¿Por qué mataron al niño rapero de Medellín?

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En medio del dolor y el llanto de familiares y amigos, en especial de un amplio grupo de niños y niñas, fue enterrado la tarde de ayer (14 de enero de 2014) en el cementerio de San Javier el rapero Juan Camilo Giraldo Mazo quien falleció el domingo pasado (12 de enero) víctima de un impacto de bala que recibió el 10 de enero viernes en el barrio Eduardo Santos. Horas antes del entierro y en medio del velorio los líderes del movimiento cultural y la familia recibieron con indignación las declaraciones del comandante de la policía Metropolitana publicadas en el diario El Colombiano y Hora 13 Noticias.

En la edición de El Colombiano del 14 de enero se afirma: “El General José Ángel Mendoza precisó que el niño rapero de 14 años fue amenazado en la mañana del viernes por dos miembros de la banda “los Santos”, que lo acusaban de haber hurtado elementos de un parqueadero y lo conminaron a ir a donde el jefe del combo. A esto, Morocho se habría negado y los dos sujetos regresaron a cumplir su amenaza”.

Dadas estas desafortunadas declaraciones, la familia y amigos de Morocho, así como el colectivo Semillas del Futuro, quieren manifestar a la opinión pública.

1. Vemos con dolor e indignación como las autoridades siguen buscando justificar a partir de presuntas razones la muerte de niños y jóvenes en nuestra ciudad; Juan Camilo era tan solo un niño a quien el Estado no le protegió sus derechos fundamentales y terminó asesinado, y encontramos que en vez del rechazo y la garantía de la justicia, las autoridades salen a los medios a justificar las razones de su muerte.

2. Desmentimos las afirmaciones del comandante de la Policía. Las acusaciones sin prueba alguna en contra de Morocho son falsas, indignantes, irrespetuosas, y exigimos a la Policía que se retracte, se excuse con la familia, o de lo contrario haga públicas las pruebas de sus afirmaciones. Estas “hipótesis” en boca del comandante de la Policía no solo atentan contra la dignidad de la víctima fatal y sus sobrevivientes, sino que pone en riesgo la integridad de la familia y sus compañeros del colectivo cultural pues se señala específicamente a un grupo delincuencial con el cual ninguno de los sobrevivientes ha tenido ni desea tener vínculo cualquiera.

3. Consideramos que es deber de la fuerza pública proteger la vida y honra de los ciudadanos y ciudadanas. Las investigaciones sobre el asesinato de Juan Camilo, un niño de 14 años, deben darse con la rigurosidad y profundidad, que cualquier caso amerita, para garantizar que no haya impunidad y que las pruebas que se generen den cuenta de un proceso serio. Manifestar en los medios masivos de comunicación, que Juan Camilo murió por cometer un delito, es victimizarlo y desconocer que el derecho a la vida fue violado, con la gravedad además, de comprometer pues a su familia y amigos. Además, en el caso de homicidio a menores y jóvenes de la Comuna 13 como ocurrió con el rapero “Duke” o los niños “Mueco” y “Palomo”, es recurrente que la Policía haga públicas sus pobres hipótesis sin entregar prueba alguna, quedando luego en la impunidad los casos, y las familias en medio del conflicto armado que permanentemente pone en riesgo a las comunidades, en especial a sus niños, niñas y jóvenes.

4. Morocho fue la víctima de un homicidio. Las declaraciones del comandante de Policía no solo “criminaliza” un menor sino que da crédito a los rumores sin pruebas cuyas fuentes no son reveladas, por lo cual se legitima la voz de los actores ilegales en la voz propia de la Policía. Además, natura las muertes y los hechos de violencia que se vienen cometiendo contra niños, niñas y jóvenes en la Comuna 13.

5. Frente a la gravedad de la violación del derecho a la vida y de la clara degradación del valor supremo de la vida, que un comandante de Policía dé crédito a versiones sin comprobar sobre móviles que tratan a la víctima fatal como criminal justifican el homicidio, la “pena de muerte”, la venganza, las prácticas criminales en generales, y promueven la aceptación pública de los “pillos” y “combos”. Al darle credibilidad a las versiones de los “combos”, la Fuerza Pública queda del lado de la ilegalidad, y no de las víctimas, controviertiendo además las iniciativas ciudadanas para garantizar y proteger la vida, así como las agendas y propuestas de la Alcaldía consignadas en el Plan de Desarrollo, que expresan que Medellín es un Hogar para la Vida.

6. Debe llamar la atención que la violencia armada que vive la ciudad de Medellín ha sido una constante que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y la protección de los derechos fundamentales y los Derechos Humanos, en especial de la vida. Como muestra y antecedente de ellos enunciamos por ejemplo que la comuna 13 a pesar de ser el territorio urbano más militarizado del país sigue siendo la comuna de la ciudad donde más muertes violentas se presentan; principalmente de niños y jóvenes.

7. No validamos que se diga que están asesinando a los raperos. El homicidio de Morocho es la expresión de una ciudad que se desangra, donde, si bien no tenemos las estadísticas de los años noventa, la muerte violenta es la constante desde hace décadas. No están matando raperos; están matando a la población civil en general, a las mujeres, a los niños, a las niñas, y especialmente a los hombres jóvenes, desde hace muchos en Medellín. Todo esto nos preocupa más cuando, en los últimos años, gobernantes y grupos sociales, económicos y políticos hipócritas pretenden ocultar el drama de violencias, exclusión, violación de Derechos Humanos, y trama mafiosa y criminal que afecta a la ciudad, con el discurso generalizante de una ciudad educada, innovadora y feliz, y acciones y propaganda que maquilla la problemática social que permanece en esta ciudad.

8. Exigimos a la policía y a las instituciones del Estado en su conjunto, abstenerse de dar declaraciones que atenten contra el buen nombre de las personas víctimas de las violencias, en especial cuando se traten de menores de edad. Estos discursos profundizan la estigmatización y reproducen más actos de violencia. Hoy, luego del asesinato de Juan Camilo, su dignidad e historia de vida fueron violentados por los titulares y discursos de los medios y, lo más preocupante, del comandante de la Policía Metropolitana.

9. De tal manera, es importante, entender que los menores de edad, son sujetos de derecho y como tal, no deben ser victimizados menos aún cuando están muertos víctimas de las acciones de los grupos armados. Además, los menores de edad de nuestro país son víctimas de la inequidad, de la exclusión, del reclutamiento forzado, ellos y ellas en los barrios, son expulsados de las instituciones educativas y presionados para hacer parte de las dinámicas de violencia. El caso de Juan Camilo debe llamar la atención, sobre la importancia, de continuar protegiendo la vida de todos y todas.

10. Exigimos a los medios de comunicación ser responsables con la información que divulgan y exahustivos con la investigación de los casos toda vez que los medios de comunicaciones tienen la responsabilidad de visibilizar las situaciones que se presentan en la ciudad sin criminalizar a las víctimas y en todo momento esforzándose por ser fieles a la verdad. Cuando un medio presenta solo una versión de los hechos, la del poder por perversa que sea, se silencia la voz de las víctimas dejando un solo punto de vista en el imaginario del público dañando la imagen de la víctima, su familia, y atentando contra la dignidad de todos ellos.

Pedimos:

Que el Comandante de Policía haga públicas las pruebas de las afirmaciones en contra de Morocho, de lo contrario que se retracte y se excuse con la familia también públicamente; esto es, en rueda de prensa, en medios masivos de comunicación o se pronuncie oficialmente mediante un comunicado a la opinión pública.
Que los medios de comunicación publiquen la versión de la familia, y brinden espacio a la declaración de ésta publicada en Youtube con el título “Sobre Morocho: Él no vivía metido en ninguna banda. La banda de él era de rap” (al final del comunicado está el link)
Que se investigue a los responsables del crimen, y las acciones de la Policía, Fiscalía y demás dependencias del Estado garantes de la justicia y la protección de la vida, se enfoquen en buscar, judicializar y castigar a los responsables, en vez de “criminalizar” y “estigmatizar” a la víctima.
Que los planes, programas y proyectos para proteger a la niñez y juventud de la ciudad, sean fortalecidos, reconociendo y apoyando también, a las iniciativas que la ciudadanía realiza para proteger la vida y generar mayores niveles de convivencia.
Que se visibilice cada homicidio de niños, jóvenes, mujeres y adultos en Medellín. No puede ser aceptado que los homicidios sean encubiertos y los gobernantes y medios solo se ocupen de dar explicaciones públicas en algunos que otros casos.
Que se generen escenarios de diálgo de la ciudadanía, para que las organizaciones sociales, comunitarias, culturales, vuelvan a encontrarse para repensar la ciudad y constituir plataformas, que permitan fortalecer de manera colectiva la defensa del derecho a la vida.