La muerte reciente de indígenas caucanos atrapados entre los varios fuegos de un conflicto sin fin por el control de sus tierras ancestrales, que se renueva cada generación con nuevos agresores, recuerda y explica la protesta nunca acallada, que resurge de tanto en tanto, de las comunidades indígenas de Cauca, que tanto daño causa a toda la población que se ve afectadas por ellas. Es la expresión repetida de un conflicto secular, marcado por la servidumbre y la opresión, a veces soterrado a veces abierto, que es la historia misma de los pueblos indígenas desde la Conquista. Una protesta por las vías de hecho, por un problema resuelto a medias.
Siervos fueron los indígenas de las Encomiendas otorgadas por los Reyes de España, de los latifundios de la República, de los patrones semifeudales de la Colombia rural premoderna, que todavía existe, de los narcotraficantes. Quintín Lame, indio Paéz, inició a principios del siglo XX una revuelta que fue acallada a sangre y fuego, pero plantó una idea que está anclada en el imaginario indígena desde entonces: si los títulos de propiedad que reconoce la República están basados en las Cédulas Reales, entonces que sean esas mismas cédulas que reconocieron los Resguardos Indígenas la base para determinar cuáles son las tierras que les pertenecen. Una prueba diabólica sin fin, porque esos resguardos fueron en sus comienzos inmensos y las haciendas crecieron a sus expensas.
Germán Colmenares, ilustre sociólogo historiador, escribió un libro sobre los terratenientes, mineros y comerciantes de Cali en el Siglo XVIII, donde plantea cómo los indígenas del Gran Cauca, encerrados en sus resguardos cada vez más reducidos, fueron una fuente de mano de obra barata para las explotaciones agrícolas, que no podían pagarse el costo de los esclavos negros, usados principalmente en las minas y en labores domésticas, como fuente de prestigio social. Tierras y esclavos improductivos generaban poder político, mientras el trabajo se hacía a lomo de indio. Desde entonces, el desarrollo socioeconómico, los ha ido dejando al margen, como a tantos otros campesinos.
Mucho se ha hecho desde la Constitución de 1991 para remediar esa situación de subordinación social. Lo principal ha sido el reconocimiento de los territorios indígenas ancestrales como Entidades Territoriales. Hoy hay en Colombia 772 Resguardos que ocupan 32 millones de hectáreas, 70 % de ellas de bosques protegidos. La población que se reconoce como indígena es cerca de 1.400.000 personas, organizadas en comunidades, que es lo que les ha permitido reclamar sus derechos y organizar sus protestas.
La población que se reconoce como indígena es cerca de 1.400.000 personas,
organizadas en comunidades, que es lo que les ha permitido
reclamar sus derechos y organizar sus protestas
No en toda Colombia hay presión sobre la tierra. En algunos sitios, como el Departamento del Valle del Cauca, el desarrollo de medianas y grandes empresas agroindustriales, ha modernizado al sector rural y no existe ese problema, sino de modo muy marginal y politizado; en otras, sedes ancestrales de comunidades indígenas, con frágiles economías agrarias, como el Departamento del Cauca, existe una población indígena que invade y reclama tierras de propiedad privada, supuestamente parte de los antiguos resguardos.
En ese proceso ha habido de todo a través de los decenios: una reforma agraria de hecho, producto de invasiones de tierras que luego fueron adquiridas por el Estado y pagadas tardíamente a bajos precios para su reparto a los invasores; un estancamiento del sector productivo agropecuario, dado que las propiedades invadidas dejaron de ser productivas; una mala administración de los recursos entregados a las comunidades indígenas, plagadas de nepotismo; un agotamiento de las tierras disponibles, que presiona la frontera agroindustrial moderna; una politización inevitable de una causa social, puesto que toda protesta social es política; una mezcolanza de ese conflicto con el conflicto armado y sus economías ilegales; y una incapacidad del Estado para hacer respetar la propiedad privada y cumplir con sus compromisos adquiridos.
Quienes conocen el problema, ven a los pueblos indígenas del Cauca entre los fuegos de la guerrilla y el narcotráfico, que han terminado por ser la misma cosa y los presionan para utilizar sus tierras en cultivos ilícitos y como vías protegidas para su tránsito, y la autoridad civil y militar, que es considerada invasora de la madre tierra donde rigen leyes diferentes. Sindicados de colaboracionistas por uno y otros, afectados por todas las miserias y desconfianzas de la especie humana, incluyendo las propias, débiles pero poderosos.
Los mestizos pobres y los afrodescendientes se quejan de que todos los privilegios estatales son para las comunidades indígenas. Estas consideran invasores a todo el mundo como si estuviéramos en tiempos de Huayna Capac. El Estado avergonzado por su papel histórico asume que debe pagar una enorme deuda social, pero no la paga, el narcotráfico hace de las suyas. Eso es lo que ha habido detrás de esa protesta que lleva años y ahora se incuba de nuevo alimentada por los asesinatos de dirigentes indígenas, y que continuará tanto como duren las promesas incumplidas y la violencia. O sea, para siempre.
