la Sociedad Hidroituango en 2010 para la construcción de la hidroeléctrica y por tanto, la contratación con el consorcio CCC para que le construyera la represa en agosto de 2012. El consorcio lo integran Construções e Comercio Camargo Correa S.A., de Brasil -involucrada en el caso Lava Jato, junto con Odebrecht- y las colombianas Conconcreto y Coninsa- RamónH. Hoy demandadas por EPM en conjunto con el Consorcio Ingetec y Sedic y las aseguradoras Suramericana y Chubb Seguros.
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