La gente de Córdoba, Quindío, debe afrontar la pésima infraestructura vial, afectada por el crudo invierno y de paso por la continua omisión en que se han mantenido las autoridades administrativas desde 1967, periodo en el cual fue declarado municipio.
A tan solo veintisiete kilómetros de Armenia, anclados en la cordillera central, se encuentran subsistiendo los cordobenses en calidad de administrados, entre campesinos, comerciantes ciudadanos de a pie. Queriendo mantener con sus actividades diarias una despensa agrícola en el Quindío, se sienten pesimistas de no ver respuesta pronta y solución al mal estado de sus corredores viales.
En algo se explica en cierta medida el subdesarrollo de esta zona declarada patrimonio mundial por parte de la Unesco, donde propios y foráneos se sienten orgullosos de disfrutar del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC); declaratoria que ha comprometido al Estado colombiano a preservarlo y conservarlo. Sin embargo, los lineamientos de las políticas públicas no involucran este compromiso de sus autoridades descentralizadas en la dinámica de la actividad cafetera garantes de una accesibilidad que promueva una oferta articulada de servicios turísticos, motor de la actividad generadora de ingresos.
El pasado trece de marzo, el mismo gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, mediante acto administrativo 145, ordena y dispone el cierre total de la vía secundaria que conduce a este municipio, en estos términos "hasta que se logre su habilitación con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios". Preocupa, basado en el texto, el tiempo indefinido al que son sometidos de manera unilateral los pobladores. “Hasta”, un discurso poco esperanzador y alentador. Entre susurros, vendavales y olvido están hoy los pobladores de este municipio, quienes no quieren repetir el mismo capítulo que por más de un año tuvieron que afrontar y sufrir los habitantes del vecino municipio de Pijao, aislados por el paupérrimo estado de su carretera principal, un común denominador por las rutas de la cordillera quindiana que solo han generado un plan de acción y de desarrollo que se ha quedado en un camino pedregoso.
A la firma de este acto administrativo por cuenta del gobernador y el actual alcalde John Jairo Pacheco Rozo, quien solo pide “paciencia y compresión”, ¿pero hasta cuando, cuánto tiempo más debemos esperar?, preguntan sus habitantes.
Quedaron atrás en el olvido los propósitos de potenciar la productividad y sostenibilidad de esta región que hoy está siendo afectada por el crudo invierno, brilla y prima entonces el incumplimiento al plan de acción a sus planes de gobierno que tienen como fin primordial conservar, preservar y garantizar la sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental de la región que les fue conferida por voto popular, como recurso mediato solo les queda intervenir una propiedad privada, colindante con la zona afectada, claro está con el debido aval de su propietario titular para dar cumplimiento esta declaratoria suscrita por la Unesco.
Firmado entonces este decreto que ya hace parte del ordenamiento jurídico del departamento se da inicio así al viacrucis y traumas que tendrán que padecer los habitantes de Córdoba a quienes solo les dieron como alternativa una ruta rural alterna Carniceros-Pijao, ordenando así a la Secretaria Departamental de Transito IDTQ, hacer cumplir dicho acto administrativo ante el cual, y sin duda alguna nosotros los abogados del nuevo ordenamiento, profesionales liberales en derecho acataremos y haremos cumplir lo ya ordenado por el Consejo de Estado, máxima autoridad judicial en lo contencioso administrativo, quien se ha señalado “que las entidades estatales deben responder por todos los perjuicios que se causen a los usuarios de las vías por el mal estado de estas, su inadecuada señalización o la existencia de obras inconclusas que no cuenten la debida señalización que prevenga a los actores de la vía del riesgo que regeneran”.
Lo anterior como consecuencia en la falla del servicio, es decir, el incumplimiento de las obligaciones legales de mantenimiento de las vías que poseen las administraciones bajo su cargo, quienes se hacen responsables de todos los perjuicios causados a terceros como consecuencia del incumplimiento de sus deberes legales a la hora de presentarse en esta vía alterna que ofrecen hoy las autoridades como única salida a tan grave situación que aqueja a toda una comunidad.
Es de público conocimiento que esta vía alterna amenaza peligro inminente en todo su trayecto, poniendo en riesgo con esta decisión derechos constitucionales fundamentales como la vida, la integridad física, la salud y demás daños colaterales generados al obligado paso por esta tortuosa vía que no es más que un camino de herradura impuesto como paso obligatorio, para los habitantes de córdoba, quienes se siente orgullosos de su Aroma de Café y Susurro de Guaduales, sumidos entre susurros, vendavales y aislamiento.
