Nuestra Constitución no es un libro embrujado y anquilosado que guarda en sus entrañas los sueños inertes de los próceres, tampoco es un réquiem de piedra sobre el que se fundó un estado indolente. Todo lo contrario, nuestra carta es un ser vivo y poderoso que emergió de la esperanza, nació de la libertad y que ha sido curtida por todos los hombres, mujeres y niños que han entregado sus lágrimas y sangre a cambio de la defensa y construcción de derechos fundamentales para todos los demás.
Todos aquellos que desde épocas remotas y hasta la actualidad han sufrido daños al ser blancos directos o indirectos del crimen particular o de los crímenes de Estado, se llaman víctimas. Es a ellas a quienes nuestra República debe su independencia, es a ellas a quienes debemos las garantías judiciales que tenemos, es sobre ellas que descansa la madurez de un Estado Nación y del derecho penal.
El corazón de nuestra Constitución política late con fuerza por un compromiso sagrado con todos los abnegados: proteger a las víctimas de todos los delitos y garantizar su derecho a la justicia. Ese es un pacto que trasciende de las letras y se convierte en un deber moral para nuestra sociedad, por ello es por lo que la carta política habla claro y nos dice: "El Estado protege a las víctimas" (Art. 2). No hay ambigüedad, no hay excusas, nadie puede ser sometido a tratos crueles o inhumanos (Art. 12). La verdad y la justicia son derechos inalienables (Art. 21).
La deuda que tenemos con las víctimas del conflicto armado es histórica y gigantesca, y la verdad sea dicha, nuestro país no está comprometido realmente con ellas, con su restauración, con la verdad, con la garantía de no repetición, mucho menos con ministrar para ellas justicia.
Si lo pensamos, despojados de cualquier fanatismo, podemos ver casos recientes que reflejan el absoluto irrespeto hacia ellas, empecemos por el acuerdo de Paz con las extintas Farc. Ese acuerdo sufrió durante su implementación venenosos ataques por parte del exfiscal Néstor Humberto Martínez que, utilizando la acción penal y la acción de extinción de dominio, instrumentalizó la Fiscalía General de la Nación como un caballo de troya, para estimular la disidencia, la traición al acuerdo y la prolongación de la guerra.
No se trataba de que estuviéramos de acuerdo o no con la dejación de armas a cambio de curules, se trataba nada más y nada menos de brindar a las víctimas de las Farc y el conflicto colombiano, una garantía medular: hacer que los victimarios no reiteraran sus conductas, que no reincidieran, es decir materializar la garantía de no repetición, silenciando los fusiles hoy derretidos y convertidos en obras de arte.
Según Jeremías Bentham, el derecho de las víctimas se centra en la búsqueda de la máxima felicidad para el mayor número de personas. Esto se refleja en su principio de utilidad que considera que lo bueno y lo malo se miden, por la felicidad o el sufrimiento que producen, pero en esta Colombia polarizada, nos olvidamos de la felicidad y lo peor, todavía no somos conscientes de que es lo que más dolor produce, el acto de barbarie en sí mismo o el olvido.
Si la garantía de no repetición fue pisoteada por un exfiscal general, veamos el desprecio por las víctimas y su derecho a la resiliencia, a la restauración, a su dignidad y reconocimiento. Hace poco en un acto de ferocidad y violencia, el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, humilló las madres de todos los ejecutados extrajudicialmente, al tirar a la basura las botas que simbolizaban artísticamente los hechos victimizantes.
Para el filósofo Emmanuel Levinas, la ética debe comenzar con la responsabilidad hacia el otro, especialmente hacia aquellos que han sido victimizados, es decir, tenemos un límite trazado por uno de los sentimientos humanos más hermosos y poderosos que nos diferencia del mundo salvaje, la compasión. Solo por ella somos capaces de ponernos en los zapatos del otro.
La providencia deja un vacío enorme en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de los "Doce Apóstoles"
Ahora, para hablar de justicia y su prontitud, quiero citar el evento reciente de la sentencia absolutoria de Santiago Uribe Vélez. Aunque la decisión en estricto derecho garantiza la inocencia del enjuiciado, por ahora, en primera instancia, esa misma providencia deja un vacío enorme en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de los "Doce Apóstoles", pues hoy los familiares de los asesinados preguntan después de casi 20 años de proceso, ¿Dónde está la verdad y por qué esta sentencia que los dejo en el limbo, tardo tanto?
En su obra La metafísica de las costumbres, Kant desarrolla su teoría del derecho, enfatizando la importancia de la justicia y la protección de los derechos individuales como el deber ser de un estado que garantiza la dignidad humana y la razón, no obstante, en el caso de Santiago Uribe se echa de menos el respeto a la dignidad de las victimas y su derecho al acceso a la justicia en un plazo razonable.
En resumen, estos eventos demuestran la poca importancia que damos a los derechos de las víctimas en Colombia, mientras la historia nos observa y las víctimas se sienten desterradas del país por el que han sufrido. ¿Qué legado queremos dejar? Ojalá que nuestra Colombia no este condenada a vivir un futuro de injusticia por haber aceptado un presente sin memoria y sin compasión.
@hombreJurista
