Es una historia que se repite año tras año, cuando no son las inundaciones a causa del fenómeno de “a niña”, son las sequias que trae “el niño”, las que agobian a un país que se ufana de poseer una de las más grandes riquezas hídricas del planeta. A los únicos que estas circunstancias sorprenden, son a los burócratas de las centralistas autoridades ambientales y de planificación, porque los pobladores de estos territorios sí que conocen del comportamiento del clima y de sus efectos.
Hace tres años, la costa caribe y el litoral pacífico sufrieron el rigor de las inundaciones. Los daños causados los estimó Planeación Nacional en más de 8 billones por daños en las viviendas, la infraestructura, las pérdidas en el sector productivo especialmente agrícola y ganadero. Colombia Humanitaria ejecuto más de 5 billones de pesos para atender la emergencia.
Esta semana, las noticias hablan que la falta de lluvias, que afecta especialmente los departamentos de La Guajira, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar y Cesar; que en las últimas semanas ha habido 642 incendios forestales; que han muerto 32.000 reses y sólo el sector arrocero ha perdido el 47 % de su producción en algunas regiones. Además, se informa que en la costa del Caribe al menos 48 municipios padecen desabastecimiento de agua, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aun no se saben los costos del impacto del niño en el país.
Todo lo anterior sucede por el deterioro de los ecosistemas naturales a causa fundamentalmente de la falta de control en su explotación y manejo; por la deficiente planificación del territorio y de los sectores productivos, centrada en la mecánica de la ganancia y la rentabilidad, mas no del cuidado de la biodiversidad; por asentamientos humanos localizados en zonas no aptas para construir (laderas, rondas de cuerpos hídricos) auspiciados por urbanizadores piratas y la dinámica del desplazamiento; por los altos índices de pobreza; y por la escalada de una explotación minera a gran escala, de la cual el país aún no conoce a ciencia cierta, sus proporciones ni la forma como las autoridades la están permitiendo o controlando.
En este péndulo de inundaciones y sequías generadores de grandes pérdidas, el país se hace agua. Poco se hace para corregir la desarticulación y la desidia del Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo; la negligencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y del Ministerio del Medio Ambiente; de las Alcaldías y Gobernaciones; los costosos y sonoros organismos de control y vigilancia; la pasividad de la ciudadanía y la falta de audacia de las organizaciones ambientalistas para generar impactos reales; y un sistema judicial lento y corrupto que no sanciona a los detractores del medio ambiente. ¿Será que no podemos hacer nada?
