Le sugiero ponerse cómodo y acompañar la lectura de la entrevista con café caliente. Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido por su nombre de guerra Jesús Santrich, es uno de los negociadores del proceso de paz en La Habana, fue congresista y pasó 400 días en la cárcel sin ninguna prueba en su contra por un montaje judicial del gobierno de Estados Unidos a través de la DEA.
Desde la clandestinidad nos cuenta sobre la Segunda Marquetalia, detalles poco conocidos de la entrega de armas, del Partido de la Rosa y como él afirma: “de personajes oscuros como Timoleón Jiménez y de Carlos Antonio Lozada”.
Sasha Yumbila Paz: ¿Qué son las FARC-EP, Segunda Marquetalia? Hay varias expresiones que se llaman FARC, se percibe en el país una marcada contradicción de los que nunca se acogieron al proceso de paz y los que entraron al proceso, luego se salieron y fundaron la Segunda Marquetalia. ¿Por qué las contradicciones si las raíces son las mismas?
Jesús Santrich: Las FARC-EP, Segunda Marquetalia, son una organización guerrillera revolucionaria, comunista, de ideología marxista, leninista y bolivariana. En tal sentido, son una estructura esencialmente política, lo cual implica ser un partido, y en tanto, asumimos la vía armada de la lucha por nuestros propósitos mayores, nos constituimos también como ejército, con una línea de mando jerárquica y una disciplina militar tal que quien milite con nosotros debe acogerla voluntaria y conscientemente antes de dar el paso a su vinculación como integrante.
La sigla tiene el mismo significado que la de la organización insurgente originaria; es decir, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, porque somos continuación del mismo proyecto fundado y conducido durante décadas por los Comandante Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. En lo esencial marchamos bajo las directrices de las mismas concepciones estratégicas y programáticas, ajustadas a las variaciones de la realidad nacional e internacional, a lo que se agrega la nueva situación que se configuró con la firma del fallido acuerdo de paz de La Habana, con la traición del mismo y las consecuencias adversas, de descrédito a la buena fe, del pacta sunt servanda, del valor de la palabra empeñada y del diálogo como instrumento para la resolución de conflictos que generó la perfidia institucional. Se trata de puntos de vista diferentes en el manejo de la política, pero que de fondo no entrañan, en lo que a nosotros concierne, aspectos de orden ideológico, porque no se trata de que unos u otros hayan cuestionado en algún momento, por ejemplo, la legitimidad o la pertinencia de la lucha armada o de los propósitos estratégicos en cuanto al establecimiento de la justicia social, la construcción del socialismo y la conquista del comunismo. Eso nunca ha ocurrido, al menos en lo que respecta al sector insurgente que adelanta el proyecto Segunda Marquetalia. El asunto de quiebre, a mi entender, fue más de orden táctico, referido a la forma de adelantar la lucha en el momento específico que se estaba viviendo cuando la dirección de entonces tomó la determinación de sentarse en la mesa de conversaciones con el gobierno. Eso obedecía a una pauta estratégica concebida a través de nuestra historia de lucha, consistente en que la salida dialogada al conflicto era parte principal de la visión estratégica fariana, con la precisión sí, de que a esa salida a la que jamás nadie internamente se opuso, nunca tampoco nadie que se considerara genuinamente marulandista la pensó incluyendo la entrega de las armas, y menos con la rendición de los principios comunistas de origen, que es donde está el problema de lo acontecido tras la firma del acuerdo. Sobre tal aspecto nodal se presentó una distorsión que nunca contó con el beneplácito de quienes retomamos las armas, sino que fue impuesta con la manipulación de la línea de mando, la disciplina militar y la subordinación, al grueso del Estado Mayor Central y de la guerrillerada, por un sector entreguista que hoy por hoy está muy en evidencia.
Contra ese sector se hicieron enconados debates que no son de suficiente conocimiento público y que son casi que de nulo manejo de lo que era la mayoría de las bases guerrilleras. Los puntos de choque con el sector entreguista se pusieron en evidencia sobre todo durante la Décima Conferencia, cuando la desarticulación del despliegue estratégico ya era irreversible y en el Congreso Constitutivo del Partido de La Rosa, cuando el desarme militar ya se había dado y se comenzaba a evidenciar con más fuerza el desarme ideológico.
Entonces, como usted lo ha dicho, aunque con las mismas raíces, se perciben contradicciones entre las FARC-EP Segunda Marquetalia y otros sectores que también se denominan FARC pero que nunca se acogieron al proceso de paz como sí lo hicieron los primeros. Quizás ese es el punto principal de las diferencias, el haberse acogido o no al acuerdo, lo cual no constituye de ninguna manera una contradicción irreconciliable así de ella se desprendan otras. Pero para resolverlas hay que sentarse a dialogar, que es lo que todavía no ha ocurrido pero deberá ocurrir, y quizás por ello existen malos entendidos o desconocimiento de lo que fue nuestra posición durante las conversaciones, a las cuales los que fuimos lo hicimos por una decisión no personal sino de la Organización, y de cual fue nuestra firme actitud consecuente con la línea revolucionaria después de la firma del acuerdo. Y existen estos desconocimientos, sencillamente porque la comunicación en una organización jerárquica y compartimentada como lo eran las FARC, la manejaba el mando superior, y cuando ya se expandió la posibilidad del debate abierto la traición era un hecho tanto por parte del gobierno como por parte de sector entreguista que desafortunadamente, en gran medida, siguió conduciendo al partido de La Rosa, ahogando la crítica con la estigmatización, la segregación de los contradictores y hasta con su expulsión. Todo lo cual, sumado a la determinación que tomó Iván Duque de hacer trizas el acuerdo y de continuar las políticas contrainsurgentes de exterminio están llevando a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común a la bancarrota.
S.Y: ¿En qué otros puntos específicos tienen contradicciones y debates?
J.S: Verás, entre los sectores que no hacen parte de lo que son las FARC-EP Segunda Marquetalia, algunos camaradas como el caso de Gentil Duarte sí estuvieron en el proceso de paz y tomaron la determinación de seguir la lucha armada después de la Décima Conferencia, cuando todavía no se había hecho entrega de las armas. Otros, incluso, estaban en prisión y salieron en libertad como consecuencia de la firma del acuerdo y luego retomaron la lucha armada. Otros lo hicimos con posterioridad porque así nos lo impusieron las circunstancias. Entonces, insisto, la contradicción no está en asumir el camino de la solución dialogada como opción sino en la distorsión que tomó la concepción fariana hacia la entrega de las armas primero y luego hacia la claudicación ideológica.
Y nunca hubo un Plan B sobre qué hacer en caso de incumplimiento del establecimiento o qué hacer en caso de una distorsión interna, porque esos escenarios, no estaban previstos; y no lo estaban simplemente porque nunca, jamás, a nadie se le pasó por la mente que habría entrega de armas. De lo que hablamos era de “colocar las armas fuera de su uso en política” que era lo que significaba DEJACIÓN DE ARMAS. Y ahí es donde está el aspecto esencial de la distorsión interna que nos fue conduciendo a la ruptura, porque sin ningún tipo de consulta y con todas las maniobras imaginables, comenzando por destacar para tratar el tema de las armas, a una Comisión Paralela a la que inicialmente se envió a hacer las negociaciones, la DEJACIÓN la convirtieron en ENTREGA, en tiempo record, de todos los fierros sin definir garantías efectivas de cumplimiento de lo acordado. Por ello creo que Gentil y quienes toman la determinación de no continuar habiendo estado en el proceso, tienen toda la razón en la determinación tomada. Y quienes desde antes mostraron sus reticencias también la tienen porque el proceso en general, sobre todo cuando inició ese debate sobre la DEJACIÓN de armas, tomó por parte de esa segunda delegación en cabeza de Carlos Antonio Lozada, un inusitado secretismo que compartimentó al mismo resto de la Delegación que estaba en La Habana, llevándonos a choques casi de ruptura, que no se produjo porque todos quienes nos oponíamos estábamos demasiado expuestos y sin posibilidades de manejo de tropas ni de territorio, y como ya dije, con un aislamiento respecto a las comunicaciones con los Frentes y resto de la militancia. Muy complejo el asunto en un ambiente donde todos comenzamos a desconfiar de todos y donde nadie se atrevía a decirle al otro su real visión sobre el camino a tomar y en qué momento hacerlo.
Para no extenderme mucho en esto, sugiero leer el libro del camarada Iván Márquez La Segunda Marquetalia, en el que se detalla con más información lo ocurrido, y donde se incluyen los documentos fundacionales principales de las FARC-EP Segunda Marquetalia, puesto que efectivamente las nuevas circunstancias nos llevaron a hacer algunas variaciones tácticas al Plan Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, las cuales no podemos imponérselas a nadie que no haga parte del equipo de trabajo que las discutió y las aprobó, y que obviamente no pueden ser elementos para descalificar a ninguno de quienes no hayan estado en ese debate. Para nosotros la sigla FARC-EP es una construcción histórica que ya no depende solamente de quienes la portamos hasta la Décima Conferencia, o hasta la Novena si queremos ser más radicales, porque hubo un proceso político que está ahí, para bien o para mal, con unos resultados tangibles que no se pueden borrar ni ocultar. Una de las consecuencias fue la división de nuestra organización, el surgimiento de matices tácticos sobre temas como el tratamiento de las retenciones económicas y a las tropas gubernamentales; la definición de los objetivos militares específicos, etc. Sobre ello tendremos que sentarnos a debatir y llegar a conclusiones con los compañeros de las diversas FARC que existen hoy por hoy, entre ellas la Segunda Marquetalia, que toma esa denominación por dos razones principales: una, es la de rendir un homenaje al comandante Manuel Marulanda, quien en sus últimos días de existencia contemplaba y así lo estaba preparando, hacer una gran ofensiva militar desde el área donde se encontraba, con ese nombre. Y una segunda razón es que con nuestras determinaciones y acciones no podemos comprometer el nombre de quienes no están estructurados con nosotros; es un asunto de respeto y reconocimiento. Pero tampoco nosotros podemos comprometernos en determinaciones y acciones de estructuras de las que no hacemos parte; es un asunto de responsabilidad. De ahí, que solo respondemos por lo que hagan dentro de las líneas de nuestros planes, quienes actúen estructurados en la Segunda Marquetalia. Ese es el sello que nos diferencia, por ahora.
S.Y: ¿Es posible una unificación de los que critican al fallido Proceso de paz?
J.S: Claro que es posible porque existen los elementos para hacerlo: tenemos las mismas raíces, tenemos los mismos propósitos estratégicos, una larga historia de lucha en común, una ideología marxista-leninista y bolivariana que nos hermana y una condición de revolucionarios que nos impone no solamente la necesidad sino el deber de tomar el camino de la unidad o al menos el de la coordinación en beneficio de las comunidades que creen todavía en nosotros y que de una u otra forma tienen sus afectos compartidos y confundidos. Eso lo sabe el enemigo y por ello hace ingentes esfuerzos por generar y multiplicar choques y distanciamientos publicando comunicados apócrifos de unos contra otros y realizando también acciones inadmisibles a nombre de una u otra estructura fariana que incluyen atentados contra gente inocente. Todo lo cual nos debe llamar la atención en cuanto a ser muy reflexivos antes de llegar a conclusiones frente a hechos que se presentan en este río revuelto de la confrontación. Siempre observar en que el régimen trata de hacer su agosto y mantenernos fracturados para que nos destruyamos entre nosotros mismos, creando o alentando discordias e incluso creando sus propios grupos que los ponen a actuar como FARC.
S.Y: ¿Cómo valoran al sector de las FARC que sigue actuando bajo los acuerdos de noviembre de 2016?
J.S: Tengo valoraciones segmentadas y diferenciadas, porque los integrantes del Partido de La Rosa ya no son un conjunto con identidad o unidad ideológica y política; hay sectores y tendencias claramente definidas. Pero iniciaría diciendo que lo primero que habría que resaltar es que el acuerdo de paz, más allá de la traición que sufrió por parte de la institucionalidad y de un sector tolerante dentro de las FARC convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ofreció una posibilidad de cambio para encontrar la paz con justicia social, o que pudo al menos servir de base para tal propósito, que concitó la voluntad de millones de personas que en Colombia le apostaron a tal alternativa y la de millares de guerrilleros que de buena fe también creyeron en tal camino, y lo emprendieron y todavía persisten en la disputa por hacer realidad los objetivos que se trazaron en cuanto a superación de la miseria, la desigualdad y la exclusión política, sobre todo. Tengo el convencimiento de que la mayoría de los compañeros y compañeras que continúan actuando de manera obstinada en función de los acuerdos de 2016, lo hacen creyendo, contra cualquier adversidad, en la honrosa y necesaria tarea de la construcción de la paz democrática y de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que agobian al país, y lo hacen creyendo además en la necesidad y posibilidad de la solución política del conflicto que se ha repotenciado con las nuevas y antiguas insurgencias que persisten en el alzamiento armado ya sea por cuenta de la traición o perfidia institucional respecto al pacto de La Habana o simple y llanamente porque las causas que generaron el conflicto no han sido superadas.
En el recorrido de las FARC como organización insurgente alzada en armas, lo hemos dicho públicamente, quienes retomamos o continuamos tal camino tenemos un largo tramo de común historia de aciertos y desaciertos, de coincidencias y contradicciones, de sacrificios en búsqueda de ideales en torno a los que nos hemos identificado y que seguramente todavía nos hacen coincidir con la mayoría de la militancia de la Fuerza Alternativa, y por ello y por lo primero que expresé para responder a esta pregunta, independientemente de las razones de orden ideológico o político que en cuanto a la definición de vías y formas de la revolución nos distancian, son más las que nos dan identidad, y mucho más grandes son los sentimientos afectivos profundos que no dependen propiamente de los rumbos que tome la acción política, o las decisiones caprichosas de algunos pocos dirigentes que torcieron el camino, se desinteresaron de sus propios viejos compañeros de armas y de la militancia de base en general, además de que se embarcaron en la triste y deplorable empresa de repetir las mentiras difamadoras de los enemigos de todo proceso revolucionario que pululan en el Establecimiento, en el Bloque de Poder Dominante y en ciertos sectores oportunistas que se camuflan tras posturas supuestamente consecuentes.
Al respecto, entonces, diferencio a las bases militantes, excombatientes o no, de personajes oscuros como Timoleón Jiménez y de Carlos Antonio Lozada que han sobresalido como renegados o apóstatas de su antigua condición de guerrilleros comunistas, y en su nuevo papel de charlatanes dedicados a denostar o denigrar de la dirigencia del proyecto político FARC-EP (Segunda Marquetalia), y de las insurgencias en general, usando las mismas calumnias rastreras de nuestros enemigos del régimen, sobre todo con la manida acusación de que somos narcotraficantes y no luchadores políticos, o la acusación de haber sido quienes “desertamos de la paz”, como si ignoraran nuestras razones fundadas en la perfidia institucional y, sobre todo, desconociendo los esfuerzos que quienes hoy volvimos a la lucha armada hicimos por sacar adelante el acuerdo, o por lograr la liberación de nuestros prisioneros, o la concreción de los proyectos para la reincorporación y para las trasformaciones sociales urgentes, etc.
En esto entonces, nosotros no cuestionamos a quienes han creído siempre, o han optado ahora, por la lucha legal, pero sí estamos obligados a dar el debate a quienes absolutizando ese camino se erigen en sensores de nuestra lucha, cuestionando o descalificando a quienes siguen admitiendo como legítimo el derecho a la rebelión armada, sobre todo si los cuestionamientos los hacen por derrotismo, o por haber hecho un giro hacia la derecha, y en consecuencia decidieron desconocer las circunstancias de terrorismo de Estado que sigue padeciendo Colombia. Otra cosa es que por convencimiento o por táctica y estrategia política se asuma la determinación de hallar nuevos caminos y emprender la marcha por ellos, lo cual también es válido y tiene su mérito para cualquier Partido.
S.Y: Estados Unidos intentó en 2019 extraditarlo, pero la defensa que hubo de la JEP impidió tal pretensión, ahora vuelven al ataque ofreciendo una recompensa por usted y por Iván Márquez, ¿Por qué este ensañamiento en contra suya?
J.S: El ensañamiento no lo siento contra mí sino contra lo que represento como parte de un colectivo insumiso. En su momento, durante los inicios de la implementación, la persecución hacía parte del plan de según del uribismo “hacer trizas ese maldito papel”, es decir, el acuerdo. Se trató de un atentado contra el proceso y de paso contra las posiciones de exigencia radical de cumplimiento de lo pactado sin plegarnos al orden establecido. Era una manera de someter cualquier rebeldía y abrir una puerta para cargar contra la dirigencia que estaba por una paz digna y no de sometimiento. Ir por mí era solamente el principio de una ofensiva contra una línea política de no claudicación, la cual no ha cesado y se mantendrá porque es parte de una lucha de posiciones antagónicas irreconciliables entre revolucionarios, comunistas, y una oligarquía recalcitrante que sigue las directrices de un imperio decadente, de doble moral y depredador como el yanqui, que no escatimará esfuerzos para calumniarnos, perseguirnos y destruirnos, no solamente a mí, sino también al camarada Iván Márquez, a Oscar Montero, a Édison Romaña, a Aldinéver Morantes, etc., etc.; es decir, a la dirigencia revolucionaria de la Segunda Marquetalia, y a todo aquel que tenga posiciones anticapitalistas o antiimperialistas, ahora o después.
El ensañamiento es contra las posiciones y acciones dignas, a las que consideren que no atienden a sus líneas de subyugación y se resisten a su hegemonía, sean individuos, organizaciones, pueblos o naciones, tal como ocurre, por ejemplo, contra Venezuela y Cuba.
S.Y: Se dijo en su momento que los EE. UU. habían acompañado el Proceso de Paz con las FARC, pero ahora Trump impone la fumigación con glifosato y sepulta el punto cuatro “Solución al problema de las drogas ilícitas” conocido por las comunidades como la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito; también acaba de enviar tropas de la SFAB a las Zonas de Futuro, con lo que arrinconan los PDET, ¿Los EEUU han traicionado ese acompañamiento o conspiraron desde el principio contra el Proceso de Paz?
J.S: No creo que los Estados Unidos hayan traicionado nada. Lo que hacen es de su naturaleza, como sistema hegemónico o como imperio. Nosotros aceptamos su presencia en la mesa de conversaciones porque de una u otra forma sentíamos que el dueño de las marionetas ponía ahí su representante y eso podía llevar nuestras posiciones, sin intermediación, hasta el oído del gobierno estadounidense que está como protagonista de primer orden en la confrontación en Colombia. Y en cierta forma creíamos en que habría más posibilidad de que en algún momento se podría lograr la liberación de Simón Trinidad hablando directamente con tal representación. Pero lo cierto, es que ese personaje que estuvo en La Habana durante los diálogos, lo que hacía era presionar celeridad de las conversaciones y terciar contra la insurgencia en todo momento. Nunca hubo ningún compromiso claro de apoyo al conjunto del acuerdo. Por ejemplo, en lo que respecta al acuerdo parcial sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, sus viejos y desacreditados lineamientos de “guerra contra las drogas” estuvieron presentes como una constante, pendiendo como espada de Damocles en los debates entre gobierno y FARC, de tal forma que aunque nuestra exigencia de nueva política de sustitución de cultivos y de persecución de la comercialización pero no de los campesinos, se plasmó en el acuerdo, el establecimiento (por exigencia de los gringos), mantuvo sin nuestra aquiescencia, y eso es una salvedad que dejamos, tanto las fumigaciones como la erradicación. Es decir, nunca los yanquis establecieron ningún compromiso de apoyo al cumplimiento de lo que se acordó. Ni siquiera procedieron a quitar de la lista de organizaciones terroristas a las FARC, ni cumplieron con la promesa de liberar a Simón Trinidad injustamente condenado por tribunales estadounidenses.
Estados Unidos en esta materia del narcotráfico es el ladrón gritando cojan al ladrón. Y siendo los gringos los principales consumidores, traficantes y beneficiarios de esta economía de un macro negocio capitalista, está claro que existen diversas estructuras de criminalidad que en un segundo nivel se disputan el acceso a los recursos y el control del territorio, agregando que las relaciones sociales que dependen de tal macro-negocio tienen dimensiones corporativas, transnacionales que al lado del negocio capitalista generan procesos de acumulación por despojo que se concretan mediante violencia en modo de desplazamiento forzado, destrucción de procesos organizativos de las comunidades, persecución y asesinato de sus dirigentes, etc. Lo cual convierte a EE. UU. en victimario principal del conflicto, totalmente impune.
Estados Unidos tolera en la dimensión de sus conveniencias, las relaciones de articulación y coordinación con poderes políticos y económicos regionales y locales mafiosos y violentos existentes, con la institucionalidad, con las ramas del poder público, con los gobiernos locales y la fuerza pública, estableciendo estructuras de dominación que son las que moldean y mantienen el orden social establecido, el sistema y su dinámica contrainsurgente, de terrorismo de Estado, que incluye la financiación y organizan organización de estructuras paramilitares, orientado al control pleno, estratégico, de los territorios y de sus recursos, dando un orden de dominación que victimiza a las comunidades, precarizando sus condiciones de vida, y las empuja hacia las economías ilegales y al círculo de violencia que se desencadena.
Concomitantemente se aplican las políticas de “orden público” y “seguridad”, no las de soluciones sociales. Y se aplican para ejercer también control político mediante la puesta en marcha de la llamada “legalidad”, que en sí es la conjugación de la fuerza del Estado, de su aparato judicial como instrumento de represión, combinado con sus aparatos policiales y militares con una concepción, la vieja concepción, del “enemigo interno”, que trata los problemas eminentemente sociales como problemas de “seguridad nacional”, que se deben aplastar porque se consideran amenaza contra el sistema. Entonces las comunidades rurales terminan siendo, eso, amenaza y enemigos del sistema, y por tanto objeto de tratamiento militar que es como se conciben, realmente, limpiando los eufemismos y maquillajes, en el plan “Paz con Legalidad”, en el “Plan Nacional de Desarrollo”, y especialmente en los planes que están diseñados para adelantar en lo que han dado en llamar de manera rimbombante las “Zonas Futuro” o “Zonas Especiales Estratégicas de Intervención Integral” ubicadas en Nariño, Bajo Cauca , Catatumbo, Arauca, sur de Córdoba y algunos Parques Naturales, configurando la reedición de la “seguridad democrática” y del “Plan Nacional de la Consolidación Territorial” que sirvieron a Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos para intensificar la guerra. Tal política la están haciendo coincidir incluso con los territorios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), cuando estos habían sido pensados para impulsar la implementación de la paz y no la conjugación de más guerra.
En este contexto y para tales propósitos guerreristas, es que violando la soberanía nacional una vez más -porque recordemos que ya antes hay establecidas bases militares de control yanqui sin contar con la aprobación de Congreso- el gobierno del pelele Duque permite la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), con sus fuerzas especiales de ocupación del ejército de los Estado Unidos, pretextando la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué este nuevo capítulo de “guerra contra las drogas” los yanquis no lo despliegan dentro de sus fronteras?, ¿Por qué la “Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos” de Trump no la despliega para controlar su mercado interno de drogas, en vez de estar fustigando a Venezuela? A lo que asistimos es a nuevos escenarios de intervencionismo y de avance imperialista contando con lacayos como Duque Márquez.
S.Y: Las diferencias internas dentro del sector de FARC llamado Partido de la Rosa siguen agudizándose, su cúpula expulsó a varios líderes, entre ellos a Fabián Ramírez y Andrés París, ¿No hubiera sido mejor tratar esas diferencias en la Conferencia que están próximos a realizar?
J.S: Siempre lo mejor respecto a cualquier diferencia es tratarla mediante el diálogo y en los espacios que existen para ello, o creándolos si no los hay. El problema se complica cuando existiendo estos espacios, se desconocen o se irrespetan, y si no los hay tampoco existe la voluntad de crearlos.
En el Partido de La Rosa resaltan déficits de origen en ambos casos, y fíjate que estas falencias se exteriorizaron desde los tiempos mismos en que avanzadas las conversaciones de paz en La Habana, Timoleón Jiménez como comandante, rodeado de un séquito que esencialmente lo constituían Carlo A. Lozada, Pastor Alape y otros elementos de menor incidencia y manejo, comenzaron a tomar decisiones como la de la entrega de las armas sin consultar con las bases guerrilleras. En adelante todo comenzó a tener esa característica, de tal suerte que la Décima Conferencia se convirtió en una simulación de espacio de discusión, y estos personajes secuestraron la democracia interna llevándola hasta extremos como el desconocimiento de las votaciones que ellos mismos impusieron en el Congreso Fundacional del Partido de La Rosa.
La sana crítica se comenzó a ahogar con ferocidad y peligrosa estigmatización y se generalizó la práctica de señalar como culpables de todo mal a quienes no coincidieran con el llamado punto de vista de la “oficialidad” del Partido de la Rosa, que no era otro que el punto de vista derechizado de los mencionados personajes. A los sectores críticos tanto de la conducción interna como de los incumplimientos gubernamentales, en el mejor de los casos se los tildó peyorativamente de radicales o se los acusó irresponsablemente de estar trabajando para las “disidencias” o “desertores”, a los que de paso se los etiquetaba de narcotraficantes para cerrar un círculo de criminalización que fácilmente podía culminar en judicialización.
La sensatez y la ecuanimidad perdieron espacio y todo el que divergiera era mal visto. Surgieron entonces los amanuenses encargados de verter nociva tinta en discursos de venenosa discordia, desconociendo, menospreciando, enjuiciando, calumniando, zahiriendo a todo aquel que no compartía o no coincidía con los preceptos, códigos, cánones, axiomas, fantasías, creencias o convencimientos de quienes escribían arrogándose la vocería de la “línea correcta” o expresando sus propios resentimientos y convencimientos.
Lo más suave que se le ha dicho a quien disiente es “desenfocado político”, o que “le faltó militancia”, o que “le faltó campamento o haber echado más tiros”. Terminaron olvidando que no todo lo adverso es enemigo.
Los puntos de vista divergentes que distanciaron a la actual dirigencia de las FARC-EP, Segunda Marquetalia fueron sustentados oportunamente en instancias pertinentes, pero nunca fueron atendidos por quienes correspondía, y si a esto le agregamos el refuerzo de la traición gubernamental y la ojeriza de la facción Timo-Lozadista, los factores necesarios para la ruptura se completaron. Nosotros nos apartamos, no de la paz sino de su traición aleve, pero esto no paró la insensatez de esa dirigencia Rosa, porque continuaron atacando nuestra determinación y ampliaron el espectro de sus objetados hacía gente que no estaba en el plan de retomar las armas, pero que son revolucionarios probados como ocurrió con Alexandra Nariño, a quien descalificaron cuando formal, decente y amistosamente decidió retirarse del Partido de La Rosa porque ya no se sentía representada o identificada; y lo hicieron con diversos otros compañeros que decidieron no continuar en ese espacio. De tal suerte que la causa de las inquinas no necesariamente era, como en nuestro caso, la posición frente a la lucha armada. Así entonces, descalificaron a Sonia, a Andrés Paris, a Fabián Ramírez, a Martín Batalla y a tantas y tantos otros que no deben ser contados como personas sino como dirigentes y paradigmas que son de decenas, cuando no centenares, de militantes que les reconocen y les siguen como cuadros dirigentes; es un despropósito. Están defenestrando al Partido de La Rosa. Y valerse del instrumento de fastidiar a la militancia, o cerrarle los espacios del debate, la crítica y la autocrítica, y valerse del instrumento de la Comisión de Ética también para impedir el disentimiento como lo han hecho ahora contra algunos de los mencionados, y contra otros como Benedicto González, que es uno de los más brillantes cuadros de la izquierda del Caribe, agrava ese despropósito, ese absurdo, mostrando no solamente sectarismo e intransigencia, sino una inepcia absoluta de parte de algunos personajes de esa dirección política, porque no creo que eso haya sido producto del consenso sino de las triquiñuelas ya de uso común entre la facción Timo-Lozadista. A no ser que la tarea que tengan sea precisamente la de acabar con ese partido.
Esperar el Congreso es una ilusión. Estos problemas debieron abordarse hace muchos tiempo en el Concejo Político Nacional, pero lo triste es que ahí es donde impera la facción en mención, la cual nunca iba a propiciar convocar a la Asamblea Nacional de los Comunes a la que sustituyeron y anularon hace rato. Esa instancia dejó de ser funcional desde el momento mismo de su elección. Y si así es para ese nivel qué queda para el Congreso, o la Asamblea Nacional de los Comunes, la cual se debió reunir estatutariamente dentro de los dos años siguientes al Primer Congreso. Siempre se esgrimió una u otra excusa para aplazarlo. La última fue la de la pandemia. Esa les calló como anillo al dedo porque los aplazamientos los hacían debido a que la correlación de fuerzas les era adversa y por ello se han dedicado a aburrir, marginar o eliminar mediante expulsiones a quienes les pueda hacer contrapeso en el debate. Está claro que la estrategia que tienen es asfixiar económicamente a los Regionales que no se les plieguen, marginar a los militantes incómodos cerrándoles toda posibilidad de participación en los espacios de la reincorporación, expulsar a los que consideren un peligro y quedarse con el cascarón de la personería jurídica para manejar con ello las poquísimas prerrogativas del acuerdo y la posibilidad de controlar totalmente la designación de los nombres para llenar las diez curules parlamentarias del 2022 al 2024. No veo otra meta, si se atiende a la desidia con que el Partido Fuerza Alternativa, con algunas excepciones, pero más concretamente ese sector Timo-Lozadista actúan en materia organizativa y de acción política. Agregando que los desaciertos de Timochenko en sus intervenciones son de antología. Se confunde con la derecha, pero con la más torpe. Y todo ello antes que evitar más rupturas y divisiones es lo que alienta la desbandada producto del proceder inconsecuente. Y no se ve que haya intención de asumir la autocrítica procediendo con nuevas actitudes que devuelvan la confianza a la militancia.
S.Y: ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de los acuerdos de noviembre de 2016 que firmó la FARC?
J.S: Ya lo dije. El acuerdo fue producto del diálogo como política de la estrategia de lucha de las FARC. La salida política dialogada es un componente fundamental de nuestra visión estratégica para la construcción de la Colombia Nueva. En lo que no se podía convertir era en un instrumento de rendición, en una capitulación. Entonces el problema no es el diálogo ni la construcción de un acuerdo, sino que tan pronto entablado este diálogo y construido un acuerdo, este se distorsione hacia la claudicación o se incumpla. En el caso del acuerdo de paz de La Habana, a mi modo de ver, con excepción del capítulo referido a la dejación de las armas, lo demás constituye un conjunto de instrumentos muy útiles para la construcción de un nuevo orden social. Pienso que aparte de la dejación de armas convertida en entrega sin garantías tangibles, la otra gran falla estructural de ese acuerdo, del que se hizo en La Habana, no del adefesio que se fue rehaciendo hasta que llegó al teatro Colón, es haber firmado esa dejación antes de debatir sobre la reincorporación, lo cual dejó este último capítulo sin la fuerza y las prerrogativas que debía tener para los excombatientes. Hay mucha precariedad en materia de soluciones sociales para los exguerrilleros, y todo aquello que se dejó solo para ser cumplido por fuerza del compromiso se esfumó, como el asunto de la tierra y la vivienda para los exguerrilleros.
En todo caso, reiteraría que el mayor problema del acuerdo de paz fue el incumplimiento gubernamental, porque de por sí y pese a sus déficit, este acuerdo trazó un camino para la construcción de la justicia social, con una visión integral, de enfoque territorial para la habilitación de condiciones que permitieran superar la violencia política, contando sobre todo con las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y aunque las reformas que se plantearon no trascienden la naturaleza del capitalismo, establecen bases para la justicia social, la superación de la violencia estructural, y la apertura de la democratización política, económica, social y cultural, del país.
Al respecto de todo esto, hay aspectos muy específicos como la definición de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para 16 zonas marginadas del país, compromisos sobre formalización de la pequeña y mediana propiedad de la tierra o distribución de la misma, y otra serie de aspectos que ciertamente configuran un plan ambicioso de Reforma Rural Integral que desafortunadamente ha sido burlado por el gobierno, como han sido burlados los acuerdos sobre las 16 circunscripciones especiales territoriales de paz, aspectos de estímulo a la participación social y ciudadana, la puesta en marcha del sistema de garantías de seguridad para las comunidades en los territorios, lo acordado sobre medidas y acciones para los excombatientes, para el ejercicio de la política. Los acuerdos sobre “garantías de seguridad” y sobre la lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, etc. Todo eso no pasó de ser una redacción de compromisos, que ahora tiene el sello de que con el Gobierno nada está acordado aunque todo esté acordado, pues la perfidia es un hecho
S.Y: Según informes de INDEPAZ, desde la firma del acuerdo han asesinado a más de 800 líderes sociales, varios de ellos trabajaban por la implementación del acuerdo de Paz, de esos 800 asesinatos, el 8% tiene como presunto responsable a las “disidencias”. ¿La FARC-EP Segunda Marquetalia tiene algo que ver con esto?
J.S: Estas muertes claramente son producto del terrorismo de Estado. Lo que expresan es un reforzamiento de la violencia sistemática institucional y para-institucional; es decir, un reforzamiento estatal de la Doctrina de la Seguridad Nacional y Enemigo Interno que deriva de la famosa “paz con legalidad” del gobierno de Iván Duque y que está encaminada a adelantar un proceso de pacificación represiva de los territorios estratégicos. Se trata de lo que algunos analistas han identificado como el salto estratégico de la intervención estatal, que no es otra cosa que intervención militar para, con la excusa de la lucha contra la “ilegalidad” que amenaza la “seguridad interna”, controlar espacios geográficos.
Para el Ministerio de Defensa estas son Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) donde generalmente habitan comunidades que han sido víctimas del despojo y que, en varios casos, coinciden con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que son los lugares donde se trata o se persiste en adelantar el transito del colectivo FARC a la vida civil lidiando por hacer la integración económica, social y política sin contar con garantías ni mayor apoyo institucional. En estos escenarios el régimen ha desatado el reforzamiento de una estrategia contrainsurgente de aislamiento del territorio y copamiento militar del mismo, al tiempo que contribuye a la recomposición del paramilitarismo, con el propósito evidente de acelerar la expansión del modelo de acumulación que articula cadenas legales e ilegales de valorización de capital.
Dentro de esta estrategia se han producido los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y de excombatientes que también son líderes comunitarios y no “casos aislados” producto de vendettas, como se pretende presentar mediáticamente, mientras son ostensibles, además, las omisiones del Estado en lo que concierne a la implementación del punto de garantías de seguridad del acuerdo de paz.
Si nos queremos ir a ejemplos que den piso a esta afirmación, le pongo el caso incontrovertible del asesinato atroz de Dimar Torres, en el que se evidenció la convergencia entre las fuerzas de seguridad y la criminalidad contra los firmantes de la paz. Recordemos que este caso ocurrió en el municipio de Convención en abril de 2019, involucrando a un Cabo que ya está condenado y a otros militares, si mal no estoy a un coronel y a tres soldados profesionales. Pero con la particularidad de que la Fiscalía y el Ministro de Defensa, o mejor dicho el Estado han maniobrado desde el día en que se conoció del crimen para que las investigaciones se queden exclusivamente en la individualización de los responsables procurando liberar de responsabilidad a los organismos oficiales, para desvirtuar cualquier indicio de conexidad de estos hechos con los crímenes de Estado.
Pero lo que ocurre es que las regiones más afectadas por la ola de asesinatos están dentro de la delimitación de las zonas que cubren los 170 municipios PDET, a los cuales se les está aplicando el tratamiento de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) que establece “la posibilidad de focalizar esfuerzos en áreas de interés para la “seguridad nacional”, que pueden ser declaradas como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII); es decir que ahí es donde se sigue poniendo en práctica la doctrina de la seguridad nacional. Ahí es donde el gobierno ha dicho que “Tales zonas servirán para acelerar la intervención del Estado a través de planes especiales con enfoque de seguridad…”. Ahí es donde se han producido muchas de las amenazas y homicidios en medio de alta presencia de fuerza pública e incluso cerca de unidades militares. Ahí es donde asesinaron, pongamos por casos, a Benjamín Banguera Rosales, a Hober Arias Giraldo o a Cesar Darío Herrera; todos ultimados en zonas controladas militarmente, como para el primer caso lo era la avanzada del Comando Específico del Cauca, la Fuerza de despliegue No. 4 y la Brigada Liviana de Caballería; o para el segundo caso lo es la Brigada 17 y, en el último caso, el área de operaciones de la Cuarta Brigada.
Con esto te respondo enfáticamente que nosotros no tenemos que ver en absoluto con esos crímenes que rechazamos y condenamos. Y aquí de paso me refiero a un caso que tuvo mucho ruido mediático sirviendo para sentar la hipótesis de nuestra autoría en ese tipo de hechos, y me refiero al supuesto atentado que sufrió Timoleón Jiménez. Al respecto la versión rendida por los organismos de seguridad asegura haber “frustrado” un atentado contra el presidente del Partido FARC, y aseguraron que en dicha acción “dieron de baja dos disidentes” que habrían sido enviados por Iván Márquez y “El Paisa Oscar”. Con ese falso positivo hicieron toda una campaña que en cabeza de la Unidad Especial de la Fiscalía presento 31 casos de asesinatos como producto de la división interna de las FARC. Pero resulta que los mismos familiares de Carlos Andrés Ricaurte y Gerson Moisés Morales, que fueron las víctimas de las torturas que profirieron los salvadores de Timochenko, mostraron que los dos jóvenes no eran “disidentes”, sino miembros activos del proceso de reincorporación, uno incluido en los grupos de erradicadores de cultivos de uso ilícito y el otro era escolta de la Unidad Nacional de Protección. Todas las evidencias develaron el hecho como falso positivo diseñado por los aparatos de seguridad actuando entre lo legal y lo ilegal. Fuera de las muertes de los compañeros, lo más triste es que el propio Timochenko se prestó para esta farsa.
Recuerda que una de las razones que apresuró la decisión de retomar el camino de las armas, precisamente fue la guerra sucia contra los líderes comunitarios y contra la militancia fariana. Y agregaría que aunque desde los documentos oficiales del Partido de la Rosa y desde otros Partidos y sectores políticos se considera que nuestra decisión de retomar o persistir en las armas es una aventura y una irresponsabilidad, no vamos a discutir eso a los tiros. Lo cierto es que hubo razones de peso para dar tal paso; entonces más allá de las discusiones políticas al respecto, lo mejor es dejarle ese veredicto a la historia, lo mismo que sobre definir si es o no correcta la permanencia en la legalidad, porque en las condiciones de terrorismo de Estado y persecución o guerra judicial que caracterizan a nuestro país, ambas rutas son riesgosas e inciertas, y por lo tanto ambas rutas son respetables si se asumen con convencimiento, sacrificio y honestidad. Desde cada escenario hay puntos de vista profundamente controversiales, pero tal controversia, entre revolucionarios, debe darse en el campo de la batalla de las ideas; no podemos llevarla a enfrentamientos irracionales de otro orden.
S.Y: Le han asesinado al Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común o Partido de la Rosa 219 firmantes de la paz. ¿Por qué se siguen presentando estos lamentables hechos contra los que cumplen los compromisos firmados?¿Qué acciones concretas han realizado para la protección de las comunidades, en especial los líderes sociales y excombatientes?
J.S: Creo que con lo que te acabo de decir, en gran medida he respondido a esta pregunta. Pero es lamentable observar que mediáticamente se viene “normalizando” el exterminio sistemático de los excombatientes de las FARC en medio de una ola de asesinatos contra dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos. Las explicaciones que dan los medios periodísticos suelen conjugar lenguaje de orden público, refiriéndose a los territorios en que acontecen como si se tratara de “zonas rojas” donde imperan grupos criminales en absoluta anarquía, en trance de “ajuste de cuentas” y de peleas por el control territorial, siendo entonces los responsables de los crímenes actores violentos entre los que se incluye a las disidencias, al narcotráfico, al terrorismo, a la delincuencia común y organizada, etc., que de paso victimizan al Estado, al que presentan como un actor impotente frente al deber de garantizar la vida, los derechos humanos y el ejercicio de la política. En ese escenario, la Unidad Especial de la Fiscalía, lo máximo que hace es tratar de esclarecer quiénes son los autores directos de algunos crímenes, más no buscar a quienes son los determinadores relacionados con estructuras paraestatales contrainsurgentes.
Esta práctica no es nueva. En Colombia hay ya no una página sino un largo historial de lo que se conoce como la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, con su política del “enemigo interno”; es decir, terrorismo de Estado puro y duro. No voy a recontar ese historial del que uno de los capítulos más terribles es el exterminio de la Unión Patriótica. Lo que sí quiero ahora resaltar es que ese historial continúa y vuelve a mostrar evidencias de su persistencia, por poner un ejemplo conocido, en los recientes seguimientos de la inteligencia militar a más de 130 “blancos legítimos”, que son la punta del iceberg de este problema eterno de la persecución sistemática del Estado a quienes, en aplicación de políticas contrainsurgentes plenamente vigentes en la era de la llamada “paz con legalidad”, considera peligros para la institucionalidad.
Esta realidad sigue colocando bajo la mira del terrorismo de Estado, más que a los insurgentes armados propiamente, a los excombatientes en proceso de reincorporación; a los defensores de los derechos humanos; a dirigentes comunitarios, de partidos y movimientos políticos y sociales, a sindicalistas, etc. Y a todo este universo agréguesele a los defensores del proceso de paz de La Habana. Esa mira fascista del anticomunismo que según la época ha buscado sus enemigos y justificaciones, puso muy de moda la amenaza del demonio “castro-chavista” para adelantar su ofensiva mediática en el último lustro. Y en la exacerbación de su paranoia chovinista ha colocado a Venezuela como enemigo fundamental.
Todo esto no es sino la reinstauración una y otra vez de la criminalidad de Estado. Y ya he explicado en la sexta respuesta cuando hablé de las llamadas “zonas futuro”, del aspecto territorial que entraña esta guerra contrainsurgente que es guerra sucia y terrorismo de Estado contra la población inerme. Los crímenes son sin duda política de Estado. Entonces no alargo esa argumentación sino que digo directamente que no debemos dejarnos distraer con sofismas que también obedecen a la propaganda contrainsurgente. Las muertes de líderes comunitarios y excombatientes tienen origen esencialmente estatal, y desde el Estado como instrumento del Bloque de Poder Dominante se articulan acciones de apropiación y acumulación de riqueza y de preservación del orden social vigente mediante el ejercicio estructural de la violencia tanto de los aparatos oficiales como desde los para-institucionales. Entonces, “la paz con legalidad” en su lucha contra la “ilegalidad”, se enfoca especialmente en espacios geográficos que por razones de “seguridad nacional” se califican como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)”. Y el Bloque de Poder Dominante auspiciando toda esta vagabundería, incluyendo liderazgos políticos y componentes del poder económico, que actúan en sintonía con la política de simulación y de consumación de la perfidia que día a día sufre el acuerdo de La Habana por cuenta del régimen.
De nuestra parte no podemos más que hacer este tipo de denuncias, hacer la confrontación política desde nuestra opinión y mantener y desarrollar la organización clandestina de las comunidades sobre las que influimos para que se preparen y continúen la resistencia.
S.Y: El gobernador del Meta, asegura que las “disidencias” son las que promueven que las comunidades de Guayabero no permitan la erradicación de cultivos de uso ilícito que realiza el ejército y la policía antinarcóticos, ¿Cómo interpreta esta afirmación?
J.S: No tengo conocimiento de lo dicho por el gobernador del Meta ni creo que las “disidencias” estén adelantando labores de policía antinarcótico, ni promoviendo nada diferente a la organización de las comunidades para que defiendan la vida y sus intereses que es lo que históricamente han hecho las guerrillas. En lo que concierne a las FARC-EP Segunda Marquetalia, esa es nuestra posición y la de insistir en que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito es la sustitución dentro de un plan integral de Reforma Rural que es lo que se había pactado en La Habana y no la fracasada “guerra contra las drogas” que a lo que conduce es a la expansión del problema. Lo demás son sofismas.
S.Y: Recientemente lanzaron al público el libro “La Segunda Marquetalia, la lucha sigue” escrito por los comandantes Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, Oscar Montero, El Paisa. ¿Cuéntenos de qué trata el libro? ¿Dónde podemos encontrar alojada la información oficial que sacan desde la FARC-EP Segunda Marquetalia?
J.S: El libro La segunda marquetalia, subtitulado “La lucha sigue”, es el anuncio y la presentación del proyecto político-militar FARC-EP (Segunda Marquetalia), como continuidad del proyecto revolucionario del comandante Manuel Marulanda Vélez y el conjunto de los fundadores de esta insurgencia bolivariana.
En el prólogo se consigna que Iván Márquez, que es el autor, habla con la voz de la selva y de las convicciones, describiendo la realidad de la Colombia remota y profunda abandonada por el Estado, en lo que respecta a sus necesidades, pero golpeada por la violencia institucional en su afán de saqueo y depredación, que es la causa última de la guerra que se alienta por intereses económicos sobre todo de las trasnacionales.
El libro es una crónica de la marcha llena de vicisitudes que hicieron varios de los comandantes y guerrilleros que sufrieron en carme propia la traición de los acuerdos de La Habana, hacia las selvas del sur de nuestro país, para reemprender la lucha armada. Y al mismo tiempo es una síntesis de nuestro historial de lucha y lo que nos proponemos en el presente, lo cual se escribe desde la pluma de Iván Márquez fundamentalmente, con las voces de los fundadores del nuevo proyecto.
Explica el texto aspectos desconocidos de la época de las conversaciones, del inicio del proceso de reincorporación, de la realización de la Décima Conferencia Nacional de Guerrilleros, del Congreso Constitutivo del Partido de La Rosa y los aspectos que configuraron las traiciones que obligaron al rearme y a la creación del proyecto político-militar que hoy encarnamos cumpliendo con el deber decoroso de no dejar morir la esperanza en la Colombia Nueva, pese a tantas adversidades que son precisadas, en síntesis pero con suficiencia, en esta pintura de la selva y de los hechos políticos que rodearon la más deplorable y vulgar perfidia de lo que han sido los tratados de paz en el mundo.
Los contenidos están distribuidos en siete apartados que llevan los títulos de: El Comienzo, los tres últimos años de Manuel Marulanda Vélez, Anécdotas Marulandianas, La traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana, Batalla de las ideas, el escape hacia la libertad, FARC-EP la lucha sigue, en los que se incluyen anécdotas, correspondencias, datos de archivos internos de las FARC-EP, comunicados y pronunciamientos y análisis de los acontecimientos desde una perspectiva que contrasta con la del régimen y la gran prensa.
Este y todos nuestros materiales de propaganda y difusión se pueden encontrar en la página virtual nuestra.
S.Y: ¿Cumplió Uribe y el Centro Democrático con su objetivo de hacer trizas la paz?
J.S: Es evidente que el acuerdo de paz está vuelto trizas, pero eso va más allá del papel jugado por el uribismo y el Centro Democrático en esta tarea que se impusieron. Lo ocurrido toma el rango de crimen de perfidia cometido por el Estado que era el que tenía el compromiso de dar cumplimiento al acuerdo de La Habana como acuerdo especial que es. Y las evidencias de tal destrucción de la alternativa de paz que se había abierto están en todo lo que hasta ahora hemos tratado y en mucho más. Pero con lo dicho basta para darle piso a la afirmación, pues la sola guerra sucia contra la militancia en proceso de reincorporación es una causa abominablede esa destrucción que también se dio como consecuencia de la desfinanciación de los planes y programas pactados, tal como ocurrió con la simulada implementación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDET), que además fueron mal formulados apuntando a su fracaso.
S.Y: ¿Cuáles serían las características que debe tener el régimen colombiano en un eventual escenario de diálogos con la FARC- EP Segunda Marquetalia?
J.S: Nosotros no podemos condicionar la caracterización del régimen colombiano para poder dialogar con sus representantes una salida negociada al conflicto, porque un régimen capitalista y subordinado a Washington como el colombiano tiene una configuración histórica que de ninguna manera va a variarse antes de sentarse a buscar una salida negociada. Es más, cualquier diálogo hay que presionarlo con la lucha popular como siempre ha sido, y ningún cambio de fondo se va a dar sin que también la obligue el pueblo en unidad y con la fuerza contundente para obligarla. Si para algo ha servido el recién frustrado proceso de paz es para mostrar, repito, que con esta oligarquía nada está acordado aunque todo esté acordado, y que jamás debemos confiar en la simple palabra de un Estado traganíquel como el colombiano, y que silenciar las armas y mucho menos entregarlas y rendir principios va a generar las transformaciones que se necesitan.
S.Y: En el “Manifiesto, mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer” (29-Agos-2019) les propusieron al ELN una alianza. ¿Qué respuesta han recibido de esa organización insurgente?
J.S: Tanto para nosotros como para el ELN la unidad es un propósito revolucionario por cuya concreción estábamos trabajando desde antes del acuerdo de La Habana y ahora, con mayor razón lo seguimos haciendo. Unos y otros, así sea por separado, hemos trabajado también por la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Por ello, así como en su momento el ELN respaldó el proceso de conversaciones de La Habana entre FARC y Gobierno y comenzó a adelantar su propio proceso, nosotros también los respaldamos en ese intento aportando las experiencias positivas y negativas que quedaron del nuestro. Somos organizaciones revolucionarias hermanas y como tales trabajamos en esos dos propósitos, quizás con visiones que tiene matices, diferencias más de orden táctico que de cualquier otro tipo y sabemos que es un deber persistir en la coordinación, la convergencia y la unidad en todos los planos. Tenemos mecanismos para ello y los estamos afinando y fortaleciendo
S.Y: ¿Cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que le apostó al proceso de paz y hoy ve el recrudecimiento del conflicto en todas sus expresiones en el territorio colombiano?
J.S: Mi mensaje es que la lucha por la paz hay que continuarla, pero teniendo la claridad que su conquista depende del derrocamiento del capitalismo. Fuera de ese escenario, es una ilusión. Cualquier iniciativa hacia ese propósito implica trabajar en función de la revolución socialista.
Para alcanzar la paz nos corresponde seguir combatiendo contra el “consenso de Washington” y sus reflejos; es decir contra el Nuevo Consenso Neoliberal y sus valores emergentes que hoy se traducen en la regulación; en vez de meras privatizaciones, la desprivatización vía las alianzas público-privadas; la internacionalización controlada (regulada), antes que indiscriminada, etc.
Todavía la era del neoliberalismo desregulador a loFriedman tiene sus secuelas que hay que combatir mientras nos organizamos y fortalecemos en la lucha contra el neoliberalismo regulador a lo Hayek, sin perder de vista que será una lucha más enconada y peligrosa; una lucha contra un neoliberalismo con “más” Estado que pretende ser el que saque al capitalismo de su crisis estructural y sin responder en absoluto por el holocausto social que ha dejado a su paso.
La lucha de los comunistas en el futuro inmediato, en un mundo tan necesitado de la solidaridad, del internacionalismo y de los cambios que conduzcan a la superación de la lucha de clases y de la explotación, debe darse elevando entre las multitudes la moral de combate y el optimismo en las utopías libertarias, sin arrepentimientos ni claudicaciones que son males que de una u otra forma nos han afectado a lo largo de nuestra historia de resistencia y construcción del socialismo, pero reafirmándonos en la certeza de que ninguna capitulación ha conducido ni conducirá jamás a la materialización de la paz con justicia social, solo posible mediante la revolución. Y qué mejor manera de hacerlo que con la lucha y en la lucha misma, en el combate político, ideológico, militar y cultural, sin olvidar aquella máxima del guerrillero heroico, del Che Guevara que nos dice que: “El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación”.
S.Y: Y por último, ¿La segunda Marquetalia tiene para Colombia una propuesta político-económica para enfrentar la actual crisis que se acrecentó por el COVID-19? Y si la tienen ¿En qué consiste?
J.S: Las FARC-EP, Segunda Marquetalia, observan el problema de la pandemia de la COVID-19 como parte de la crisis económica y social neoliberal. Lo que ha hecho la pandemia es agravar esa crisis y poner al descubierto las enormes falencias en materia social que el capitalismo ha dejado en el mundo, colocándonos de manera frontal la evidencia del sistema económico que ha provocado la mencionada crisis económica y social, y la necesidad de superar ese orden que ha puesto en situaciones de precarización, vulnerabilidad e informalidad al grueso de la población trabajadora.
Los capitalistas elevarán sus voces, atentos más a la bolsa que a la vida y pedirán reformas tributarias, laborales y pensionales regresivas para atenuar los efectos que lesionen sus bolsillos y pretenderán colocar el peso de las pérdidas ocasionadas por la pandemia sobre los hombros de los trabajadores, de los asalariados y de los sectores informales de la población. La salida que se planteará el neoliberalismo es que las víctimas del modelo imperante sean quienes paguen los costos de la crisis. Para nosotros lo que se debe es aprovechar las circunstancias para habilitar espacios para la transgresión del orden socioeconómico imperante, y al respecto volvemos a una propuesta que ya habíamos hecho desde que se adelantaban las conversaciones en La Habana, consistente en abrirle paso al establecimiento de una renta básica de ciudadanía. Se trata de desplegar alternativas de política económica y social que ofrezcan instrumentos para enfrentar la emergencia sanitaria y al mismo tiempo permitan superar el orden económico y social.
La renta básica sería lo mínimo para garantizar la existencia de la gente otorgando el derecho efectivo a un ingreso de carácter individual e incondicional, universalizado que les permita a las personas satisfacer sus necesidades básicas y que se calcularía para ser tan alta como las fuerzas productivas y distributivas de la sociedad lo permitan, o tan baja como lo impongan las mismas.
Pero este es un tema algo complejo que requeriría otro momento para su explicación. Lo concreto ahora sería insistir en que la solución a la crisis de la pandemia es estructural. Implica retomar el debate sobre la Reforma Rural Integral, por ejemplo, estableciendo la hoja de ruta para la construcción del Sistema de Garantía Progresiva al Derecho a la Alimentación, sin más demoras, puesto que la pandemia que ha estado presente desde antes de la COVID-19 y que ahora con ésta se ha profundizado es la del hambre.
Este es un asunto de Estado por el que debe responder el Estado, pero consultando como nunca los intereses vitales de las comunidades y no los del empresariado y las transnacionales. Y esto no se resuelve con paños de agua tibia o abriendo un hueco para tapar otro a medias, como ha ocurrido con decisiones mezquinas del gobierno nacional, como esa de trasladar los recursos de la implementación del acuerdo de paz a la “atención” de la emergencia y a la propagandización de la imagen presidencial. Con esto lo que se observa es que hasta la pandemia es tomada como excusa para seguir haciendo polvo las trizas del acuerdo de paz. Esto es tan perverso como la decisión de aprovechar la excusa de la pandemia para proferir decretos regresivos de reforma pensional, laboral, educativa, de la salud, entre otras a las que hay que ponerles freno aunque nos cargue el coronavirus.
S.Y: ¿Cuentan ustedes con medidas de Bioseguridad para sus campamentos y las comunidades en los territorios donde operan?
J.S: Hay medidas internas en los campamentos, porque las medidas en las comunidades las deben tomar las propias comunidades y nosotros acogernos a ellas, y no como se dice en las campañas contrainsurgentes mediáticas que la guerrilla impuso normas de aislamiento social que cuando no se cumplen se aplica la pena de muerte. Esto no es cierto.
Desde los tiempos del Plan Patriota en los campamentos no se recibe población civil y cualquier encuentro se hace fuera de los mismos. Entonces lo que hacemos es controlar las remesas y objetos que llegan de fuera quizás intensificando un poco más lo que ya estaba establecido para control de seguridad. Cuando se reciben objetos, víveres, intendencia, etc., lo que se hace es que un equipo de personas se dedica a eso, limpiando, desinfectando y asoleando por dos o más días esos materiales y se los deja por tiempo de 15 días fuera hasta cuando se reciben. Igual ocurre con las comisiones de guerrilleros. Cada una permanece en su sitio, y si por X o Y razón a alguien le toca salir, cuando regresa le corresponde pasar el control de los 15 días en lugares habilitados para eso, etc. También se aplican las medias del aseo de manos, cara, uso de tapabocas y demás procedimientos recomendados por los médicos. En cada campamento, también, hay los medicamentos que hasta el momento han recomendado los especialistas, botiquines con warfarina, vitamina K, otros anticoagulantes, ibuprofeno y otros vasoconstrictores, acetaminofén, aspirina, loratadina, corticoides, desinflamatorios y antibióticos para la bronconeumonía y esas cosas. Y sobre todo está la disciplina de la gente y los médicos.
