Soy empresario, padre, profesor universitario e instructor. Todo por vocación, alegría, sentido social y, por la satisfacción de ayudar a otros en los diferentes procesos de creación y apropiación del conocimiento.
Durante los últimos 10 años he ejercido este oficio con dedicación y motivación personal, alternando con emprendimientos en los cuales he involucrado a algunos de mis más brillantes estudiantes.
Dentro del argot educativo existen algunos espacios en los cuales profesores y estudiantes comparten y socializan sus ideas sobre la realidad nacional y, no ha habido un motivo más repetitivo que hablar sobre la corrupción, sus protagonistas, alcances y dimensiones.
Por consiguiente, ya es común entre colombianos y extranjeros residentes el tema de los carteles: que el del papel, el del cemento, el de las contrataciones públicas, el de la cebolla, el de la droga, el del pañal, en fin; pareciera que cualquier estructura comercial puede ser permeada por sujetos con intenciones de asociación criminal.
Y es precisamente hablando de crimen y castigo —no me refiero particularmente a la novela de Fiódor Dostoievski, sino por el contrario al cartel de la Toga o el de los Procesos en las Altas Cortes— que últimamente veo en algunos de mis estudiantes un sinsabor, una sensación de haber escogido mal su futuro profesional; es decir, algunos me manifiestan que dadas las connotaciones de los beneficios de casa por cárcel al ser delator de sus asociados delincuentes y no precisamente de las consecuencias de perder todos sus activos financieros, el buen nombre y la honra al ser sancionado por el Estado; al no haber escogido como opción profesional Derecho o Ingeniería Civil.
Y es que al analizar los mayores escándalos en corrupción de este bello país, aparecen constantemente las variables Abogado, economista, ingeniero civil y empresario contratista. ¡Qué cosa más lamentable!
Pareciera que las diferentes críticas sobre la forma en que se aplican las teorías del neoliberalismo y de modernización del Estado de la mano de empresas privadas, no tuviera un efecto en la conciencia de dignatarios, electores y empresarios.
Así mismo, hay una sensación de que la única RSE de una compañía es financiar campañas políticas para asegurar los contratos estatales en grandes obras; mediante pliegos y condiciones finamente tratados y elaborados por acuciosos abogados, con presupuestos direccionados tributariamente por brillantes economistas y, ejecutados violando todas las dimensiones de la gerencia de proyectos, por laboriosos ingenieros civiles y arquitectos especialistas en "alargamiento de obras y nunca finalización de las mismas".
Por eso el día de hoy, hago una llamado firme y elocuente a todas las facultades de Derecho, Economía e Ingeniería Civil del país, para hacer un análisis delicado y constructivo sobre la forma en la cual la ética es fortalecida en sus diferentes facultades. No es sencillamente enfatizar en la asignatura, en sus contenidos o en su carga académica. Es ir más allá al sensibilizar dentro de toda la formación profesional los alcances de la corrupción y sus dramáticas consecuencias para el desarrollo de este país.
Seguiré fomentando desde todas las dimensiones del saber, las principios de la ética, la moral, la lógica y la razón en el ejercicio constitucional de la ciudadanía y en el civil de la profesionalidad; a pesar de que los dueños y gestores de los "carteles" solo esperan la nueva generación de profesionales para tentarlos con dádivas y comisiones, creando la nueva legión de actores de la corrupción; mientras en absoluta coordinación, el gobierno nacional ignora el potencial de la investigación y la innovación y el rol de los maestros en la sociedad.
Aún hay tiempo, solo se necesita reconocer como ciudadano qué puedo hacer para eliminar la corrupción como antivalor recurrente. Ánimo.
