Últimamente, los escándalos en la Universidad Distrital no paran, bien porque se demuestra un desfalco, bien porque se mencionan nombres que causan indignación, bien porque los estudiantes protestan y exigen reformas, o porque no entendemos cómo es que las normas internas de la universidad se aplican para unas cosas y para otras no, por ejemplo, un comité —presidido por el rector— que aparentemente a lo largo de varios años nunca sesionó para vigilar el manejo de dineros del Idexud, pero que debía haberlo hecho…y nadie dijo nada…etc... Como profesora de esta alma mater me siento en el deber de aportar una perspectiva desde lo que veo que ocurre en su interior.
Diríamos que el problema de la corrupción en esta universidad tiene varios niveles y facetas. Los que directamente se apropian de los recursos financieros para su beneficio personal, pero también los que abusan de su poder (silenciosamente y sin dejar evidencias) para tener grupos de personas a su servicio; los que no cumplen con sus labores académicas, administrativas o académico-administrativas como es requerido; los que manipulan la información para desinformar y confundir; los que impiden a toda costa una reforma estructural de la universidad.
Me quiero referir a esto último, por ser una de las principales causas por la que ha sido casi imposible erradicar la corrupción de nuestra institución. La autonomía universitaria les da la potestad a las comunidades para organizarse y autorregularse. En esta universidad el primer problema que enfrenta este principio, consagrado en la Constitución, es que los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), en conjunto con quien asuma la administración de turno, suelen asumir que ellos son el todo de la autonomía universitaria y se resisten a creer que su desarrollo se fundamenta en la participación democrática de las comunidades.
Tuvimos un gran logro en el año 2013, cuando el CSU del momento derogó una reforma hecha unilateralmente por ciertos miembros del CSU y emitió la Resolución 018 de 2014, trazando la Hoja de Ruta Metodológica (HRM) para el diseño de una reforma estructural construida con participación de la comunidad y con carácter vinculante (todo esto fruto de un paro y de la presión constante de estudiantes y profesores). Se desarrollaron cuatro fases: sensibilización, base, consolidación y constituyente. En esta última, luego de innumerables sesiones de trabajo, arduos debates y búsqueda de consensos, recursos financieros invertidos en logística, y representados en horas de trabajo de profesores, estudiantes y administrativos, se entregó el primero de los productos esperados, el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
El Consejo Superior Universitario debía continuar con el siguiente paso indicado en la HRM, esto es hacer una sesión plenaria, junto con la Asamblea Constituyente, para aprobar y luego expedir el documento ya construido. Pero… esto nunca ocurrió. El documento fue engavetado seis meses, hasta que, fruto de un nuevo paro en 2016 y como resultado de los acuerdos logrados en la mesa de negociación decisoria — establecida por el mismo CSU—, se levantó el paro; el CSU conforma una Comisión Accidental de Reforma del mismo CSU (dando cumplimiento a su reglamento interno y a los Acuerdos de la Mesa de Negociación). Esta vomisión del CSU elabora un documento con 50 observaciones de tipo jurídico (se enuncian algunas supuestas incompatibilidades con la ley 30) y de “conveniencia institucional” (nunca comprendimos exactamente a qué se refería la “conveniencia institucional”), que según ellos impedían aprobar el documento. Así, dando cumplimiento a los acuerdos de la mesa de negociación, se instala la mesa de reforma, conformada por la Comisión Accidental del CSU y la Asamblea Constituyente; en esta mesa, durante 99 sesiones de trabajo, ocurridas entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, y contando con asesoría de abogados contratados por la Universidad para estos efectos (con retroalimentación continua dentro de la Asamblea Constituyente y dentro del pleno del CSU), se ajustó el documento en todo lo necesario. Es de aclarar, que para ello la Constituyente hizo sendos talleres de análisis de las observaciones y defendió el contenido original de la propuesta. Finalmente, en diciembre de 2017, se radicó al pleno del CSU el Proyecto de Estatuto General ajustado, en el entendido de que, ahora sí, este sería el texto a ser aprobado y se daría continuidad a la HRM, por cuanto de esta mesa hacía parte la Comisión Accidental del CSU y a la vez se daba cumplimiento, tanto a los acuerdos de la mesa de negociación como al reglamento interno del CSU.
¡Pero qué sorpresa! Nuevamente se embolató. En enero de 2018, el CSU, luego de escuchar la ponencia del proyecto por parte de la Mesa de Reforma, decide nombrar una nueva comisión que llamaron “verificadora de reforma”. Frente a esto hay varios datos que resaltar:
1. Algunos de los miembros de la comisión de reforma aprobaron esta nueva comisión rerificadora… ¿por qué cambiarían de posición, literalmente, de un día para otro?
2. Esta comisión verificadora no tiene cabida, ni en la HRM, ni en el reglamento interno del CSU. El argumento que da el CSU es que el documento radicado en 2017 es radicalmente opuesto al radicado en 2015, debo aclarar que esto es falso, es el mismo documento, con los ajustes requeridos por el mismo CSU y atendidos por la Comisión Accidental de Reforma del mismo CSU. También argumentan, que fue que, el documento radicado en 2017 viola la ley 30 y que ellos debían proteger la propuesta de irregularidades. Esto también es falso. En esta tarea precisamente se trabajó durante 2016 y 2017, de la mano de eminentes abogados (contratados por la universidad y uno delegado por el CSU).
3. Esa comisión verificadora debía verificar que se cumpliera el estudio de las 50 observaciones. No hay ni una sola evidencia en sus actas, de que hubiesen hecho tal cosa, más aún, no se encuentran argumentaciones para los cambios que le hicieron al documento; simplemente, modificaron el documento a su antojo. Por eso hemos llamado este documento de “contrarreforma”.
4. En esa comisión participó, como uno de los protagonistas de las modificaciones, un profesor que no ostenta cargo alguno (al menos formal e institucional) que lo habilite para formar parte del CSU. Entonces dicen que es que necesitaban asesoría especializada… ¿será?
En un nuevo paro, en 2018, motivado esta vez por la reivindicación de los estudiantes a nivel nacional de la financiación de las universidades públicas, el movimiento decide incluir entre sus peticiones, la defensa de la reforma universitaria construida democráticamente. Al final, se constituye una mesa local de diálogo que tiene entre sus puntos, uno, respetar los acuerdos hechos en la mesa de negociación de 2016, y otro, instalar la Asamblea Universitaria (uno de los pilares del Proyecto de Estatuto General), que por cierto, en las modificaciones unilaterales que hicieron en 2018, le quitaron la esencia y dejaron solo “el cascarón” de la propuesta original.
Ahora resulta que, en la mesa local, la administración no tuvo voluntad para trabajar el punto de “Respetar el Estatuto General hecho por la Constituyente”, argumentando que no pueden perder lo que hicieron en 2018 (aun cuando sí se pierda lo que se hizo en los casi seis años anteriores, esto sin contar el tiempo invertido en intentos más antiguos de reformas democráticas). A cambio, súbitamente, decidió saltar al punto de Asamblea Universitaria prometiendo, de un día para otro, su instalación inmediata.
Actualmente, estamos enfrentando un nuevo paro, detonado por los escándalos de corrupción, pero que, al escudriñar, viene siendo consecuencia de mucha indignación acumulada. El producto logrado en este proceso democrático, le pertenece a la Comunidad Universitaria, como le pertenece la posibilidad de continuar desarrollando los demás productos esperados en la HRM (aún vigente).
La comunidad universitaria está confundida… ¿será esta Asamblea Universitaria una nueva forma de seguir dilatando la aprobación del producto logrado mediante proceso democrático institucional desarrollado entre 2013 y 2017? ¿Podremos tener una Asamblea Universitaria que funcione directamente bajo el Estatuto General construido por la comunidad? ¿Esta nueva Asamblea Universitaria empezará de cero? ¿El CSU aprobará la Asamblea y acto seguido la “contrarreforma” unilateral de la comisión verificadora?
Es hora de romper el círculo vicioso eterno, en donde siempre se nombran nuevos grupos que cada vez guardan la esperanza de que ahora sí, pero el resultado final es que ¡siempre serán burlados!
