El 23 de septiembre de 2015, Colombia vivió uno de los momentos más cruciales e históricos de su turbulenta historia: el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Echeverri Londoño, alias “Timochenko,” máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero de Colombia, acordaron un sistema de justicia transicional con el fin de terminar el conflicto que por más de cincuenta años ha afectado negativamente al país.
Ahora bien, a más de dos semanas de los anuncios, se pueden analizar las implicaciones de tan importante hecho con cabeza fría. Si bien este es un clamor de prácticamente toda la sociedad colombiana —que lamentablemente ha conocido la violencia durante gran parte de su historia— el recorrido de la paz apenas si comienza, y es en este proceso donde se verán los verdaderos desafíos de las partes de la mesa, que sin duda marcarán el futuro del país.
Para empezar, no hay un hecho más diciente que ver a dos antiguos enemigos ideológicos y militares estrechándose la mano y acordando los términos siguientes del proceso de paz. Sin embargo, por más significativo que sea este hecho, no deja de ser una “portada” fotogénica de lo que vendrá a continuación y es todo el contenido: el posconflicto. La publicidad y enfoque que el gobierno le ha dado al proceso de paz no han sido buenos, y muchas declaraciones siembran dudas en la sociedad colombiana, bien sea por lo poco claras o la ambigüedad de las mismas.
Los temas de reparación de víctimas, penas alternativas a crímenes de lesa humanidad, participación de guerrilleros en actividades ilegales y estatus políticos de las FARC son los verdaderos retos que todo el país debe enfrentar y en los que aún queda mucho camino por recorrer. Si bien algunos de estos ya están sustentados en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, es su implementación la que genera suspicacias en la sociedad civil; la novedad de este tipo de procesos es la que aumenta las dudas.
También es importante entender que la firma de la paz no significa el fin de la violencia per se. Aún bajo la hipótesis de que todo el grueso de las FARC se desmovilicen y entreguen sus armas, el vacío tan inmenso que dejarán en el hampa sería rápidamente cubierto por otros grupos criminales que los reemplazarán y tomarían su lugar en sus actividades ilegales documentadas como el narcotráfico, minería ilegal y extorsión a grande y pequeña escala. Por lo tanto, lo recomendable es que el ejército continúe con sus operaciones y acciones antidrogas.
La rentabilidad que generan las actividades ilegales es también un gran aliciente para que algunos miembros de las FARC lo piensen dos veces antes de desmovilizarse; con un peso colombiano depreciado frente al dólar, conocimiento del know how operativo, existencia de redes de contactos y gran participación porcentual del mercado fomentaría una criminalización de ciertos elementos de la guerrilla —solo que esta vez sin el rótulo de las FARC— y se dediquen de lleno a las actividades económicas ilegales. Las experiencias previas del EPL y las AUC son las mejores referencias en cuanto lo anteriormente explicado.
Si bien el hecho de declarar al narcotráfico como delito político es una maniobra legal para acelerar el paso a la justicia transicional para los jefes de las FARC, podría crear una “zona jurídica gris” con otras redes criminales. Pese a ser especulativo, entra dentro de las posibilidades el hecho de que futuras negociaciones de paz, grupos insurgentes que se financian del narcotráfico —como el ELN o alguna BACRIM— se cobijarían bajo esta figura, y si bien garantizaría beneficios a dichas organizaciones, no resolvería del todo la lucha contra las drogas, que tiene aristas internacionales que no debe descuidar.
Si hay algo poco probable es que la imagen negativa de las FARC se modifique, no por lo menos a mediano plazo. Esa es una tarea que depende exclusivamente de los miembros de la guerrilla y la forma en la que se acerquen a la sociedad colombiana, que gran parte de la sociedad los sigue viendo como criminales culpables de gran parte de los males del país. Y aquí es donde sus declaraciones, llenas de arrogancia y cinismo son sus grandes lastres, y que los hunden en imagen pública. Basta con leer las afirmaciones de Timochenko en las que asegura que no se arrepiente de ninguna de sus acciones no solo le restan credibilidad, sino también una idea de que las FARC están interesadas realmente en la consecución de la paz.
A estas alturas del proceso, en la que a más tardar, el 23 de marzo de 2016, se firmará el tan anhelado acuerdo de paz en Colombia. Y pese a que sus connotaciones son políticas, sus efectos recaerán prácticamente en el grueso de la sociedad colombiana y definirán las interacciones e ideas entre sus distintos miembros. De ahí que es importante aclarar que por más acuerdos, apretones de manos o afirmaciones de dejación de armas y reinserción de actores armados a la sociedad civil, la verdadera paz empieza por cada persona. Decirle "uribestia" a un uribista, o "guerrillero" a aquel que simpatice con ideas de izquierda no es solo poco pacífico, sino que exacerba odios, polariza aún más posiciones antagónicas y aleja el verdadero propósito de la paz.
Cada quién, por su propia historia y convicciones, tiene derecho a apoyar, condenar o estar escéptico frente al proceso. Lo importante es respetar las opiniones del contrario y ponerse en los zapatos del otro para entender su posición y, como sociedad, poder continuar en el pedregoso camino que es el posconflicto. Así es que se hace la paz.
