El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es tristemente célebre por dos cosas. Una, el justo cuestionamiento de la calidad de las raciones del programa ejecutado por el gobierno (antes Santos y ahora Duque), que apenas se ha preocupado por la debida financiación que mejore la calidad nutricional del mismo. La segunda, los casos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional, desde apropiación indebida de sus recursos hasta maniobras en la contratación para favorecer a personas determinadas. No tan conocido pero igual de indignante es la tercerización laboral que su reglamentación permite y que ya se ha presentado antes en ciudades como Pitalito, Quindío o Armenia, y que hoy en Cali tiene en una situación de precariedad a más de mil familias en medio de la cuarentena nacional.
A mediados de marzo, varios operadores del PAE en Cali dieron por terminado el contrato de alrededor de mil manipuladoras de alimentos, argumentando su decisión en la ausencia de estudiantes en el aula ocasionada de la cuarentena nacional. Como lo denunció el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV), la mayoría de las manipuladoras, madres cabeza de hogar, no ganan más de 190 mil pesos al mes, pese a que trabajan 8 horas de lunes a viernes. La forma en que contratan a las manipuladoras de alimentos exime al contratista de pagar el salario mínimo y las prestaciones de ley a las trabajadoras bajo la mirada permisiva de los gobiernos de turno, un vivo ejemplo de los estragos de la flexibilización laboral.
Este abandono por parte del Estado amparado en la tercerización que permite la normatividad del PAE amerita un pronunciamiento contundente por parte de la Secretaria de Educación de Cali, pues se está vulnerando un derecho a un grupo de trabajadoras, que en últimas, realizan un servicio público a cargo del municipio.
¿No puede el Estado contratar directamente a las manipuladoras de alimentos para que no se presenten estos casos? ¿Se piensa hacer la debida investigación por los despidos masivos y la precarización de la que son víctimas estas madres cabeza de hogar? Son preguntas que, a un mes después de realizado este cruel despido, nadie ha respondido, mientras el hambre y la incertidumbre crecen en esos mil hogares.
La Alcaldía de Cali debe tomar acciones que resuelvan la situación inmediata de las manipuladoras, también es pertinente una aclaración por parte de los entes de control sobre la situación del contrato del PAE en Cali, particularmente en el marco de la emergencia.
