Una de las iniciativas legislativas más interesantes con las que me he encontrado a lo largo de dos décadas como asesor de Congreso ha sido sin duda un proyecto de ley que se ha concertado con el gremio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), bajo la coordinación del representante de Arauca José Vicente Carreño Castro, que busca ni más ni menos convertir en universidad a la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN), en el entendido que desde finales de la década de los sesenta, esta institución ha formado a su personal con la magna misión de preparar al privado de la libertad en su posterior reinserción a la sociedad.
Y lo confieso: no tenía ningún conocimiento de la Escuela Penitenciaria Nacional, ni siquiera sabía que existía, hasta tal punto que erróneamente suponía que los custodios y guardias eran personas con una mínima instrucción, que simplemente se limitaban a cerrar o abrir una celda (como efectivamente sucedía hasta mediados de los sesenta) o simplemente evitar que los reclusos internos escaparan de las cárceles y centros penitenciarios. Por lo que me sorprendió mucho la preocupación y las directrices del representante de Arauca José Vicente Carreño Castro para que sus asesores iniciáramos el proceso de investigación que permitiera la estructuración de este proyecto, conociendo entonces paso a paso a esta casi inédita pero maravillosa escuela, que se ha venido convirtiendo sin duda en todo un patrimonio de la nación.
Con el Decreto 1817 de 1964, esta institución forma, educa y entrena el cuerpo de custodia y vigilancia (conformado por oficiales, suboficiales y guardianes) que ingresan a la escuela penitenciaria para el curso de formación y posteriormente ingresar al respectivo escalafón de la carrera, que con la Ley 65 de 1993 consolida el mencionado cuerpo como un “organismo de carácter civil y permanente”, constituido por personal uniformado y adscrito al Ministerio de Justicia.
Es interesante verificar que con esta ley la Escuela Penitenciaria Nacional tiene programas de “educación permanente y de formación”, en donde se capacita en lo penitenciario y carcelario desde lo científico y lo técnico, incluida la promoción de los derechos humanos y la resocialización del privado de la libertad, logrando la excelencia con la formación no solo de los miembros de la institución, sino los de la policía judicial, policía nacional, funcionarios judiciales, fuerzas militares, entidades territoriales y personal penitenciario extranjero, que el año pasado le mereció la acreditación en Normas Internacionales para la academia, emitida por la Asociación de Correccionales Americana (ACA); mientras que ha sido nominada al III Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
A medidos de este año, el representante José Vicente Carreño y el senador Iván Darío Agudelo Zapata (incluidos sus respectivos equipos de trabajo), el brigadier general Norberto Mujica Jaime (director general del Inpec), la capitán Francelly Gamboa Mejía (coordinadora Grupo de Investigación Científica Penitenciaria de esta institución) y el teniente Giovannny Benavides se dieron a la tarea día y noche de formular una iniciativa legislativa que autoriza a la Escuela Penitenciaria Nacional a ofertar programas de educación superior, y que los mencionados legisladores radicaron al iniciar esta nueva legislatura en la Cámara de Representantes para convertirse en el proyecto de ley 202 de 2020.
¿Cuál es la importancia de convertir a la escuela en una institución de educación superior? Carreño y Agudelo aciertan en responder que se “va a elevar la calidad de los programa académicos (con el estándar internacional), incluyendo el énfasis filosófico, antropológico, epistemológico, técnico, tecnológico y científico, porque definitivamente la carrera profesional implica formación de hombres pensantes, con el discernimiento para plantear soluciones a la problemática de los centros carcelarios”, lo que significa ni más ni menos que el Inpec se proyecta a gran escala en la loable pero compleja labor de devolver hombres renovados a la sociedad, que por diversos factores de la vida se encontraron con la tragedia de perder su libertad.
Una nueva generación de bachilleres podrá entonces profesionalizarse en la formulación, implementación y evaluación de políticas pública penitenciarias y carcelarias, logrando además que sea mucho más exigente el ingreso al cuerpo de custodia y vigilancia, en donde se podrá avanzar en programas de especialización, maestrías y doctorados como el Derecho Penitenciario, lo que permitirá también expandir este tipo de formación académica a Latinoamérica y el resto del mundo, como lo he venido hablando largo y tenido en Casanare con el investigador y periodista Juan Grimaldos, quien fue dirigente sindical del Inpec y promovió en ese entonces la idea de convertir la Escuela Penitenciaria Nacional en una institución de educación superior.
Coletilla. Una travesía de cuatro debates le espera a este proyecto de ley en el Congreso (iniciando entonces en la Comisión Sexta y la Plenaria de la Cámara), en donde los legisladores van abrir la puerta al sueño de esta institución de convertirse en universidad, lo que exige el consenso de las diferentes bancadas para una de las iniciativas en educación más importante en décadas y que sin duda está conectada directamente con el sagrado principio constitucional de la “dignidad humana”, que en últimas es lo que ha buscado en más de medio siglo la Escuela Penitenciaria Nacional.
